(CORREPI).- El plan común de las defensas para justificar el plan criminal
¿Llevaban palos? ¿Tenían gomeras? ¿Había personas con la cara tapada?
¿Tiraron piedras? ¿Buscaban pelear? ¿Por qué siguieron adelante con la
movilización si percibieron un “ambiente hostil” en Avellaneda? ¿Sabe
que Carlos Olivera fue condenado por abuso de armas? ¿Cuál era el
objetivo de la movilización? ¿Mariano Ferreyra trató de subir a las
vías? ¿Sabe que eso es un delito? ¿Mariano Ferreyra tenia una gomera?
¿Había tumberas?
Éstas y otras preguntas similares son las que marcaron el rumbo de la
estrategia común de las defensas de Pedraza, la patota de la UF y los
policías federales cuando declararon en la sala los compañeros de
Mariano Ferreyra. Preguntas basadas en una idea central que anima por
igual a los defensores particulares y oficiales: están convencidos de
que, si logran probar que los trabajadores tercerizados y las
organizaciones que los acompañaban querían subir el terraplén y cortar
las vías para instalar públicamente su reclamo; si logran probar que
frente al ataque de la patota y las policías bonaerense y federal, los
compañeros no pusieron la otra mejilla; si logran probar que las
organizaciones tenían elementos para la autodefensa, podrán liberar a
los asesinos de toda responsabilidad.
Esa estrategia, más vieja que la historia, de culpabilizar a la víctima,
se apoya, también, en un hecho irrefutable: el sistema normativo que da
marco a este juicio, y el aparato judicial encargado de aplicarlo, no
es el de los trabajadores y el pueblo, es el que la burguesía construyó
para dar legitimidad a su sistema de explotación.
Seguro que, según el código penal, interrumpir el tránsito, cortar una
vía o hacer un piquete en la calle o frente a una empresa pueden ser
definidos como delitos. Sólo basta que un juez así lo interprete. Vaya
si lo sabremos, con más de 5.000 compañeros sometidos a procesos por
protestar, por reclamar, por defender su dignidad. Van décadas de
defender compañeros por esos “delitos”, o por otros como manifestarse
con la cara tapada o portando un bastón en el cordón de seguridad. Pese a
eso, ¿cuántas veces, cuando la movilización y la organización acompañan
la defensa técnica, hemos derrotado a ese sistema normativo, a ese
aparato judicial, y hemos arrancado la absolución y libertad de tantos
compañeros?. Y a la inversa, ¿cuántas veces les hemos infligido la
derrota inversa, logrando la condena de sus perros guardianes, policías,
gendarmes, prefectos, guardiacárceles y vigiladores privados?
Para defender a los compañeros represaliados, o para condenar a los
asesinos de uniforme, nunca hemos necesitado caer en la lógica del
sistema. Sí precisamos conocerla, para usar sus herramientas técnicas,
porque, mientras gobiernen ellos, no queda otro remedio. Pero nuestra
propia estrategia está guiada por otra lógica, la misma que orienta la
lucha sin tregua contra la opresión. La lógica que explica por qué,
pesar de la presencia de la patota y la policía, los compañeros
decidieron manifestarse el 20 de octubre de 2010, reacomodando el plan
original a lo que realmente podían hacer en las circunstancias que
enfrentaban. Una lógica que coloca al individuo en segundo plano, porque
se priorizan los principios y las convicciones. Una lógica que ellos,
claro está, no pueden comprender.
No vamos a derrotar el plan común de la burocracia sindical y el aparato
represivo estatal en la defensa de los asesinos de Mariano Ferreyra —un
plan tan común como el que diseñaron para ejecutar el crimen— negando
la organización y la lucha. Todo lo contrario. Es con organización y
lucha, y con la verdad, que podremos derrotarlos.
Impunidad en la causa de Tato Mansilla
No confiamos en la justicia. No depositamos ni una sola ficha en su
presunta imparcialidad. Por el contrario, la consideramos el eslabón con
el que la clase dominante cierra y legitima su cadena de impunidad.
