(Por Gloria Pagés/ La Izquierda
Diario)Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro viven en la Villa 21-24,
una de las grandes urbanizaciones precarias de la Ciudad de Buenos
Aires, ubicada en los barrios de Barracas y Pompeya, donde
habitan en condiciones muy precarias cerca de 50.000 personas, en su
mayoría familias trabajadoras. Es además una zona militarizada por la
Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, estas dos últimas
fuerzas integran el Cinturón Sur, Plan puesto en marcha
en 2011 en el sur de la Ciudad de Buenos Aires con el supuesto
propósito de “combatir el delito”. Lo cierto es que lo único que ha
aumentado son los índices gatillo fácil y tortura a la juventud de esos
barrios.
Este gravísimo caso del que dio cuenta La Poderosa en el día de ayer
tiene a Ezequiel e Iván como víctimas. Los dos chicos, integrantes de la
organización, fueron brutalmente torturados y denigrados por efectivos
de la Policía Federal y la Prefectura. Uno
de ellos es Ezequiel, de 15 años, que al volver de visitar a su abuela
se encontró con su amigo Iván. En ese momento, cuando se estaban
saludando, los paró la Policía Federal, fueron agraviados y pretendieron
acusarlos del supuesto “origen espurio de sus prendas”.
“Yo me acerqué para darle un abrazo a Eze y un oficial, así, de la
nada, directamente vino y me pegó una trompada”, denunció Iván.
A partir de allí siguió una siniestra secuencia de torturas y
vejaciones. Como los efectivos de la Federal, efectivamente, no
encontraron nada en la “requisa”, los dejaron ir, pero a los 30 metros,
vuelven a ser interceptados por tres móviles de Prefectura,
en cada uno había cuatro uniformados.
Así lo relatan de manera impecable y conmovedora en el sitio web de
La Poderosa: “Nos tiraron adentro de un coche y nos llevaron hasta la
garita de Osvaldo Cruz e Iguazú”. ¿Para qué? “Para cagarnos a palos”. ¿Y
los largaron? “No, nos subieron a otro auto,
pero primero nos taparon la cabeza y nos obligaron a sentarnos uno
encima del otro”. De ahí, se los llevaron hasta un descampado lindero al
Riachuelo, detrás de una fábrica, sobre el Camino de Sirga. “Cuando ya
había unos 10 prefectos, uno dijo que nos iban
a matar, porque total nadie nos iba a reclamar”.
“Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta
que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó a mí
dónde quería el tiro”. Pero no, todavía no termina. “Alterados, como
sacados, nos esposaron a un caño y dispararon varios
tiros al aire, mientras nos quitaban las camperas que supuestamente
habíamos robado”. Pero no, robar, robaron ellos, “que se reían cuando
nos ponían un cuchillo en el cuello y nos decían que también les
parecían lindas nuestras zapatillas, nuestras cadenitas…
Nos sacaron todo”. Justo ahí, a pocas cuadras de la Parroquia Caacupé,
uno de los prefectos puso su arma en la nuca de Iván, para obligarlo a
rezar. “Dale, un Padre Nuestro para que no te mate, dale”. Y al final,
cuando por fin accedieron a soltarles las manos,
los encañonaron por la espalda, con una escopeta: “Corran bien rápido, o
van a ser boleta”.
“Que esto sea un caso bisagra”
Hablamos con un referente de La Poderosa, él es periodista e impulsor
de la organización y además padrino de Kevin, el nene de 9 años
asesinado el 7 de septiembre de 2013 por un balazo en un tiroteo en una
zona liberada por la Prefectura y la Gendarmería.
Conoce al detalle el accionar de las fuerzas de seguridad: “Nosotros
veníamos denunciando que venía habiendo un incremento de las
irregularidades (entre comillas, agrega) de las fuerzas de seguridad,
que en realidad es el funcionamiento regular dentro de los
barrios. Pero esto que pasó con Ezequiel e Iván ya es como por fuera de
su propia norma: los esposaron a un palo al borde del Riachuelo y
corriendo les saltaban arriba de la espalda, les ponían un fierro para
que recen.”
Las consecuencias de la militarización de los barrios del sur de la
Ciudad no ha sido una merma en el narcotráfico sino por el contrario, un
aumento en los casos de gatillo fácil y torturas, así lo demuestran los
cerca de doce casos de pibes muertos a manos
de las fuerzas de seguridad como Brian y Jony, en Lugano, o Gabriel
Vaca y Mario Gustavo Ruiz, ejecutados por la policía Federal en la Villa
21. Recientemente se conoció un informe de la Procuraduría contra la
Violencia Institucional (Procuvin) que da cuenta
del aumento en el hostigamiento y violencia policial contra niños,
niñas y adolescentes en la Capital.
El dirigente nos dice que este caso “es uno de esos casos bisagra que
tienen que servir para mostrar el accionar de las fuerzas y salir de la
falacia de que esto ocurre porque son chorros, no sólo es mentira,
volvían de lo de la abuela es siniestro, sino
que aunque lo fuera, que ni siquiera es el caso, este chico de 15 años
tiene todo el cuerpo roto, cómo me lo explicás”, se indigna. No es para
menos.
Agrega, y eso haremos desde este medio: “Necesitamos que se difunda,
la familia está asustada, visibilizarlo es la manera de darles
resguardo, cuanto mas se hable y más se vea más resguardado van a
estar”.
Prefecto detenido
La denuncia de estos graves hechos fue radicada en la Procuraduría
contra la Violencia Institucional (Procuvin) y en la fiscalía de
Pompeya, a cargo del fiscal Marcelo Munilla Lacasa. El martes, cuando
Ezequiel Villanueva Moya y su madre se presentaron a
hacer la denuncia, vieron que uno de los prefectos, Leandro Adolfo
Antúnez, estaba ahí mismo.
El referente de La Poderosa nos relata: “Cuando el prefecto lo ve lo
señala a Ezequiel y a la madre queriendo amedrentarlo, pero es tanto el
nivel de detalle de la denuncia de Ezequiel que al fiscal Munilla no le
quedó otra que dictar la orden de detención.
No es poco, siendo que fue el fiscal del caso de Kevin, es el mismo
fiscal del caso Carrera, el del ’Rati Horror Show’”.
Precisamente, Munilla Lacasa fue el fiscal de la causa de Kevin, en
la cual se dio el gusto de no citar a ningún gendarme ni prefecto.
Recién un año y dos meses después del asesinato de Kevin el 7 de
septiembre de 2013, se imputó a los prefectos que liberaron
la zona.
Munilla Lacasa también actuó en la causa por la represión a la murga
del Bajo Flores ocurrida en febrero de este año, donde como en todos los
casos resonantes de los que se hizo cargo de la investigación, optó por
priorizar la versión de la policía y demás
fuerzas de seguridad por sobre la de las víctimas.
La denuncia y visibilización del caso de tortura contra los chicos de
La Poderosa debe ser incesante junto con la exigencia de castigo a los
responsables. Es indudable que el discurso que reclama mano dura y
estigmatiza a la juventud, mientras las condiciones
de vida de las mayorías populares se degradan día a dia -uno de cada
tres argentinos son pobres – va a redundar en más casos como los de Iván
y Ezequiel, y más gatillo fácil.
Para eso es necesario una fuerte campaña contra la militarización y
la represión a la juventud, para decir ¡Basta! Y enfrentar la campaña
reaccionaria de la mano dura. En ese sentido se expresó el Centro de
Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)
que repudió los hechos y se solidarizó con los integrantes de La
Poderosa.
