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| (Foto: Planta industrial de Agua Pesada, estratégica para las
centrales nucleares de uranio natural)
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El país avanza en un plan de reactivación de la minería de uranio, que persigue inicialmente extraer la cantidad de mineral necesario para abastecer las centrales nucleares “actuales y futuras”. En los últimos cuatro años el Estado se mantuvo en la búsqueda uranífera a lo largo de 9 provincias, aumentando las tareas de exploración en un 300%. El grueso de los desechos de la anterior etapa extractiva todavía permanece sin una solución efectiva.
El pasado domingo 11 de diciembre con el diario Tiempo Argentino se distribuyó una especie de suplemento titulado Tiempo de Energía que condensa todas las características de volantillo político y propagandístico, pero sobre el que el matutino decidió eludir la aclaración de si se trataba de información periodística o de un espacio publicitario vendido –en este caso- al sector del gobierno nacional que tiene a su cargo el desarrollo de la energía nuclear en la Argentina(léase CNEA – NA-SA – Dioxitek – ARN – Etc).
Allí, en lo que pasaremos a tomar como declaración oficial (por lo menos hasta que se compruebe lo contrario), el gobierno reconoce –quizás por primera vez tan abiertamente- que entre los “principales objetivos” del Plan Nuclear Argentino que comenzó a desarrollarse en 2006 figura “reactivar la minería de uranio en sus áreas de exploración, explotación y restitución ambiental” (¿acaso este último punto no estaba activo?).
La confesión no debería sorprender a nadie, sino fuera por el hermético caminar con el que las áreas de desarrollo nuclear suelen actuar. Actualmente, el país utiliza entre 120 y 150 toneladas de uranio por año y se estima que cuando Atucha II esté en pleno funcionamiento el consumo se duplicará. Aunque en el país hay un reservorio importante del mineral tatuado en las piedras de casi todas las regiones, por lo pronto la mayoría de lo requerido es importado de Kazajistan, tal como ya lo hemos revelado acá.
Aparentemente estas compras al exterior tienen los meses o años contados, dado que la intención del oficialismo es volver a explotar la minería uranífera, como se hizo históricamente en el país hasta que la década del noventa descalabró tanto y todo que los precios cayeron y la convertibilidad llevó a que se congelaran producciones locales para pasar a buscar un proveedor internacional. Claro, cuando los motores se apagaron, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se encontró (se animó a encontrar) que la explotación del uranio en la Argentina se había olvidado debajo de la alfombra un total de casi cinco millones de toneladas de residuos contaminantes; los que motivaron el desarrollo del caracólico Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU).
Como sea, y pese a que los eufemísticos “pasivos ambientales” siguen allí, lo seguro del caso es que el Estado avanza a paso lento pero firme en la exploración de posibles zonas de extracción minera en múltiples rincones del territorio nacional, para posiblemente comenzar a autoabastecerse en silencio y progresivamente. “Las tareas encaradas se orientan a asegurar el abastecimiento de uranio nacional para las centrales nucleares actuales y futuras”, reconoce la CNEA en una comunicación de difusión interna que permanece colgada en internet.
Y los números terminan de reafirmarlo: El incremento de las áreas de exploración desde 2007 a esta parte es de casi un 300%, ampliando las zonas de trabajo de 26 a 74. Así fue que, con perfil bajo, el Estado ha estado en los últimos cuatro años buscando uranio en Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza,La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Con lupa
En el misterioso suplemento de Tiempo Argentino se produjo el singular logro de hablar cuatro páginas seguidas de la energía nuclear sin repetir y sin soplar la palabra URANIO. Cierta suspicacia quizás sugeriría que la política de Estado es eludir el tema, posiblemente prevenidos sobre el enojo social que generaría la masividad del anuncio de re-explotación del uranio en la Argentina. Con esto no se pretende afirmar que el sistema energético es menos agresivo si depende de la explotación hidrocarburífera, ni tampoco se persigue instaurar una campaña a favor de las represas hídricas o de los poéticos parques eólicos. Por el contrario, una justa difusión de la decisión oficial de explotar la minería de uranio puede generar (además de un primer enojo) un riguroso debate en torno a la más conveniente estructura de nuestro mapa energético, sin la necesidad de avasallar en silencio la soberana decisión de poblaciones enteras sobre si aceptan avanzar en la extracción del mineral con todo lo que eso conlleva.
