Minería, basurales a cielo abierto, agroquímicos, contaminación fueron algunos de los negocios criticados por sus costos humanos. Y también el silencio que logran tejer en provincias enteras con su poder económico.
Por Darío Aranda
Esquel (Página 12).- Rechazar el modelo extractivo fue el centro del nuevo Encuentro de Asambleas Ciudadanas, que reunió organizaciones sociales y activistas de todo el país. Minería a gran escala, basurales a cielo abierto, monocultivos industriales, agrocombustibles, contaminación de recursos hídricos, represas, plantas de celulosa, agroquímicos, contaminación industrial urbana, fueron algunos de los negocios criticados. Es que “privilegiar los negocios por sobre la vida no sólo tiene sus costos ambientales, también tiene consecuencias sociales, económicas y sanitarias”
La larga lista de ejemplos concretos que se manejó en este encuentro va del alud de Tartagal a la muerte de indígenas desnutridos en Chaco, pasando por el desmonte masivo en Santiago del Estero, la sequía atroz de Córdoba, los niños fumigados de Santa Fe, la expulsión violenta de campesinos e indígenas y la pérdida de soberanía alimentaria.
En el Valle de Punilla, una de las clásicas zonas de turismo en Córdoba, nació hace cuatro años la Asamblea Ongamira Despierta. Había circulado la noticia de que una compañía internacional estaba avanzando con cateos para extraer oro. Con el antecedente fresco de Esquel, los vecinos se organizaron y comenzaron las movilizaciones, denuncias y reclamos al municipio y la provincia. Una decena de pueblos cercanos, de entre cinco y quince mil habitantes, veían peligrar su forma de vida, con el agravante de que el yacimiento estaba cerca de nacientes hídricas. La movilización fue tan grande que la legislatura tuvo que prohibir la minería metalífera en toda la provincia. Fue el primer triunfo de la Asamblea, en septiembre de 2008. “Insistimos en que el modelo de extracción y contaminación es uno, con varios rostros, pero es un solo modelo”, machaca una y otra vez Titina Romero, de Villa Giardino, 67 años, jubilada, porteña de nacimiento, cordobesa por adopción.
Como para demostrarlo, está el problema también cordobés de la capital provincial. Desde hace dos años, los asambleístas de Córdoba resisten la instalación de un enorme basural que el gobierno local pretende abrir en La Falda, zona también turística y con nacientes de ríos. Hasta ahora, la basura de Córdoba Capital se lleva al gigantesco basurero en Bower, en las afueras. En los últimos veinte años se construyeron verdaderas montañas y por las denuncias y la movilización de los vecinos la Justicia determinó que este 31 de marzo el basural debe cerrarse. El gobierno de Córdoba está en cuenta regresiva. Romero propone que en lugar de inundar una comunidad con basura se debata cómo reducir los desechos y cómo reciclar. Pone como referencia a Villa Giardino, donde ya se recicla el 30 por ciento de los desechos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) cuenta con una comisión permanente de “legales” y con una Red de Asistencia Jurídica (Redaj). Romina Tello Cortez integra ambos espacios, detalla que se crearon por necesidad ante las persecuciones judiciales de los asambleístas y no duda: “Existe una criminalización constante de la lucha de las asambleas”. Afirma que en todas las provincias se repite la misma metodología. Cuando comienzan los cortes de ruta, fiscales y funcionarios hacen el trabajo sucio: presentan denuncias penales y amenazan con la cárcel. “Cuando observan que la resistencia sigue firme, viene la represión”, señala y ofrece como muestra lo sucedido en Andalgalá en febrero, con una decena de presos y una veintena de heridos.
Federico Zini tiene 23 años, estudia seguridad e higiene laboral, atiende un kiosco y milita en la Asamblea Sanjuanina Contra la Contaminación y el Saqueo. En tiempos donde mucho se debate la ley de medios audiovisuales, tiene una certeza poco conocida fuera de Cuyo. “En San Juan ningún medio masivo puede criticar la minería. Las radios, los diarios y los canales de televisión parecen manejados por las empresas mineras y, claro, el gobierno provincial, que pareciera empleado de empresas como Barrick Gold.” Dos anécdotas grafican la incomunicación. Todos los martes, desde hace cinco años, la Asamblea se reúne en la plaza principal de la provincia (25 de Mayo). Sin importar la concurrencia, jamás un medio masivo de San Juan dio cuenta de su existencia, ni para criticarlos. Segunda anécdota: el 7 de junio de 2009, el gobierno de San Juan prohibió la venta de una revista dominical que se entrega con los principales diarios de la región. La publicación (llamada Rumbos, de Editorial La Nación) contenía un artículo crítico a la minería. La increíble censura, reconocida incluso por el mismo gobernador José Luis Gioja, consistió en secuestrar (literalmente) todas las revistas antes de su distribución.
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