Igualmente ocurre con los militantes de Asambleas Ciudadanas, que si bien se encuentran amparados por la legislación Provincial, Nacional e internacional, en sus acciones de defensa de sus derechos a la autodeterminación de los pueblos, la defensa de la "soberanía" y de sus derechos básicos, son judicializados por miembros de gobiernos y empresas por igual. Tal vez sea la hora de entender que ambas luchas tienen un mismo enemigo, que lo único que pretende, es la aplicación de planes económicos y políticos que les permitan saquear sin ser molestados. Desde la última dictadura cívico-militar hasta hoy, nunca se modificó el rumbo político, llevando a las organizaciones populares-de pueblos originarios o no- a tener que luchar contra el saqueo y la explotación.
A continuación, reproducimos un COMUNICADOS DE PRENSA:
Adhesiones Comunidades Ancalao y Huaytekas
Los abajo firmantes, investigadores de distintos organismos de Ciencia y Tecnología del país, docentes de las distintas Universidades Nacionales y miembros de organizaciones sociales, expresamos nuestro repudio ante los dictámenes de desalojo sufridos por la Comunidad Ancalao, ancestralmente ubicada en lo que hoy es el Departamento Ñorquin-co y la Comunidad Las Huaytecas, asentada en los actuales parajes de Los Repollos y El Foyel, ambas en la Provincia de Río Negro.
Una vez más, estas comunidades están siendo víctimas del despojo territorial, resultado de ventas fraudulentas, mensuras y continuas enajenaciones avaladas por el poder político provincial y amparadas por los jueces Emilio Riat y Ricardo Calcagno, que dictaminando estas acciones, legalizan la injusticia. Estos magistrados defienden a las personas que han usurpado en primera instancia los territorios ancestrales de ambas comunidades, hoy conocidos como “privados” o “terratenientes”, que en el caso de la Comunidad Ancalao y la Comunidad Huytekas son Sede y José Luis Martínez Pérez. De esta manera, dictan sentencias arbitrarias y discriminatorias en clara defensa de la propiedad privada, desestimando las leyes vigentes que reconocen la posesión ancestral y tradicional de las comunidades indígenas.
Por lo tanto, denunciamos junto con estas comunidades, la manera en que se incumple en Argentina la legislación que esta vigente en materia de derecho indígena tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional. Particularmente, la vulneración de los principios constitucionales, presentes en el Artículo 75 inc. 17, y la violación de leyes específicas, que como la 26.160, suspenden los desalojos de las comunidades.
Asimismo, los desalojos en la Comunidad Ancalao y en la Comunidad Huaytecas se ven acompañados de otros hechos a nivel nacional que los enmarcan en un contexto de sistemática violencia contra las distintas comunidades indígenas a lo largo y ancho de la Argentina. Casos como los de Ancalao y Huaytekas, sumados a los de la Comunidad Santa Rosa-Leleque, a los de la Comunidad Sepulveda, a los del la Comunidad Loncón, y a los hechos de público conocimiento en la Comunidad La Primavera en Formosa, son sólo ejemplos de cómo a pesar de los derechos reconocidos en los papeles, en la práctica se sigue adelante con una política de despojo que pone en riesgo la vida y los derechos de los Pueblos Indígenas.
Ciudad de Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
