(Por Gloria Pagés/ La Izquierda
Diario)Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro viven en la Villa 21-24,
una de las grandes urbanizaciones precarias de la Ciudad de Buenos
Aires, ubicada en los barrios de Barracas y Pompeya, donde
habitan en condiciones muy precarias cerca de 50.000 personas, en su
mayoría familias trabajadoras. Es además una zona militarizada por la
Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, estas dos últimas
fuerzas integran el Cinturón Sur, Plan puesto en marcha
en 2011 en el sur de la Ciudad de Buenos Aires con el supuesto
propósito de “combatir el delito”. Lo cierto es que lo único que ha
aumentado son los índices gatillo fácil y tortura a la juventud de esos
barrios.
Así lo relatan de manera impecable y conmovedora en el sitio web de La Poderosa: “Nos tiraron adentro de un coche y nos llevaron hasta la garita de Osvaldo Cruz e Iguazú”. ¿Para qué? “Para cagarnos a palos”. ¿Y los largaron? “No, nos subieron a otro auto, pero primero nos taparon la cabeza y nos obligaron a sentarnos uno encima del otro”. De ahí, se los llevaron hasta un descampado lindero al Riachuelo, detrás de una fábrica, sobre el Camino de Sirga. “Cuando ya había unos 10 prefectos, uno dijo que nos iban a matar, porque total nadie nos iba a reclamar”.
“Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó a mí dónde quería el tiro”. Pero no, todavía no termina. “Alterados, como sacados, nos esposaron a un caño y dispararon varios tiros al aire, mientras nos quitaban las camperas que supuestamente habíamos robado”. Pero no, robar, robaron ellos, “que se reían cuando nos ponían un cuchillo en el cuello y nos decían que también les parecían lindas nuestras zapatillas, nuestras cadenitas… Nos sacaron todo”. Justo ahí, a pocas cuadras de la Parroquia Caacupé, uno de los prefectos puso su arma en la nuca de Iván, para obligarlo a rezar. “Dale, un Padre Nuestro para que no te mate, dale”. Y al final, cuando por fin accedieron a soltarles las manos, los encañonaron por la espalda, con una escopeta: “Corran bien rápido, o van a ser boleta”.
Hablamos con un referente de La Poderosa, él es periodista e impulsor de la organización y además padrino de Kevin, el nene de 9 años asesinado el 7 de septiembre de 2013 por un balazo en un tiroteo en una zona liberada por la Prefectura y la Gendarmería. Conoce al detalle el accionar de las fuerzas de seguridad: “Nosotros veníamos denunciando que venía habiendo un incremento de las irregularidades (entre comillas, agrega) de las fuerzas de seguridad, que en realidad es el funcionamiento regular dentro de los barrios. Pero esto que pasó con Ezequiel e Iván ya es como por fuera de su propia norma: los esposaron a un palo al borde del Riachuelo y corriendo les saltaban arriba de la espalda, les ponían un fierro para que recen.”
Las consecuencias de la militarización de los barrios del sur de la Ciudad no ha sido una merma en el narcotráfico sino por el contrario, un aumento en los casos de gatillo fácil y torturas, así lo demuestran los cerca de doce casos de pibes muertos a manos de las fuerzas de seguridad como Brian y Jony, en Lugano, o Gabriel Vaca y Mario Gustavo Ruiz, ejecutados por la policía Federal en la Villa 21. Recientemente se conoció un informe de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) que da cuenta del aumento en el hostigamiento y violencia policial contra niños, niñas y adolescentes en la Capital.
El dirigente nos dice que este caso “es uno de esos casos bisagra que tienen que servir para mostrar el accionar de las fuerzas y salir de la falacia de que esto ocurre porque son chorros, no sólo es mentira, volvían de lo de la abuela es siniestro, sino que aunque lo fuera, que ni siquiera es el caso, este chico de 15 años tiene todo el cuerpo roto, cómo me lo explicás”, se indigna. No es para menos.
Agrega, y eso haremos desde este medio: “Necesitamos que se difunda, la familia está asustada, visibilizarlo es la manera de darles resguardo, cuanto mas se hable y más se vea más resguardado van a estar”.
La denuncia de estos graves hechos fue radicada en la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) y en la fiscalía de Pompeya, a cargo del fiscal Marcelo Munilla Lacasa. El martes, cuando Ezequiel Villanueva Moya y su madre se presentaron a hacer la denuncia, vieron que uno de los prefectos, Leandro Adolfo Antúnez, estaba ahí mismo.
Munilla Lacasa también actuó en la causa por la represión a la murga del Bajo Flores ocurrida en febrero de este año, donde como en todos los casos resonantes de los que se hizo cargo de la investigación, optó por priorizar la versión de la policía y demás fuerzas de seguridad por sobre la de las víctimas.
La denuncia y visibilización del caso de tortura contra los chicos de La Poderosa debe ser incesante junto con la exigencia de castigo a los responsables. Es indudable que el discurso que reclama mano dura y estigmatiza a la juventud, mientras las condiciones de vida de las mayorías populares se degradan día a dia -uno de cada tres argentinos son pobres – va a redundar en más casos como los de Iván y Ezequiel, y más gatillo fácil.
Para eso es necesario una fuerte campaña contra la militarización y la represión a la juventud, para decir ¡Basta! Y enfrentar la campaña reaccionaria de la mano dura. En ese sentido se expresó el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) que repudió los hechos y se solidarizó con los integrantes de La Poderosa.