“La justicia sigue trabajando para las fuerzas represivas. Una vez más, en vez de investigar a los acusados, se ponen a su favor tomando medidas insólitas que tuercen el rumbo de la investigación”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y CTA Autónoma de Río Negro.
“Se cumple un año de asesinato de Rafael Nahuel, muerto por la espalda tras la intervención en el territorio del grupo Albatros, y los responsables siguen sueltos, con los jueces trabajando para ellos”, apuntó el dirigente.
Es que Villanueva requirió ahora a la Gendarmería la realización de una pericia para comparar la bala extraída del cuerpo de Rafael Nahuel con los proyectiles testigos de las armas de dos integrantes del grupo Albatros, estos son el Cabo Primero Francisco Javier Pintos y el Cabo Segundo Juan Ramós Obregón.
A pedido de los uniformados, el magistrado pone de esta forma en duda el resultado de la pericia realizada por expertos, la cual determinó que la bala que mató a Nahuel salió del subfusil MP5 del Cabo Primero Pintos. Se da lugar así, y a pesar de las pruebas, a la estrategia de la defensa que asegura que ese subfusil no estuvo en el lugar de los hechos, a pesar de que no pueden explicar el faltante de 50 proyectiles de los cargadores de dicha arma.
La Central obrera alerta así sobre el cambio de orientación que se le quiere dar a la causa, ya que con posterioridad de la indagatoria y las testimoniales, el Juez le permite a la defensa de los Albatros volver a realizar una pericia clave, dejando zonas grises a la zar que podría embarrar las determinaciones que dan cuenta del asesinato de Rafahel Nahuel como consecuencia del accionar del grupo Albatros.