Para nosotros, importa más nuestra conciencia que su sentencia.
Ahora bien, cuando denunciamos, cuando abrimos su instancia, cuando nos
presentamos ante ella, lo que hacemos es obligarla, evidenciando sus
hipocresías, poniendo al descubierto sus complicidades, mostrando cómo
actúa en sintonía con los intereses del sistema que la contiene.
Nosotros no hablamos de sus contradicciones, las que tiene, constituyen
la excepción confirmadora de la regla de impunidad que abastecen sus
mecanismos justificadores.
En materia de represión y sobremanera de la preventiva, esa que se
despliega cotidianamente contra los pibes pobres, a modo de apagar
mechas rebeldes antes de que se enciendan, siempre que puede se esmera
por terminar esa tarea específica del estado gerenciador de la sociedad
con privilegios de clase.
Aún sabiendo qué representa, y si se quiere, por eso mismo, la lucha
contra el sistema opresor indica que el suyo, es un territorio donde
estamos obligados a dar batalla.
Si lo sabrá la familia de Jonathan Diego “Tato” Mansilla, asesinado en
el año 2006 en Hurlingham. El gatillo fácil del estado, esa vez en manos
del policía Sergio Daniel Nogueira, lo mató a pocas cuadras de su casa.
La familia, junto a CORREPI, logró quebrar las primeras maniobras de
impunidad que intentaron desplegar. Ni legítima defensa, ni exceso de
esa defensa, un caso típico de homicidio agravado.
Desde 2009, la causa está en condiciones de someterse a debate oral y
público en el Tribunal Oral Criminal Nº 3 de Morón. Desde 2010, el
juicio se viene posponiendo, porque Nogueira —desde luego que en
libertad— argumenta que está deprimido...
Esta semana, el tribunal, con la connivencia de sus peritos oficiales, debe resolver si esa depresión le impide ser enjuiciado.
Encubren, protegen, y, con eufemismos leguleyos convierten el derecho de
defensa en un privilegio de los que están en su misma vereda. Si lo
sabrán todos los familiares de CORREPI.
Dilatar el juicio, cuando llevamos seis años desde el crimen, es atentar
contra la posibilidad de una condena efectiva. Lo sabe Nogueira y la
justicia opera consecuentemente. Ni siquiera hay fecha tentativa de
juicio.
Lo que probablemente no sepan ellos, es que desde CORREPI, por la fuerza
de esos mismos familiares, no abandonamos y reafirmamos: para
disciplinar y consagrar sus privilegios de clase, matan un pibe pobre
por día y revictimizan a sus familias fabricando impunidad. Buscaremos
la sentencia, aunque lo más importante sea tener conciencia del por qué
se niega.
Córdoba: cuando los trabajadores nos organizamos, el estado no puede ocultar su naturaleza represiva
El jueves 23 de agosto, miles de trabajadores cordobeses, entre ellos la
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el sindicato de
los municipales (SUOEM), empleados de los Centros de Participación
Comunitaria, áreas de salud, Luz y Fuerza, el Sindicato de Empleados
Públicos (SEP) y los trabajadores de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC), se manifestaron en los tribunales de la ciudad de
Córdoba, en repudio de la ley 10.087 recientemente aprobada por el
gobierno provincial de De la Sota. Esa ley reduce aún más las
jubilaciones provinciales, con el argumento de que la Anses no
transfiere los fondos de convenios para cubrir el déficit de la Caja de
Jubilaciones de la provincia.
En los alrededores del Palacio de Justicia los esperaba un amplio
operativo policial que incluía a la infantería, antimotines, división
canes y el Equipo Táctico Especial Recomendado (ETER). Mientras los
dirigentes gremiales se encontraban en los tribunales, presentando una
acción de inconstitucionalidad contra la reforma jubilatoria, y una
medida cautelar para que no se aplique la ley impulsada por De la Sota,
afuera, las fuerzas represivas desataron una brutal represión, con gases
lacrimógenos y balas de gomas. Todo, al estilo que nos tienen
acostumbrados los distintos gobiernos, llámense “populares”,
“progresistas” o “de los derechos humanos”, que, a la hora de controlar y
reprimir, dejan de lado sus diferencias y conflictos administrativos
(en este caso los fondos coparticipables y la caja previsional) y
muestran su coincidente naturaleza represiva.
