(PÁGINA 12).-Hoy comienza en Esquel el juicio contra cinco personas que se solidarizaron con la comunidad mapuche
En
 enero de 2017, cinco personas sufrieron represión policial y apremios 
ilegales cuando se solidarizaron con la comunidad de Cushamen. Sus 
denuncias fueron ignoradas y, en cambio, desde hoy serán juzgadas por 
supuesta resistencia a la autoridad y uso de armas.
 
G. Seguí, Huenelaf, P. Seguí, Buchile, González, Huenchupan y Jaime al ser liberados el 12 de enero de 2017. 
Imagen: Sharon Masurski
 
 
 
 
Santiago
 Maldonado no fue el primer desaparecido en Cushamen. El 10 de enero de 
2017 un grupo de personas acudió a la Pu Lof en Resistencia ante la 
salvaje agresión que había sufrido esa comunidad mapuche, y fue 
reprimido al borde de la muerte, detenido con apremios ilegales y 
durante varias horas nada se supo de ellos. Les iniciaron una causa y 
hoy comienza el juicio en el que Ivana Huenelaf, Jorge Buchile, Daniela 
González, Gustavo Jaime y Javier Huenchupan están acusados de uso 
agravado de armas de fuego y resistencia a la autoridad. En tanto, los 
policías y empleados de Benetton que los secuestraron y torturaron 
siguen impunes. “Los vamos a desaparecer”, repetían los uniformados en 
esas largas horas, en lo que fue la antesala de la cacería del 1 de 
agosto tras la cual Maldonado estuvo desaparecido, hasta que su cuerpo 
sin vida apareció el 17 de octubre en el Río Chubut. “India sucia, 
tomate tu propia sangre”, le gritaron a una mujer mapuche que estaba 
presa.
Huenelaf, Buchile, Huenchupan, González y Jaime –junto a Pablo y 
Gonzalo Seguí, que ya fueron sobreseídos por el presunto delito de 
abigeato– no imaginaban que aquel día iban a exponer sus vidas cuando 
respondieron los pedidos de ayuda desesperados por Whatsapp, tras haber 
escuchado por FM Alas que había heridos graves, como Emilio Jones, a 
quien un balazo le destrozó la mandíbula, y Fausto Jones Huala, que 
perdió un tímpano. “Fue una situación triste y desconcertante, niños y 
mujeres mostraban sus golpes, algunas dijeron que se iban a incendiar 
junto con sus hijos si volvían los gendarmes”, recordó con angustia 
Gustavo Jaime, profesor de educación física y uno de los imputados, en 
diálogo con PáginaI12 a horas del inicio del juicio.
“Vamos por la absolución de todos, pero sabemos que acá está detrás 
el Ministerio de Seguridad, en un proceso sin pruebas. Sólo el fiscal 
Oscar Oro que dice tener el ‘convencimiento’ de que tiene un caso”, dijo
 a este diario el abogado Edgardo Manosalva, defensor junto a Marcos 
Ponce.
Al llegar a la Pu Lof vieron los destrozos y escucharon a las mujeres
 y niñas golpeadas en el operativo conjunto de Gendarmería y la Policía 
de Chubut. La comunidad pidió autos para ir a buscar sus caballos, que 
habían sido robados por los efectivos. Y ahí comenzó la pesadilla. “Me 
sumé con dos amigos, Gonzalo y Pablo, con su camioneta, íbamos detrás de
 las personas que estaban buscando a los animales. Pasó un camión con 
caballos, alguien gritó ‘vamos a ver si son los nuestros’, intentamos 
ponernos adelante para pedirles que se detuvieran, y ahí comienza la 
catástrofe cuando la persona que manejaba saca una pistola y empieza a 
disparar. No habíamos hecho nada, así que nos alejamos”, relató Jaime. 
“Esa secuencia es larga porque se sumó otro vehículo que nos disparó con
 armas largas. Decidimos llegar a El Maitén, pero se interpuso un 
patrullero y desde ahí también nos dispararon. Hubo balazos y un fierro 
me pegó en la escápula. Había ido a solidarizarme, la policía intentó 
matarme, voy a juicio y estoy embargado”, agregó.
Según describió Manosalva, “las fuerzas de seguridad emboscaron a un 
grupo de civiles, les dispararon con balas de plomo y antitumulto tal 
como confesaron los policías; los persiguieron, los tuvieron detenidos 
sin dar información durante 12 horas en diferentes lugares y les armaron
 un montaje con pruebas que ellos decían tener y que desaparecen. Es 
evidente que borraron las que los comprometían, trucharon actas y 
mintieron en las declaraciones”. El abogado agregó: “Denunciamos que 
Benetton prestó camionetas y personal ese día para salir a cazar 
mapuches, tenemos las fotos de la camioneta, la patente, la marca, el 
color. Incluso el propio mayordomo (del empresario) lo reconoce y admite
 que manejaba una junto a policías. Pero nunca fueron allanadas las 
tierras ocupadas por Benetton porque no está ni en el horizonte de la 
