Hace
ya algún tiempo que se viene hablando del terrorismo en nuestra región.
Esta palabra en los titulares hace rápidamente de “llamador” y las
notas que encabezan, se reproducen a gran velocidad. Es que nadie quiere
“terrorismo” cerca de sí.
Nuestra
región ha sufrido actos de terrorismo y muchos ni se han preocupado
porque el tratamiento político que se le ha dado ha sido otro. El
asesinato mafioso, la malversación o desvío de fondos públicos, la
utilización de la función pública para sembrar la idea de terror con
fines políticos, son actos de terrorismo. Así lo define la Real Academia
de la Lengua Española:
1. m. Dominación por el terror.
2. m. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.
3.
m. Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por
lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines
políticos.
(Real Academia Española © Todos los derechos reservados)
Cuando
este terrorismo se ejerce por parte de un gobierno o de personas que
(legal o ilegalmente) ocupan los puestos de gobierno y las funciones
públicas, de manera sistemática y organizada, se lo define como
“Terrorismo de estado”.
En
San Carlos de Bariloche, desapareció un agente policial y se sabe que
la policía está implicada en el ya confirmado asesinato de Lucas Muñoz.
¿Quién asesina a un policía? Si fue la misma policía y se habla de que
el agente en cuestión investigaba un caso de trata en el que estaría
implicado el hijo de un comisario, pero el gobierno decide “separar” de
sus cargos a cuatro altos jefes de la institución y no sólo a uno,
¿estamos hablando de crimen organizado? “Según
se supo de fuentes extraoficiales, los desplazados son el segundo jefe
de la Unidad Regional, comisario inspector Manuel Poblete, el jefe de
Seguridad Zona Andina, David Paz, y dos subcomisarios cuyos nombres no
trascendieron.”( http://www.rionegro.com.ar/bariloche/desplazan-a-cuatro- jefes-policiales-de-bariloche-por-el-caso-munoz-MK862385).
¿Qué
mensaje quieren dar quienes asesinaron a Lucas Muñoz?, ¿fué un
acallamiento o una advertencia mafiosa?. En la misma línea podemos
ubicar al descuartizamiento del perro de la doctora que revisó al
genocida Etchecolatz. Esta médica negó un estado de salud comprometido
del prisionero, que hubiese permitido la prisión domiciliaria y luego de
esto recibió este mensaje.
Nos
preguntamos, entonces, por qué ante todos estos hechos no se habla de
terrorismo. Ya hubo en nuestra localidad un médico forense policial
muerto, un ciudadano asesinado en la comisaría local, otro policía
acribillado por policías.
¿No es la policía de Río Negro una mafia organizada que ejerce el
terrorismo de Estado?. El intendente habló de terrorismo cuando
aparecieron las dos máquinas incendiadas, pero decide no hacer
expresiones públicas de repudio ante lo que sucede con su policía.
La intencionalidad de estos actos u omisiones, es sin dudas política. Y lamentablemente difícilmente “corregible”.
Nada
menos que el presidente de la Nación incurrió en actos bárbaros, sea
por incultura, insensibilidad o por complicidad con la parte; en las
últimas y conocidas declaraciones sobre el terrorismo de estado y el
genocidio perpetrado por la última dictadura cívico militar. “No
aclares que oscurece” dice el conocido dicho y parece que el Ministro de
Derechos Humanos de la Nación no lo conoce, porque recientemente se
publicaron en el Diario La Nación sus dichos: “"Metimos
la pata", murmuraba, resignado, un funcionario en los pasillos de la
Casa Rosada. "Estuvo mal preparado o nos confiamos demasiado", agregaba,
teniendo en mente el reportaje que el presidente Mauricio Macri dio
anteayer al portal BuzzFeed”.(http://www.lanacion.com.ar/1927394-el-gobierno-corrigio-a-macri-y-repudio-el-terrorismo-de-estado).
 | |
| Autoatentados que "habilitan" el terrorismo de estado. |
Entonces,
la reflexión se vuelve necesaria, un gobierno municipal, provincial o
nacional que no puede despegarse política e institucionalmente de un
hecho delictivo organizado y en el que participaron funcionarios
públicos, ¿no se mezcla con el terrorismo? ¿hemos escuchado a
intendentes o gobernadores repudiar los dichos presidenciales? ¿es que
no lo consideran necesario? Cuando el intendente habla de terrorismo,
conociendo que la fuerza policial está corrupta y cuyos efectivos son
capaces de asesinar como en la mafia, a propios y ajenos (no sólo Lucas
Muñoz, recordemos hace no mucho al agente Mauricio Cornejo asesinado por
una banda de policías mientras intentaban un robo al supermercado Todo
en nuestra localidad), ¿no es responsable de una intencionada maniobra
de desvío de la opinión pública? ¿No corresponde que se haga cargo en
primer lugar, en todo caso, de apuntar a los responsables políticos de
esa fuerza, es decir al gobernador? ¿Es que el gobierno desconoce lo que
hacen y son las fuerzas públicas? ¿No es esto gravísimo? ¿Cuál es la
reacción pública frente a estos hechos de los “Consejos de seguridad”?,
¿no debieran tener en cuenta que llamar a “más fuerza policial estaría
siendo llamar a más mafia instalada en la región?. Está claro que, que
haya algunos agentes corruptos no puede implicar a toda la fuerza, pero
si nadie logra separar a los corruptos y terroristas de los que no lo
son, ya no es una generalización, sino un hecho. Que los altísimos
grados de corrupción en el gobierno sean una constante, no debieran ser
algo que justifique la naturalización de miradas políticas
inconstitucionales. ¿Por qué pretenden hacernos creer que nuestro
enemigo es el que está al lado, el pueblo oprimido, y no los que tienen
el monopolio de la fuerza y hacen ejercicio ilegal de ella?.
Es
curioso, no pudimos encontrar la definición de "Terrorismo de Estado"
por la Real Academia Española. ¿Será que hay ciertos significados que es
mejor ni mostrarlos? Será por eso también que hay ciertos artículos de
la Constitución Nacional, como el 36 que no se usan casi nunca. Existen
otros Terrorismos de Estado, aunque no haya una dictadura, el de las
democracias aliadas al poder hegemónico y mediático que actúa
organizadamente para imponer por la fuerza de la repetición y la mentira
un sentido común funcional a sus intereses personales o corporativos; o
el terrorismo legislativo y judicial, que constantemente falla de
manera corporativa en contra de los intereses del pueblo.
