El mismo juez de Garantías Sergio Pichetto dejó en claro que aquí no se resuelve la titularidad o no de la tierra, sino únicamente el delito de usurpación que, según su interpretación, recae sobre la comunidad porque "al estar recuperando" estarían admitiendo que no estaban allí". Como si el despojo histórico que ha sufrido el pueblo mapuche no existiese. Cómo si no se conocieran los distintos artilugios fraudulentos de apropiación de territorio mapuche como la falsificación de documentos y desalojos violentos y patoteros de manos privadas y negociados empresariales avalados por el Estado, que desoye una vez más las propias leyes constitucionales que reivindican la preexistencia de los pueblos originarios y su derechos territoriales y culturales.
"Soy imputado por acompañar un proceso legítimo de recuperación de lofche Buenuleo, un territorio que jamás fue olvidado ni negado. Esta justicia desoye y prioriza algo que es el pilar máximo de esta sociedad racista, eurocéntrica y machista que es la propiedad privada. Una propiedad que tampoco se puede acreditar ya que sabemos que se está tejiendo una conspiración para perpetuar este despojo. Todo lo que se barajó acá es el interés de los usurpadores empresarios. El mismo fiscal dejó entrever que había una necesidad de un emprendimiento inmobiliario", señaló el lonko Mauro Millán, de la comunidad Pillan Mahuiza.
Por su parte, Sandra Ferman, relató sobre las amenazas que recibieron los miembros de la comunidad y que fueron desoídas por la Justicia. "Nosotros tenemos una denuncia por amenazas e intento de homicidio. Tuve que sacar a mis hijos de la casa que se encuentra en el barrio Pilar II y estamos viviendo en el territorio en carpas. No lo plantearon acá (en el juicio) y nadie se está haciendo cargo".
Foto: Red Enfoques