Justicia el hecho de hacerlo”. Jaime contó que “el camión y la camioneta
 de donde bajaron personas con ropa camuflada y armas largas tampoco 
estaban identificados. Parecían del Ejército, pero no había ninguna 
razón para que nos dispararan”, dijo. Los medios locales sólo 
mencionaron que hubo tres heridos en la “liberación de las vías del tren
 La Trochita”, nada del resto de los detenidos.
Película de terror
Cuando llegaron al hospital viejo de El Maitén, los golpearon y los 
llevaron a la cárcel de esa localidad, donde permanecieron hasta la 
medianoche. “Era como un campo de concentración, celdas de dos por dos, 
sin baño, ni luz, ni ventanas, todo sucio. Sólo tenía un ventiluz por 
donde una de las mujeres me pidió ayuda, mostrándome su brazo 
fracturado. Cuando entré lloraba mientras abrazaba a otra más pequeña 
que sangraba. Ninguna había recibido atención. Desde un pasillo le 
dijeron que se tomara su propia sangre, a la vez que la llamaban ‘india 
sucia’. Eran Ivana Huenelaf y Daniela ‘Rojita’ González”, describió el 
abogado Carlos González Quintana. “Había dos varones, uno baleado en la 
espalda y el otro con el rostro desfigurado. Eran Jaime y Huenchupan. 
Buchile estaba desaparecido. El fiscal Carlos Díaz Mayer, que no me 
quería dejar pasar, no sabía dónde estaba. Nos fuimos a Esquel y lo 
encontramos en el hospital, muy lastimado, y con tres detenidos también 
muy golpeados: Ariel Garzí, Ricardo Antihual y el hermano menor del 
lonko Facundo Jones Huala, Nicolás”, completó. Este letrado, junto a 
Raúl Prytula de APDH Río Negro, presentó un hábeas corpus en el juzgado 
de Ricardo Colabelli, que rechazó la acción después de escuchar los 
testimonios de los jefes de policía que intervinieron en la represión 
del 10 y 11 de enero. “De Maitén Infantería nos trasladó encapuchados y 
esposados por un camino de ripio, no sabíamos a dónde íbamos, no 
podíamos hablar porque nos pegaban. Fueron tres horas terribles”, 
describió Jaime.
Reino del revés
Los cinco están acusados de agredir a los policías cuando en realidad
 fueron ellos los baleados. Les imputan atentado contra la autoridad 
agravado por el uso arma y por ser en grupo, y al conductor de la 
camioneta, Buchille, le agregan resistencia a la autoridad y las 
supuestas lesiones graves del sargento Adrián Amed. Algunos de ellos 
afrontan, además, una causa federal por las bombas molotov que la fiscal
 Silvina Avila afirma tenían en la caja de su camioneta, y que el juez 
Guido Otranto unificó con otro proceso abierto por un corte de la ruta. 
En tanto, la denuncia que el grupo inició contra el Estado por su 
secuestro, detención y torturas ni siquiera fue abierta en su etapa 
preparatoria. “Son ellos contra el Estado, es la doble vara de la 
fiscalía que durmió nuestra acusación, pero en 48 horas activó la otra”,
 dijo el abogado Manosalva.
Las denuncias que originaron la represión habían sido presentadas por
 Benetton, avaladas por la policía local y funcionarios, y luego 
impulsadas por el Poder Judicial. “Acusamos en principio al jefe del 
GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales). Amed tiró a matar y se 
hace la víctima. Ivana les gritó que llevaban a un herido. El supuesto 
policía lesionado le pegó a Buchile, entró al hospital a buscar a Jaime,
 el herido verdadero, lo sacó, lo tiró al piso y comenzó a las patadas 
delante de todos, con la pierna que supuestamente tenía lastimada. 
Gustavo nunca se resistió”, describió el letrado, que planea apuntar 
también al poder político, porque el propio gobernador Mario Das Neves y
 sus funcionarios se habían reunido horas antes con las autoridades 
provinciales de Gendarmería.
“En agosto fue la desaparición forzada de Santiago que terminó en su 
muerte, pero a los que iban en la camioneta las balas les pasaban a 10 
centímetros, esa tragedia podría haber ocurrido en enero. Además, hay 
otro paralelismo: la policía, con la anuencia de la fiscalía, también 
escondió pruebas de audios, videos y fotografías. A su vez, en la causa 
federal hay indicios de un pacto de actuación entre Gendarmería y la 
policía de Chubut, cuya función fue ‘cazar mapuches’”, concluyó el 
abogado de los cinco que se sentarán ante el juez Martín O’Connor. “Hay 
que plantearse cuáles son los objetivos de reprimir, amedrentar y 
disciplinar. Al miedo hay que mirarlo a la cara y enfrentarlo, estar 
alerta, pero que nunca nos paralice ni nos invite a dejar de actuar”, 
concluyó Jaime sobre el calvario que vivieron y que aún no termina.