El resultado, 15 trabajadores heridos y tres detenidos. De nuevo, por si
quedaba alguna duda, este hecho demuestra que la represión selectiva,
aquella que se descarga sobre los sectores organizados, cierra pinzas
con la represión preventiva (gatillo, torturas en cárceles y comisarías,
detenciones arbitrarias) descargada masiva e indiscriminadamente sobre
los sectores más explotados y oprimidos por el sistema y forma parte de
una misma política que el estado capitalista –a través de los distintos
gobiernos geográficos y temporales que lo representen-, tiene para
contener la protesta social.
Al igual que con los subtes en Buenos Aires y la represión de los
obreros del Ingenio El Tabacal en Salta, las disputas y conflictos entre
las distintas combinaciones de los gobiernos provinciales y el gobierno
nacional, todos representados por políticos burgueses que defienden los
intereses del capital, terminan en lo mismo, es decir, se resuelven
descargando miseria y balas contra el pueblo.
Una semana de huelga, 34 mineros fusilados y un negocio que defender
Los trabajadores del Sindicato de Mineros y Obreros de la Construcción
(AMCU) de Sudáfrica decidieron ir a la huelga, como parte de un plan de
lucha por mejoras laborales. Una de sus reivindicaciones principales era
llevar el salario de 500 dólares a 1.500.
Esta medida no fue acompañada por el Sindicato Nacional de Mineros
(NUM), el sindicato burócrata oficial del sector minero, que acompaña al
gobierno de Jacob Zuma. Las razones por las que la burocracia se negaba
a acompañar a los trabajadores en su lucha, esta vez estaban más que
claras. Altos funcionarios del NUM, además de sostener negocios con el
gobierno, forman parte de la empresa minera Lonmin, lugar de explotación
donde los mineros decidieron luchar por lo que les corresponde.
Luego de una semana de huelga, la Triple Alianza Antiobrera, esta vez en
Sudáfrica, decidió actuar para defender uno de los negocios más
millonarios del mundo. El gobierno atendió el pedido de la empresa y la
burocracia de desalojar a los trabajadores y movilizó cientos de
efectivos hacia el lugar.
Los policías encerraron a los trabajadores con un cerco de alambres de
púas, para luego reprimirlos con granadas y gases y cuando aquellos
lograron zafarse del cerco, las fuerzas represivas estatales
respondieron con balas, fusilando a 34 mineros.
A este número hay que sumar otros ocho, fusilados la semana anterior, 78 heridos y 259 detenidos.
Después de los fusilamientos masivos, la empresa se abocó a intimidar a
todos los trabajadores sobrevivientes para que regresara al trabajo. Sin
embargo, la huelga continúa.
Por su parte, el gobierno de Zuma ya prometió una "investigación a fondo
de lo ocurrido", pero "lo ocurrido" es que el gobierno, la empresa y la
burocracia, respondiendo a los mismos intereses, se mancharon una vez
más las manos con sangre para sostener las ganancias exorbitantes que
deja la minería sudafricana, donde miles de trabajadores son explotados a
destajo con el fin de proveer al resto del mundo de diamantes y joyas,
que usan quienes los explotan a ellos en Sudáfrica y al resto del pueblo
trabajador en otros países.
Esta vez, los fusilamientos tomaron relevancia mediática, provocando
rechazos en todas partes del mundo, ya que existe un video que se
difundió por internet, donde se muestra a la policía matando a los
mineros. Pero, con video o sin video, en Sudáfrica o en Argentina, hay
algo que ocurre constantemente y que poco tiene que ver con fronteras:
una minoría poderosa contra la mayoría del pueblo trabajador.
