El
próximo 13 de abril la Justicia de la provincia del Neuquén, Argentina,
definirá los cargos por los que serán llevadas a juicio autoridades
tradicionales mapuche que defendieron su territorio de la explotación de
hidrocarburos. Tanto la Fiscalía como la querella, piden que Relmu
Ñamku sea procesada por tentativa de homicidio mientras que contra el
werken (vocero) Martín Maliqueo y el lonko (autoridad comunitaria)
Mauricio Raín presentaron cargos por daños agravados
Los
hechos se remontan al 28 de diciembre de 2012. Ese día, la comunidad
Winkul Newen resistió un intento de desalojo promovido por una
subsidiaria de la empresa norteamericana Apache –comprada en 2014 por
YPF. El objetivo de la acción judicial era reactivar la explotación del
Yacimiento Portezuelo Norte, emplazado dentro de la comunidad y
paralizado desde hacía varios meses por los mapuches. Aquel día la
oficial de justicia Verónica Pelayes, ahora querellante en la causa
penal, sufrió lesiones al recibir el impacto de una piedra en el rostro,
hecho que le imputan a Ñamku y califican como tentativa de homicidio.
Lo
ocurrido en aquella jornada se enmarca en el extenso proceso de avances
petroleros sobre la comunidad, promovidos por el estado provincial –que
otorga las concesiones- y consumado por diferentes empresas –como las
norteamericanas Pioneer y Apache en su momento, y que pretende continuar
la subsidiaria de YPF, Yacimientos del Sur. Vale decir que todo ello se
encuentra en flagrante violación de los derechos indígenas ya que la
política hidrocarburífera, tanto en la provincia de Neuquén como a nivel
del país, se implementa sin el libre, previo e informado consentimiento
de los Pueblos Originarios afectados. Desde hace más de una década esta
situación es denunciada por organizaciones indígenas y sociales e,
incluso, el entonces Relator Especial de la ONU para los Pueblos
Indígenas, James Anaya, emitió un documento en el mismo sentido luego
de su visita a la Argentina en 2011.
Lamentamos
las lesiones sufridas por la oficial de justicia, consideramos que son
consecuencia de la violencia generada por la negación derechos al Pueblo
Mapuche. Durante más de una década de avanzada petrolera, la comunidad
Winkul Newen ha estado expuesta tanto al hostigamiento de la policía y
de civiles armados -e incluso niños y ancianos han sufrido graves
lesiones. Para ellos no ha habido justicia, como tampoco hay por la
violenta afectación ambiental, que impide el normal desarrollo de la
vida mapuche al interior de su territorio.
Como
capítulo latinoamericano de la Red del Sur Global Oilwatch,
consideramos que la mera posibilidad de que una persona sea juzgada y
condenada bajo el cargo de tentativa de homicidio por defender su
territorio lanzando piedras es un hecho desproporcionado que responde a
un nuevo intento de profundizar la criminalización de la protesta
social. De haber un fallo condenatorio se sentaría un grave precedente y
en el futuro, cualquier persona podría enfrentar los mismos cargos por
participar en una protesta en la que se lanzaron piedras.
También
queremos expresar nuestra preocupación por el procesamiento de los
asambleístas Horacio De Carli, Facundo Scattone, Bernardo Zalisñak,
Francisco Larocca y Cesar Arístides Pibernus por el delito de
‘entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte terrestre’,
dictado por la justicia federal. En agosto de 2014 en Concordia,
provincia de Entre Ríos, asambleas socioambientales impidieron durante
varias horas el cruce hacia la República Oriental del Uruguay de cuatro
camiones que transportaban maquinarias para realizar trabajos de
prospección sísmica. Aquella acción fue realizada en el marco de la
lucha por la defensa del Acuífero Guaraní, en la que organizaciones de
ambos países se oponen a la explotación de hidrocarburos con la técnica
de fracturación hidráulica o fracking sobre una de las mayores reservas
de agua dulce de la región.
