16 de mayo(APL).-
CONFERENCIA DE PRENSA EN EL INSTITUTO
DE ALTOS ESTUDIOS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN -
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES RECHAZARON LA REFORMA DE LA LEY
24.660
(APL)
“La manipulación demagógica del femicidio de Micaela jugó un papel
fundamental en la activación del tratamiento de la ley y vino a reponer
un discurso altamente represivo y punitivista. Esta reforma nos atrapa
en el endurecimiento de la política penal, simplificando la realidad y
ubicando en el mismo plano delitos de diferente orden, como los delitos
contra la propiedad, los delitos contra la integridad sexual, y el
femicidio. Experiencias de este tipo de reformas
las vivimos años anteriores con la llamada Ley Blumberg (2004), y con
el fracaso que supuso la conocida Ley Petri en Mendoza (2012), y las
estadísticas que surgieron desde su entrada en vigencia confirman que
creció sostenidamente la población carcelaria y
sin impacto sobre el delito, evidenciando que el problema de la
seguridad no se resuelve con más cárcel”. Parte del documento que leyó
María Medrano, texto que fue elaborado por Nora Cortiñas (Madres de
Plaza de Mayo – Línea Fundadora); Red de Cooperativas
de Liberados y Organizaciones Sociales en Contextos de Encierro;
Universidad Nacional de San Martín (IDAES,
CUSAM, Programa de Articulación Territorial /
UNSAM); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ; Comisión Provincial por la Memoria (CPM)–Procuración Penitenciaria Nacional (PPN);
Programa de Extensión en Cárceles-Facultad
de Filosofía y Letras- UBA; Colectivo Ni una menos y Curas en la Opción
por los pobres. Todos ellos participaron de la conferencia de esta
mañana. Más abajo, texto completo del pronunciamiento y adherentes.
La Cámara de Diputados de la Nación discutirá en los próximos días la
modificación de la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la
libertad (expediente CD 90/16). Distintas organizaciones sociales,
organismos de derechos humanos, universidades,
fundaciones, académicos, operadores judiciales, familiares y personas
detenidas y liberadas manifestamos nuestra preocupación ante lo que
consideramos una respuesta rápida e ineficaz al problema de la
inseguridad que nos atraviesa”.
La manipulación demagógica del femicidio de Micaela jugó un papel
fundamental en la activación del tratamiento de la ley y vino a reponer
un discurso altamente represivo y punitivista. Esta reforma nos atrapa
en el endurecimiento de la política penal, simplificando
la realidad y ubicando en el mismo plano delitos de diferente orden,
como los delitos contra la propiedad, los delitos contra la integridad
sexual, y el femicidio. Experiencias de este tipo de reformas las
vivimos años anteriores con la llamada Ley Blumberg
(2004), y con el fracaso que supuso la conocida Ley Petri en Mendoza
(2012), y las estadísticas que surgieron desde su entrada en vigencia
confirman que creció sostenidamente la población carcelaria y sin
impacto sobre el delito, evidenciando que el problema
de la seguridad no se resuelve con más cárcel.
En relación a los delitos contra la integridad sexual y los
femicidios, sobre los que se apoya no solo esta reforma sino parte del
discurso mediático, creemos que a diferencia de los otros delitos, éstos
requieren de un tratamiento específico y de dispositivos
acordes a su complejidad.
La ley vigente tiene como objetivo a través de la progresividad de la
pena preparar a las personas para asumir una libertad responsable. Lo
cierto es que la ley no se cumple. Creemos que esta reforma acentuará
los conflictos y no plantea soluciones a las
problemáticas existentes en las cárceles: la superpoblación, el
hacinamiento, la falta de asistencia a la salud e higiene, el acceso a
la educación, la mala alimentación, la violencia física y psicológica, y
el uso de la tortura como prácticas habituales.
La norma tampoco propone soluciones a la falta de políticas pos
penitenciarias, lo que supone falta de compromiso y seguimiento con los
liberados y más desatención de las víctimas, y en términos legales viola
el principio de resocialización que es el único
fundamento de la pena en nuestra Constitución Nacional y desconoce los
tratados internacionales a los que nuestro país ha subscripto.
La población que habita las cárceles se compone mayormente de
personas que provienen de familias pobres con un bajo nivel educativo y
que se encontraban desocupadas al momento de su detención. Desde nuestra
experiencia en el trabajo dentro y fuera de las
cárceles, podemos afirmar que la posibilidad de estudiar y trabajar en
el encierro, así como en las salidas transitorias, amplían el mapa de
relaciones afectivas y de contención material, permitiendo la
transformación hacia nuevos modos de vida. Según un estudio
realizado en el año 2015 por la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria Nacional, el 85 % de las
personas privadas de libertad que estudian, no reinciden. Esta es una
verdadera política de seguridad.
En respuesta a esta reforma queremos presentar nuestro trabajo como
otro modelo de construcción de una sociedad más segura y con pleno
ejercicio de derechos para todos sus ciudadanos. Los firmantes llevamos a
cabo propuestas académicas, educativas y de formación
en artes y oficios, y conformamos cooperativas de trabajo como medios
para la subsistencia; estudiamos el régimen de ejecución de la pena;
desarrollamos dispositivos de acompañamiento integral y construimos
herramientas concretas para la integración social
y laboral de personas privadas de libertad, liberados y familiares.
Creemos que estas acciones son herramientas eficaces para evitar la
reincidencia.
Tal como sucedió en la Cámara Alta, donde se pudieron escuchar todas
las voces, exigimos que los diputados abran el debate y convoquen a las
organizaciones, instituciones, familiares y liberados para pensar
conjuntamente otros modos de abordar el problema
de la inseguridad, en vez de disponerse a aprobar rápidamente una
reforma que, creemos, no solucionará los conflictos dentro ni fuera de
las cárceles.
Adhieren:
Frente Sin Reversa -Instituto de Estudios Comparados de Ciencias penales y sociales (INECIP) – Centro de Estudios de Ejecución Penal – Facultad de Derecho (CEEP -UBA) – Centro
de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) – Campaña Nacional contra la Violencia Institucional – Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFAD) – Grupo de Estudios sobre Educación
en Cárceles (GESEC) – Cátedra de derecho penal y género. Especialización en derecho penal.
UNLP – Programa de Estudios Sobre el Control Social (PECOS) –
IIGG – UBA – Instituto de Investigación y Experimentación Política (IIEP) – Cátedra de Formación y Acción Comunitaria de la Secretaría de Cultura
UNLP – Agencia Para la
Libertad- Fundación El Arte de Vivir- Comisión Investigadora de la
Violencia en los territorios – Colectivo Radio La Cantora – Atrapamuros –
Asociación Civil Camino hacia el Siglo
XXI – Centro de Orientación para Familiares de Detenidos (COFAM)
-Agrupación Lucía Cullen – YvyPorá Tierra Fertil – Comisión Nacional de
Liberados -Cazona de Flores – Centro de Formación Profesional N° 24–
Colectivo de Mujeres Osadía – Colectivo Trafo– Frente Social y Político
La Brecha – H.I.J.O.S Capital – Biblioteca Popular La Carcova – Centro
Cultural Deportivo y Los Amigos – Mesa Reconquista – Clínica de la
Vulnerabilidad Programa
UBA XXII- Asociacion Miguel Bru y Asociacion Pensamiento Penal
Foto: Juan Cicale 