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viernes, 11 de noviembre de 2011

CUESTIONAN IMPACTOS DEL FERROCARRIL POTASIO RÍO COLORADO

7 de noviembre de 2011 (Agencia de Noticias Biodiversidad).- El 25 de octubre, el FOPERMA (Foro Permanente por el Medio Ambiente) denuncia que el Gobierno de la provincia de Neuquén y la empresa brasileña Vale pretenden obtener la licencia social para el tren del proyecto Potasio Río Colorado (PRC).
El emprendimiento, ubicado en el departamento Malargüe de Mendoza, comprende la extracción y procesamiento de cloruro de potasio y el transporte del fertilizante hasta el puerto de Ing. White (Buenos Aires) a través de una línea férrea de 870 km de extensión.

Diálogo con Silvia Leanza (60), profesora de Geografía, miembro del FOPERMA*
P: El día 27 de octubre se realizó una audiencia pública en Rincón de los Sauces por el tema del convoy de PRC. ¿Cuáles fueron los puntos salientes de la audiencia? ¿Por qué la calificaron de "ilegítima"?
R: Lo que presentaban en esta audiencia pública era el tramo del tren en la provincia de Neuquén, 180 km, una cuarta parte del componente ferroviario. El otro tramo del proyecto es el que va a Chichinales (Río Negro), y para el cual se llamó a una audiencia, que no se cumplió, el año pasado. Ahí se conecta con la empresa Ferrosur Roca hasta llegar a Bahía Blanca, al puerto. Lo que tratan de justificar son los riesgos que este emprendimiento tiene. Va a atravesar una zona de gasoductos y oleoductos muy importante; hay mucha población criancera. También pasa muy próximo a la Reserva Provincial de Auca Mahuida, en Neuquén, y a un proyecto de reserva de biósfera que es el Corredor del Guanaco (Mendoza-Neuquén).
P: En 2015, cuando el emprendimiento ya se encuentre operativo, Vale estima el arribo a Bahía Blanca de una formación de 1,2 km de extensión ―unos 80 vagones― cada 12 horas. ¿Sirvió la audiencia para zanjar las dudas sobre este componente del proyecto?
R: Como foro no participamos de la audiencia. La gente de Rincón de los Sauces había hecho una presentación judicial por falta de información suficiente para la audiencia pública, y la jueza se declaró incompetente; no salió como esperábamos... La Provincia se niega a dar información legible y veraz. De las cinco horas que duró la audiencia, la gente común y corriente solo pudo hablar una hora, y el resto del tiempo fue para la empresa y el Gobierno. Rincón de los Sauces está a casi 300 km de Neuquén capital; las distancias y la desinformación juegan en contra. Estas son las estrategias de la empresa y el Gobierno para invisibilizar el proyecto y que la gente no participe, no opine, no se informe, y que ellos puedan seguir con este negocio.
P: Una de las máximas preocupaciones que expresaron gira en torno al potencial daño ambiental que pudiera derivar del proyecto no solo en Mendoza, sino tambień en las otras provincias que integran la cuenca del río Colorado: La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.
R: Es el daño ambiental, social y económico lo que queda para nuestro país. Uno se pone a pensar que el 95% de la producción de potasio, durante 40 años, es para la exportación a Brasil, y que la soja es la mayor consumidora del fertilizante potásico... ¿Qué va a pasar cuando nuestros suelos empiecen a requerir potasio como fertilizante? Lo vamos a tener que importar. Ahora no lo necesitamos porque los suelos que más potasio requieren son los tropicales y subtropicales, y por eso es que a Brasil le interesa controlar su explotación. Los daños ambientales son equivalentes a los daños que provoca la explotación de los hidrocarburos, porque en sus inicios requiere un millón de metros cúbicos de gas y una gran cantidad de energía eléctrica. Por eso hablamos de la insustentabilidad del proyecto.
P: Según el COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado), la puesta en marcha de la explotación de Vale está fuertemente condicionada a la aprobación de numerosos estudios. Además, sostiene que la participación del organismo en el proceso de evaluación integral de esos estudios representa la opinión de todas las provincias de la cuenca.
R: Nosotros compartimos la opinión que adopta la Defensoría del Pueblo de la Nación ante las presentaciones que hizo el COIRCO en su momento. La Defensoría dice que los impactos del proyectos son integrales, interjurisdiccionales y acumulativos. Nosotros decimos que el proyecto es insustentable e ilegal porque no se lo está abordando integralmente. La interjurisdiccionalidad no aparece y el único ente que la reclama es el COIRCO, pero para el tema agua. Pero ¿qué pasa con el gas y con la conexión del ferrocarril?
P: ¿Y cuál es el estado general de avance de Potasio Río Colorado? ¿Han sido ya tomadas decisiones importantes para la minimización del riesgo ambiental?
R: No sabemos. En Mendoza está en etapa de factibilidad, mientras que en Neuquén estaría en etapa de prefactibilidad. Es un dato de lectura de los diarios; al expediente del proyecto no tenemos acceso. En el caso del ferrocarril no nos dieron la información. No teníamos acceso porque eran más de tres mil páginas distribuidas en por lo menos once carpetas. Yo fui a verlas y tomé nota de los índices de cada carpeta, pero leerlas requiere de un equipo interdisciplinario. Ellos saben perfectamente que nosotros como organizaciones sociales somos tres o cuatro, y que no somos un equipo interdisciplinario. Estas audiencias públicas son armadas para cumplir con un artículo de la ley [Nro. 1875], para legimitar el proyecto.
P: Una producción de PRC estimada en 2,4 millones de toneladas de cloruro de potasio por año posicionaría a la Argentina, según la misma empresa, como uno de los principales productores de fertilizante del mundo. En este escenario, ¿ven alguna oportunidad cierta de desarrollo para las poblaciones de la cuenca?
R: No, porque el 95% de la producción va a ser para la exportación. La comunidad más importante es Rincón de los Sauces, a 60 km del yacimiento. Bajo el paraguas de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), tiraron US$11 millones. ¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo y crecimiento? No se sabe cuánta va a ser la mano de obra local. Y si la hay, es transitoria.

* Por el OCRN (Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales) en alianza con Acción por la Biodiversidad.