Cuando hablamos de legislar los medios de comunicación, hay múltiples planos de análisis. Empecemos en el 2004, cuando una coalición de diversos actores relacionados con la comunicación audiovisual se empezaron a juntar para exigir una nueva ley al respecto para reemplazar la que había quedado vigente desde la dictadura. Pasaron cinco años de debate en un proceso público y democrático nunca antes visto en legislación a nivel nacional aunque con algunas escenas reprochables de autoritarismo que sobre todo padecieron quienes impulsaron miradas críticas desde proyectos alternativos, comunitarios y populares. Se promulgó una ley con muchísimos elementos loables, representando un avance tremendo en materia de democratización de la comunicación, diversidad de perspectivas, reducción de la concentración, fomento para la comunicación no comercial, y muchas cosas más. También la ley tenía varias falencias, principalmente que metía en el mismo paquete a los medios comunitarios, alternativos y populares con las iglesias, los sindicatos y las fundaciones, por ejemplo la Asociación del Fútbol Argentino, bajo la denominación de “sector sin fines de lucro”. Pero aún teniendo en cuenta eso, hasta ahí el proceso iba en avance hacia algo mejor.
Luego pasaron años en que la ley nunca fue implementada en su totalidad. Las emisoras comunitarias que reclamaban licencias no las conseguían. Las pocas que ya contaban con licencia (como FM ALAS) se encontraban con que las exigencias de la ley se implementaban pero no los beneficios, o se dependía del amigismo selectivo por parte de los funcionarios. Y el proceso de desconcentración nunca se concretó del todo, debido al proceso judicial iniciado por el Grupo Clarín o a la ausencia de voluntad política para regular a empresarios kirchneristas como el grupo Szpolski. Todo a pesar de que, como señaló Martín Becerra de la Universidad Nacional de Quilmes, “la Corte Suprema de Justicia argentina en 2013, con el aval de seis jueces contra uno, entendió que es obligación inexcusable del Estado generar políticas públicas de estímulo al pluralismo y, en consecuencia, de restricción de la concentración.”
Todo eso fue un retroceso, ya que lo positivo que se consiguió con la legislación no se manifestaba en la realidad. Pero por lo menos existía la legislación. Luego llegó el nuevo gobierno, y borró los avances conseguidos con el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15, que destrozó los elementos más importantes de la ley. Y el Congreso, donde Macri no cuenta con mayoría propia, avaló el decreto en vez de invalidarlo, un acto tan vergonzoso y antidemocrático como el decreto en sí. Podemos entrar en detalle en todo lo que implica esto en el plano concreto, pero en este momento preferimos resumirlo como bien señalaba Horacio Verbitsky del Centro de Estudios Legales y Sociales hace un mes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“El Poder Ejecutivo sostiene que todos podrán competir en el mercado, pasando por alto las diferencias de escala que sin regulación estatal derivan en la ley del más fuerte. Si la implementación de la ley audiovisual era incompleta e imperfecta, cosa que no es tema de esta audiencia, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva, donde los grandes jugadores se quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada.”
Es notable la respuesta de parte del gobierno argentino a las preocupaciones planteadas por el CELS y otras organizaciones. Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos, declaró “Desde 10 de diciembre, la confrontación con el periodismo ha terminado en Argentina,” y lo fundamenta diciendo que Macri hace conferencias de prensa regulares, no usa los medios públicos para avanzar su agenda partidaria, no abusa de la cadena nacional, y que ha normalizado el trato con la prensa.
Surgen varias observaciones, más allá de que sus dichos coincidan o no con la realidad:
Primero, nada de lo que dijo tenía que ver con el decreto ni la ley, sino con las prácticas de Macri con la prensa. Básicamente, dijo “no importa que hagamos leyes antidemocráticas que fomentan la concentración y mercantilización de la comunicación, porque nos portamos bien con los periodistas que cubren la Casa Rosada.”
Segundo, el comportamiento de un presidente de turno nada tiene que ver con el marco legal que regula la comunicación, y justamente la legislación tiene que estar a prueba de las diferentes prácticas que puede tener cada gobierno. Por eso en parte la AFSCA era un ente autárquico que no dependía del ejecutivo. Pero la aniquilaron a favor de un ente cuyos integrantes controla la Presidencia de la Nación.