En esa línea, como la información que se conoce es tan escasa, la radiografía de producciones y exploraciones que se puede plasmar corre riesgo automático de quedar desactualizada o de disparar imprecisiones. De acuerdo al balance 2010 de la CNEA presentado a comienzos de 2011, el único lugar que se encuentra en producción actualmente es el Complejo Minero Fabril San Rafael, en Mendoza. Allí, según lo expuesto, el año pasado se avanzó en la “construcción del vaso del dique de evaporación de efluentes DN3B con recursos propios y licitación de la impermeabilización de aproximadamente 2,5 hectáreas, habiéndose obtenido la autorización para su utilización por parte de las autoridades ambientales provinciales”. Además, el organismo compró “camiones tractores con caja roquera para servicio pesado con el fin fortalecer la capacidad operativa de la flota disponible”.
Allí, en lo que pasaremos a tomar como declaración oficial (por lo menos hasta que se compruebe lo contrario), el gobierno reconoce –quizás por primera vez tan abiertamente- que entre los “principales objetivos” del Plan Nuclear Argentino que comenzó a desarrollarse en 2006 figura “reactivar la minería de uranio en sus áreas de exploración, explotación y restitución ambiental” (¿acaso este último punto no estaba activo?).
La confesión no debería sorprender a nadie, sino fuera por el hermético caminar con el que las áreas de desarrollo nuclear suelen actuar. Actualmente, el país utiliza entre 120 y 150 toneladas de uranio por año y se estima que cuando Atucha II esté en pleno funcionamiento el consumo se duplicará. Aunque en el país hay un reservorio importante del mineral tatuado en las piedras de casi todas las regiones, por lo pronto la mayoría de lo requerido es importado de Kazajistan, tal como ya lo hemos revelado acá.
Aparentemente estas compras al exterior tienen los meses o años contados, dado que la intención del oficialismo es volver a explotar la minería uranífera, como se hizo históricamente en el país hasta que la década del noventa descalabró tanto y todo que los precios cayeron y la convertibilidad llevó a que se congelaran producciones locales para pasar a buscar un proveedor internacional. Claro, cuando los motores se apagaron, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se encontró (se animó a encontrar) que la explotación del uranio en la Argentina se había olvidado debajo de la alfombra un total de casi cinco millones de toneladas de residuos contaminantes; los que motivaron el desarrollo del caracólico Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU).
Como sea, y pese a que los eufemísticos “pasivos ambientales” siguen allí, lo seguro del caso es que el Estado avanza a paso lento pero firme en la exploración de posibles zonas de extracción minera en múltiples rincones del territorio nacional, para posiblemente comenzar a autoabastecerse en silencio y progresivamente. “Las tareas encaradas se orientan a asegurar el abastecimiento de uranio nacional para las centrales nucleares actuales y futuras”, reconoce la CNEA en una comunicación de difusión interna que permanece colgada en internet.