Aquí y en todas partes, cuando los trabajadores deciden organizarse para
luchar contra sus explotadores, caen sobre ellos las balas del estado.
El gatillo fácil neoyorquino y las prioridades del capital
Cuando apenas comenzaba a olvidarse el episodio ocurrido durante el
estreno de una nueva película de la serie Batman, cuando un individuo
comenzó a disparar en la sala del cine y causó varias muertes, llegó a
las redacciones la noticia de un hecho que, en un principio, se presentó
como similar: un sujeto alterado protagonizó un tiroteo en la puerta
misma del ícono neoyorquino, el edificio Empire State, hirió a nueve
transeúntes, mató a otro y luego fue certeramente abatido por la
policía.
Con el paso de los días, se supo que el atacante era un empleado
despedido hace un año de una empresa que funciona en el emblemático
edificio de Manhattan, que disparó tres veces sobre el vicepresidente de
la firma. Los otros heridos, cuatro hombres y tres mujeres, en cambio,
fueron víctimas de las balas policiales.
La “explicación” de las autoridades fue que una extraña combinación de
mala suerte y condiciones inusuales causó que las esquirlas de los
proyectiles de punta hueca usados por la policía para derribar al
alienado desocupado hirieran a seis de los nueve transeúntes. Los otros
tres “colaterales”, en cambio, recibieron proyectiles directos, también
policiales, pero de esos no se explicó demasiado.
Las balas de punta hueca o “dum-dum” se caracterizan porque, al
impactar, se abren y expanden, causando mucho más daño a los órganos de
la víctima que las balas blindadas, que, en cambio, perforan de lado a
lado una persona si tienen la velocidad necesaria. En una palabra, es un
proyectil mucho más letal que los encamisados, a tal punto que la
Declaración de La Haya y la Convención de Ginebra prohíben su uso en
tiempos de guerra, y las considera sólo aptas para caza mayor. El
objetivo de una bala, aun en caso de conflicto militar, dicen, es poner
fuera de combate al enemigo, no matar, por eso las balas que se emplean
son blindadas, de bronce o de plomo recubierto de bronce. Las balas de
punta hueca son para matar, no para herir.
Hasta 1998, la policía de Nueva York usaba proyectiles blindados.
Después del escándalo desatado cuando una partida policial disparó 41
balas —y le impactó 19— contra el joven inmigrante africano Amadou
Diallo, porque vieron que tenía algo en la mano (era su billetera, que
sacó para mostrar a los policías una tarjeta que decía “I don’t speak
English”), el entonces alcalde, Rudolph Giulianni, propuso, por “razones
humanitarias” el uso de balas de punta hueca, con el argumento de que,
como producen un daño interno mayor en el impacto, uno o dos disparos
contra el sospechoso bastan para matarlo, sin generar tremendas
balaceras.
Hoy, los medios norteamericanos se preguntan cómo fue, entonces, que
nueve personas recibieron “daños colaterales” por esquirlas y
proyectiles directos, si tan seguras eran las “dum-dum”...
No es menor recordar que, si bien es “tradicional” en Argentina, como lo
han admitido policías enjuiciados por gatillo fácil en numerosas
oportunidades, que intercalen balas comunes o de punta chata con las de
punta hueca en sus cargadores, desde 2008 los grupos especiales, como el
GEOF, están legalmente autorizados para usarlas. Fue, desde luego, el
actual senador kirchnerista Aníbal Fernández, cuando era ministro de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien lo autorizó mediante la
resolución 1.770/08 del ministerio, entonces de Justicia, Seguridad... y
DDHH.
Volviendo a EEUU, el que puso la cara para justificar las nueve víctimas
no fue otro que el ex comisionado de la policía neoyorquina y gurú del
Manhattan Institute, William Bratton. "Como en todo lo que respecta a armas y municiones, hay ciertos sacrificios de una cosa por otra que tienes que hacer", dijo Bratton. Sus prioridades –las prioridades del capitalismo- quedan bien explicadas.