Tercero, el gobierno se basa en un concepto de libertad de expresión como una “libertad negativa”, es decir, no se puede hacer nada para interferir en lo que nadie haga para expresarse. Como dijo Verbitsky, sin regulación estatal deriva en la ley del más fuerte. La libertad positiva, en cambio, sería tomar acciones concretas para intentar garantizar que la libertad de expresión sea universal y no sólo para quienes tienen el poder económico.
Cuarto, usa el término “periodismo” para referirse a los grandes medios corporativos. No hace falta más comentarios. Y quinto, para darnos cuenta justamente del peligro presente en la concentración mediática, notamos que el tratamiento del decreto 267 en esos grandes medios corporativos generalmente tenía como título principal alguna variante de que “terminó la guerra del Estado contra el periodismo.” Si esa es la lectura que nos provee “el periodismo”, es evidente que hace falta otro periodismo.
¿Qué lecciones aprendemos de toda esta secuencia?
Uno: que confiar en una legislación nunca nos garantiza nuestros derechos ni nuestras necesidades. Si ALAS, por ejemplo, hubiera basado su existencia en que se bajaran fondos del estado, nunca habría perdurado 28 años en el aire. Si existe tal apoyo, mejor, pero sino, igual seguimos camino.
Dos: es evidente que cuando todo queda en manos del mercado, termina concentrando cada vez más la riqueza y el poder en pocas manos. Esto sucede con el mercado de alimentos, el mercado inmobiliario, el mercado de la energía, el mercado de las campañas electorales, y todos los otros sectores que se han vuelto comerciales. Todo lo que se vuelve mercancía produce relaciones de desigualdad. Si se sigue mercantilizando la comunicación, no sólo se concentrarán dinero y poder como resultado, sino también los pensamientos.
Tres: En momentos como éste, de agudización de los procesos de injusticia y desigualdad en varios planos, los medios dominantes vuelcan perspectivas más engañosas, y más personas buscan en los medios no comerciales para entender su entorno. Esto nos obliga a pensar formas de fortalecernos como medios comunitarios que eviten los ciclos de crisis. La cosa se pone pesada, más gente escucha la radio comunitaria, y si la radio precisa ayuda, está. Cuando afloja la situación, menos gente escucha, y su ayuda también es menguante.
Cuatro: El atributo de la palabra en el discurso público corre graves peligros. Con el internet, existen casi tantas formas de informarse como personas, y entre tanto ruido es difícilismo encontrar señales claras. Entre tantas falsedades es difícil encontrar algo confiable, a tal punto que casi cualquier información se torna cuestionable. La única opción que nos queda es generar la confianza a largo plazo con quienes son dignos de ella, y evitar así los engaños constantes.
Cinco: Como en tantos otros planos sociales donde nos vemos obligados a enfrentar estructuras de poder que nos amenazan, la verdad está en el territorio. Vienen las petroleras a perforar la tierra que habitamos y dejarla envenenada... hay que defender el territorio geográfico. Los pueblos indígenas se ven marginados y exiliados de su propia tierra... hay que recuperar el territorio. El empresariado clausura lugares donde la gente trabaja para sostener a sus familias... hay que recuperarlas bajo el control de quienes los trabajan. El patriarcado mercantiliza y pretende poseer al cuerpo de la mujer... hay que defender el territorio de nuestros cuerpos. Quieren comprar y vender las formas de comunicarnos... seguimos ocupando el territorio de las frecuencias donde transmitimos las emisoras comunitarias, el territorio del papel donde imprimimos los periódicos comunitarios, el territorio de las plazas y calles donde nos encontramos para debatir, informarnos y hacernos oír. Si quieren mercantilizar las ideas, hay que defender el territorio de nuestras mentes y de nuestra palabra.
Editorial de FM Alas 89.1, El Bolsón. 19 de Mayo de 2016
[Para escuchar la versión en audio: http://tinyurl.com/hpc49o8]
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