Y los números terminan de reafirmarlo: El incremento de las áreas de exploración desde 2007 a esta parte es de casi un 300%, ampliando las zonas de trabajo de 26 a 74. Así fue que, con perfil bajo, el Estado ha estado en los últimos cuatro años buscando uranio en Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza,La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Con lupa
En el misterioso suplemento de Tiempo Argentino se produjo el singular logro de hablar cuatro páginas seguidas de la energía nuclear sin repetir y sin soplar la palabra URANIO. Cierta suspicacia quizás sugeriría que la política de Estado es eludir el tema, posiblemente prevenidos sobre el enojo social que generaría la masividad del anuncio de re-explotación del uranio en la Argentina. Con esto no se pretende afirmar que el sistema energético es menos agresivo si depende de la explotación hidrocarburífera, ni tampoco se persigue instaurar una campaña a favor de las represas hídricas o de los poéticos parques eólicos. Por el contrario, una justa difusión de la decisión oficial de explotar la minería de uranio puede generar (además de un primer enojo) un riguroso debate en torno a la más conveniente estructura de nuestro mapa energético, sin la necesidad de avasallar en silencio la soberana decisión de poblaciones enteras sobre si aceptan avanzar en la extracción del mineral con todo lo que eso conlleva.
En esa línea, como la información que se conoce es tan escasa, la radiografía de producciones y exploraciones que se puede plasmar corre riesgo automático de quedar desactualizada o de disparar imprecisiones. De acuerdo al balance 2010 de la CNEA presentado a comienzos de 2011, el único lugar que se encuentra en producción actualmente es el Complejo Minero Fabril San Rafael, en Mendoza. Allí, según lo expuesto, el año pasado se avanzó en la “construcción del vaso del dique de evaporación de efluentes DN3B con recursos propios y licitación de la impermeabilización de aproximadamente 2,5 hectáreas, habiéndose obtenido la autorización para su utilización por parte de las autoridades ambientales provinciales”. Además, el organismo compró “camiones tractores con caja roquera para servicio pesado con el fin fortalecer la capacidad operativa de la flota disponible”.
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| (Foto: Colas de mineral en Malargüe) |
Es en este lugar –más conocido como el Complejo Malargüe- donde también se centraron hasta ahora las limitadas acciones que se enmarcan en este añejo proyecto de restitución ambiental PRAMU. Sin embargo, los avances no son demasiado auspiciosos, dado que el último informe difundido por internet da cuenta de que sólo “se gestionó” un 15% del volumen de colas de mineral, que son básicamente los depósitos de desechos que quedaron en la zona después de las amarillas épocas de extracción uranífera.
Mientras tanto, la CNEA avanzó (muchas veces en acuerdo con otros organismos o con gobiernos provinciales) en la prospección de decenas de posibles zonas de explotación minera para sentar un mapa (hasta ahora silenciado) de cuáles serán los lugares en los que se trabajará. En ese sentido, realizó cateos y estudios de impacto ambiental en 9 provincias argentinas:
Salta. Cateos en Sierra de Vaquería y estudios geológicos y adecuación en el Yacimiento Don Otto.
Catamarca. Cateos Sierra de San Buenaventura. TINOGASTA
Mendoza. “Estudios emanométricos de radón” en el área del Bloque de San Rafael.
San Juan. Realización de perfiles para la ejecución en el futuro de trabajos de prospección.
La Rioja. Campañas geológico-topográficas en los cateos Donato I, II, III y IV, centrada principalmente en la Quebrada de Alipán de la Sierra de Velasco.
Chubut. Exploración, evaluación y estudios de prefactibilidad de explotación en el Yacimiento Cerro Solo. En este caso en particular, algunos indicios señalan que ya se habría comenzado con cierta extracción de mineral.
Santa Cruz. Cateo en Laguna Sirven.
Pampa. Elaboración de los Informes de Impacto Ambiental.
Río Negro. No hay información disponible, más allá de la confirmación de cateos.
Dinero lento
El próximo jueves 15 de diciembre de 2011 vencerá el reciente llamado a licitación para movilizar una parte de los fondos que el Banco Mundial prestó a la Argentina con el objetivo de “que la CNEA termine de remediar el ex Complejo Fabril Malargüe en Mendoza y proveer asistencia técnica para el diseño de ingeniería de los otros sitios donde se desarrollaron actividades de la minería del uranio”.
El dinero llega lento. Los fondos que se están movilizando son parte de los 30 millones de dólares que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) habilitó para la CNEA hace casi dos años: El 28 de abril de 2010.
