GARANTIZAR DERECHOS NO ES DELITO
En
el mes de diciembre del año 2015 una mujer concurrió al Hospital
Sub-zonal de El Maitén a solicitar una interrupción legal del embarazo.
Fue atendida, informada y evaluada por profesionales de esa institución.
Luego de cumplimentar los pasos contemplados en la ley provincial, el
Código Penal y Código Civil de la Nación, y el Protocolo Nacional de
Interrupción Legal del Embarazo, se instauró el tratamiento médico
correspondiente según quedó comprobado en la investigación fiscal.
Finalizado el procedimiento, a los pocos días y por causas no
establecidas, la mujer falleció.
La Multisectorial de Mujeres de Esquel lamenta profundamente la muerte de la mujer, y acompaña en su dolor a la familia.
Asimismo
hace público su repudio a la judicialización de una de las médicas
intervinientes, residente del Hospital El Maitén, que obró en pos de
garantizar derechos contemplados en el marco normativo y legal vigente,
relacionado a la Interrupción Legal del Embarazo. Dicho marco contempla:
·
Código Penal de la Nación que en su artículo 86 inc. 1° y 2°,
califica como no punibles las interrupciones de embarazos realizadas con
motivo de violación o por causas que pongan en riesgo la salud o la
vida de una mujer.
·
Código Civil y Comercial de la Nación que garantiza a partir de los
dieciséis años la misma autonomía que una persona adulta atinente al
cuidado de su propio cuerpo.
·
Ley XV-14 de Aborto no punible de la Provincia del Chubut
vigente desde 2010 y pionera en nuestro país, que califica como no
punible toda interrupción de embarazo motivada por riesgos para la
salud, entendida esta última en su triple dimensión biopsicosocial.
·
Protocolo Nacional para la de Atención Integral de las Personas
con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. Orientado a
garantizar el cumplimiento de este derecho en todo el territorio
nacional y revisado por última vez en abril del año 2015. En este
protocolo se enumeran los principios rectores para la práctica y entre
ellos se enuncia el principio de autonomía que indica que “todas las
actitudes y prácticas de las y los profesionales de la salud deben estar
destinadas a que en base a información veraz, adecuada y completa la
mujer pueda tomar la mejor decisión para ella”.
La
pérdida de una vida es siempre dolorosa. Pero es importante destacar
que el accionar de la médica no tuvo relación alguna con ese lamentable
resultado, por tanto su procesamiento no proveerá reparación ni hará
justicia.
La mujer
ejerció su derecho y la médica cumplió su obligación de garantizarlo,
por lo que entendemos esta judicialización como un mecanismo
aleccionador y restrictivo del acceso al derecho a la interrupción legal
del embarazo.
Exigimos una investigación responsable y profunda sobre lo acontecido.
Exigimos la absolución de la médica procesada.
Solicitamos
el acompañamiento del Sistema de Salud y sus autoridades, siendo el
mismo co-responsable en el accionar de los médicos en formación.
Exigimos
que exista capacitación ya para efectores de salud, fuerzas de
seguridad y operadores judiciales para actuar como corresponde ante
situaciones de ILE, tal como lo recomendó el camarista en el fallo del
Caso de Belén
Repudiamos las acciones estigmatizantes sobre las médicas y los médicos garantistas de derechos.
Ratificamos el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos.
Seguimos
bregando POR LA EFECTIVA APLICACIÓN DEL Protocolo Nacional de Atención
Integral para personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.
Para contactarse/entrevistas: 294-4379082(Defensor)
294-4832779 (Verónica) 2945-563099 (Julieta)
Adhesiones enviar a: multisectorialdemujeresesquel@
