El boletín oficial de la Fiscalía de Esquel
que da cuenta del gigantesco operativo, no da precisiones acerca del juez o los
funcionarios judiciales que habrían habilitado esta acción represiva. En la
causa que se tramita desde hace casi un año en el Juzgado Penal de Esquel a
cargo del juez Zachino en que se acusa a los mapuches de usurpación y otra
serie de delitos penales, los fiscales esquelenses utilizaron información de un agente de la Agencia Federal
de Investigaciones, algo absolutamente prohibido , que conformó un listado en
el que figuran 26 ciudadanos esquelenses espiados, gravísimo abuso violatorio
de los derechos humanos que ha provocado sorpresa, indignación y repudio a
nivel local, nacional e internacional, llegando incluso al Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, de manos del Relator especial sobre
discriminación que días atrás recibió de organismos de Derechos Humanos y
organizaciones indígenas del país un largo y detallado informe de las
violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios por parte del
Estado argentino, tal como lo relata el periodista Sergio Ferrari en su nota.
La intención de los fiscales y el juez
esquelense de definir a los mapuche como “terroristas” se ha mantenido a pesar
de la negación del Juez Federal Otranto quien ha considerado inconsistentes y
fuera de lugar los argumentos presentados para solicitar el pase a la Justicia
Federal del expediente. La decisión política de desalojar con la intervención
del GEOP a la comunidad en la que había niños hombres y mujeres, recae no sólo
en los funcionarios judiciales sino en el Gobierno de Mario das Neves y la
responsable de Seguridad Nacional Paticia Bulrich.
Cuando
cae la noche en la cordillera y la nieve clava puñales de frío en el cuerpo,
dos jóvenes mujeres mapuche con sus niños en brazos intentan al borde de los
alambrados de Benetton romper el bloqueo de la policía de infantería para
cobijarse en sus rucas, más solitarias
hoy que nunca.
Julio Saquero,
A.P.D.H. Chubut
Editoriales ANP