En este caso, el organismo está a la búsqueda de consultoras que brinden “apoyo al PRAMU en el desarrollo del estudio de caracterización de los residuos producto de la explotación minera que la CNEA posee en el Sitio Los Gigantes, Córdoba”.
El complejo Minero Fabril Los Gigantes está en Sierra Grande, a menos de 30 kilómetros de Villa Carlos Paz. Los resabios de la explotación que duró hasta el noventa son unas “2.400.000 toneladas de colas, 1.000.000 de toneladas de estériles y 600.000 de marginales”, dice la CNEA y advierte que “si bien no hay poblaciones en las cercanías, la existencia de los materiales descriptos aguas arriba de zonas turísticas da al problema un carácter particular”.
Los otros sitios a “restituir” son el Complejo Fabril Córdoba (donde se encuentra en funcionamiento la empresa DIOXITEK), Tonco (Salta), Pichiñán (Chubut), La Estela (San Luís), Los Colorados (La Rioja) y Huemul (Mendoza).
Mientras tanto, la CNEA avanzó (muchas veces en acuerdo con otros organismos o con gobiernos provinciales) en la prospección de decenas de posibles zonas de explotación minera para sentar un mapa (hasta ahora silenciado) de cuáles serán los lugares en los que se trabajará. En ese sentido, realizó cateos y estudios de impacto ambiental en 9 provincias argentinas:
Salta. Cateos en Sierra de Vaquería y estudios geológicos y adecuación en el Yacimiento Don Otto.
Catamarca. Cateos Sierra de San Buenaventura. TINOGASTA
Mendoza. “Estudios emanométricos de radón” en el área del Bloque de San Rafael.
San Juan. Realización de perfiles para la ejecución en el futuro de trabajos de prospección.
La Rioja. Campañas geológico-topográficas en los cateos Donato I, II, III y IV, centrada principalmente en la Quebrada de Alipán de la Sierra de Velasco.
Chubut. Exploración, evaluación y estudios de prefactibilidad de explotación en el Yacimiento Cerro Solo. En este caso en particular, algunos indicios señalan que ya se habría comenzado con cierta extracción de mineral.
Santa Cruz. Cateo en Laguna Sirven.
Pampa. Elaboración de los Informes de Impacto Ambiental.
Río Negro. No hay información disponible, más allá de la confirmación de cateos.
Dinero lento
El próximo jueves 15 de diciembre de 2011 vencerá el reciente llamado a licitación para movilizar una parte de los fondos que el Banco Mundial prestó a la Argentina con el objetivo de “que la CNEA termine de remediar el ex Complejo Fabril Malargüe en Mendoza y proveer asistencia técnica para el diseño de ingeniería de los otros sitios donde se desarrollaron actividades de la minería del uranio”.
El dinero llega lento. Los fondos que se están movilizando son parte de los 30 millones de dólares que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) habilitó para la CNEA hace casi dos años: El 28 de abril de 2010.
En este caso, el organismo está a la búsqueda de consultoras que brinden “apoyo al PRAMU en el desarrollo del estudio de caracterización de los residuos producto de la explotación minera que la CNEA posee en el Sitio Los Gigantes, Córdoba”.
El complejo Minero Fabril Los Gigantes está en Sierra Grande, a menos de 30 kilómetros de Villa Carlos Paz. Los resabios de la explotación que duró hasta el noventa son unas “2.400.000 toneladas de colas, 1.000.000 de toneladas de estériles y 600.000 de marginales”, dice la CNEA y advierte que “si bien no hay poblaciones en las cercanías, la existencia de los materiales descriptos aguas arriba de zonas turísticas da al problema un carácter particular”.
Los otros sitios a “restituir” son el Complejo Fabril Córdoba (donde se encuentra en funcionamiento la empresa DIOXITEK), Tonco (Salta), Pichiñán (Chubut), La Estela (San Luís), Los Colorados (La Rioja) y Huemul (Mendoza).
Editoriales ANP