No
podemos dejar de mencionar el caso de los trabajadores petroleros de
Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, que constituye un gravísimo
exponente de la criminalización de la protesta social -en el que
claramente se busca disciplinar para garantizar la productividad de las
empresas. En diciembre de 2013 Ramón Cortez, José Rosales, Franco
Padilla y Hugo González fueron condenados a cadena perpetua por la
muerte del policía Jorge Sayago, ocurrida en febrero de 2006, cuando
trabajadores y policías se enfrentaron en el marco de una larga huelga
contra la precarización laboral y el cobro del impuesto a las ganancias
sobre su sueldo. La sentencia, por la cual también se condenó a otros
seis obreros a penas menores, fue apelada por la defensa, que denunció
que los testimonios incriminatorios habían sido obtenidos bajo torturas.
Desde
Oilwatch Latinoamérica queremos expresar nuestra solidaridad con
quienes defienden sus territorios del avance de la frontera extractiva y
que hoy enfrentan procesos de criminalización, así como también nos
sumamos al pedido de absolución de los trabajadores petroleros de Las
Heras.
Exhortamos
a las autoridades argentinas, y en particular al Gobierno de la
provincia de Neuquén, a garantizar los derechos fundamentales del Pueblo
Mapuche. Asimismo instamos a las autoridades argentinas, y al Gobierno
de la provincia de Entre Ríos en particular, a garantizar la
preservación del Acuífero Guaraní.
Abril 2015
Oilwatch Latinoamérica
Acción
Ecológica (Ecuador), Censat Agua Viva – AT Colombia, FASE (Brasil),
Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Observatorio Petrolero
Sur (Argentina)
Primeras adhesiones. Argentina: Adolfo
Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Félix Díaz, qarashe comunidad
Qom Potae Napocna Navogoh; Alberto Binder, vicepresidente del Instituto
de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Antonio
Gustavo Gómez, Fiscal General de Tucumán; Maristella Svampa,
investigadora del CONICET, socióloga; Enrique Viale, Asociación
Argentina de Abogados Ambientalistas; Bercovich, Alejandro periodista y
economista; Belén Alvaro, docente e investigadora de la Carrera de
Sociología, Universidad Nacional del Comahue; Fernando Stratta,
sociólogo, docente UNLa / UBA / UNSAM; Miguel Mazzeo, escritor, docente
UBA y UNLa; Lic. Juan José González, profesor jubilado de la Universidad
Nacional del Comahue; Alexis Papazian, profesor de historia y doctor en
Antropología UBA; Hernán Moreno, concejal de Zapala (PS); Herman
Schiller, periodista; Equipo Pueblos Originarios – SERPAJ; Secretaría de
Pueblos Originarios – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH) Nacional; APDH Neuquén; Mesa de los Pueblos Originarios de
Capital Federal y Provincia; Colectiva Feminista La Revuelta; Sin
Cautivas, Feministas por la Resistencia; Fundación Ecosur. Ecología,
Cultura y Educación desde los pueblos del Sur; Frente Popular Darío
Santillán – Corriente Nacional; Red de Investigadores sobre Genocidio y
Política Indígena; Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina; Foro Ambiental y
Social de la Patagonia – Comodoro Rivadavia; ONG Alerta Angostura;
Patria Grande; MST Nueva Izquierda – Neuquén; Red Ecosocialista –
Neuquén; Red Ecosocialista – Santa Cruz; Partido Socialista Distrito
Neuquén; Emancipación Sur Neuquén en el Frente Popular, Emancipación
Sur Corriente Nacional, Asamblea de Bariloche contra la Megaminería;
Prensa Latina Argentina; Asamblea Permanente del Comahue por el Agua
(APCA), Lucila Matteucci. Brasil: Prof. Dr. Sebastião
F. Raulino, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias
– FEUDUC (Brasil); Jamila Rodrigues Venturini, periodista; Rede
Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) Brasil; Toxisphera Associação de
Saúde Ambiental (Brasil); Associação de Defesa do Meio Ambiente de
Araucária (AMAR); Associação de Proteçãoao Meioambiente de Cianorte
(APROMAC), Fórum dos Atingidos pela Indústria do Petróleo e Petroquímica
das cercanias da Baía de Guanabara (FAPP-BG); Campanha Por um Brasil
Livre de Fracking; Associação Nacional dos Servidores da Carreira de
Especialista em Meio Ambiente e do PECMA (ASCEMA Nacional); Associação
dos servidores do IBAMA – Rio de Janeiro (ASIBAMA RJ). Chile: Andrés Figueroa Cornejo, periodista. México: Comité Cerezo.
Se reciben adhesiones en la cuenta coord-owla@oilwatch.org
