17 de diciembre(Red ECO).- 
Mientras
 las manchas de sangre de Teresa Rodríguez y de Carlos Fuentealba están 
aún frescas en la memoria y el territorio neuquino, los soldados del 
Estado provincial siguen disparando en las manifestaciones. Un diciembre
 más que represivo llegó este 2017 para recordarnos que el Movimiento 
Popular Neuquino, desde hace casi sesenta años, se adapta al gobierno de
 turno. El destino de estas balas de fin de año: el pueblo trabajador. 
Allanamientos a luchadorxs, absolución para torturadores y destrozos a 
monumentos que reflejan luchas decoran el arbolito. 
Por RNMA
Noviembre allanadoEl
 18 de noviembre, por orden del juez Diego Piedrabuena, fueron allanadas
 viviendas de militantes sociales tanto de Neuquén como de Cipolletti 
(Río Negro) en un operativo conjunto entre las fuerzas policiales de 
ambas provincias. 
Ingresaron a las casas particulares de Nadia 
París y Fermín Martínez, del tío de Nadia París –que además es 
sobreviviente de la última dictadura cívico militar y testigo en las 
causas conocidas como “Escuelita”-, de Marco Painevil, de Ruben Wani, de
 Carmen Antilef y de Ricardo Rosales. La mayoría de ellxs habían estado 
participando el día anterior de una actividad frente al Juzgado Federal 
N°2 para exigir la libertad del logko Facundo Jones Huala.

El
 objetivo de los allanamientos fue encontrar elementos que lxs vinculen 
con la Resistencia Ancestral Mapuche, desde carteles con inscripciones 
políticas hasta pinturas, instrumentos para confeccionar sténciles, 
agendas personales, elementos iniciadores de fuego, remeras con 
inscripciones políticas, simbología mapuche y demás.
A pesar de no
 haber encontrado elementos incriminatorios en ninguna de las viviendas,
 no solo se llevaron demorado por algunas horas a Fermín Martínez, sino 
que además robaron de las casas papeles personales, cuadernos de la 
infancia, carteles con el rostro de Daniel Solano, de Luciano Arruga, de
 Julio López, entre otros, pendrives, computadoras, un diccionario 
mapuzungun, etcétera. A Carmen Antilef, papay de más de 60 años, la 
intimidaron, le rompieron hasta la bolsa de harina con la que elabora 
sus alimentos, intimidaron a sus nietas pequeñas. A Ricardo Rosales 
–militante del Partido de Trabajadores Socialistas- le dijeron que “se 
quede piola” para no “pasarla mal”. 
No obtuvieron nada de lo que buscaban, pero se encargaron de que se sepa que todxs estamos bajo su lupa.
Calles Militarizadas
Desde
 comienzos de agosto, las manifestaciones y represiones policiales en 
Neuquén se hicieron sistemáticas. En las marchas hasta la sede de 
Gendarmería Nacional exigiendo la aparición de Santiago Maldonado, las 
fuerzas represivas se multiplicaron para cuidar la “seguridad” del 
edificio. Así, al subir por la Avenida Argentina podían verse los 
vallados frente a los edificios a donde hace cuarenta años acudían 
familiares de desaprecidxs de la región rogando información que jamás 
obtuvieron. La sede del Juzgado Federal en el centro neuquino era 
custodiada en cada marcha por distintas fuerzas policiales: el día 1ro 
de cada mes, cuando apareció el cuerpo de Santiago, el 25 de noviembre 
tras el fusilamiento de Rafael Nahuel y en cada una de las 
manifestaciones que se vienen desarrollando para resguardar los derechos
 humanos en la provincia.
Lo primero es la salud
Como
 no se veía desde el 2013, la represión policial del Estado de Neuquén 
se instaló en el centro el último día de noviembre para quedarse. La 
última gran represión en el Alto había sido ese año cuando se votaba en 
la Legislatura el pacto de la provincia con YPF y Chevrón. Entonces, 
afuera las balas de goma y plomo y los gases volaron por más de ocho 
horas ininterrumpidas.
Desde hace más de un mes y medio, lxs 
trabajadorxs nucleadxs en ATE Salud se encuentran reclamando por su 
Convenio Colectivo de Trabajo y contra los descuentos que les están 
aplicando. El gobierno, negado a solucionar el conflicto, comenzó a 
responder, pero con balas y gases.

El
 30 de noviembre, la policía provincial reprimió brutalmente a 
trabajadorxs de limpieza terciarizadxs que reclamaban en la lavandería 
del Hospital Provincial Castro Rendón. Balas, golpes y gases dejaron un 
saldo de más de setenta heridxs, de lxs cuales al menos tres revistieron
 gravedad por la cercanía desde la cual recibieron los disparos. Dos 
eran trabajadorxs de prensa. El gobierno argumentó que era necesario 
garantizar el servicio de salud. Sin embargo, poco le preocupó que lxs 
pacientxs que en ese momento se encontraban en el hospital terminaran 
siendo víctimas de lo que las fuerzas de “seguridad” a su disposición 
provocaron.
El 13 de diciembre comenzó una seguidilla de 
represiones que hizo una pausa este viernes, tras haber solicitado la 
Defensoría del Pueblo y el Obispado una reunión de mediación entre el 
gobierno y lxs trabajadorxs que se concretará mañana lunes. 

Ese
 miércoles, trabajadorxs de ATE se encontraban reclamando afuera de la 
Casa de Gobierno. Al mismo lugar habían llegado organizaciones sociales 
exigiendo un bono de fin de año. En el interior del edificio 
trabajadoras de Salud habían ingresado a informar que les realizaron 
descuentos que no correspondían y quedaron encerradas durante casi dos 
horas. Afuera, la policía desató una represión con balas de goma y gases
 que duró más de cinco horas, desplazándose por los alrededores de la 
Gobernación. 
Al día siguiente el escenario fue muy similar: una 
manifestación contra la reforma previsional llegó hasta la Casa de 
Gobierno, en cuyo exterior estaban lxs trabjadorxs de ATE. De inmediato 
se desató una brutal represión que se extendió hasta las 14:30. 

El
 viernes la situación se trasladó, ya que lxs trabajadorxs decidieron 
llevar su reclamo al Centro de Administración Ministerial, en el barrio 
Islas Malvinas, y las fuerzas represivas dieron la misma respuesta: 
balas y gases, esta vez no solo contra quienes reclamaban, sino también 
contra viviendas aledañas. La violencia estatal se reprodujo durante 
unas dos horas más. Uno de lxs heridxs fue un periodista de Radio LU19, 
quien recibió un balazo de goma muy cerca del ojo.
El lunes 18 de
 diciembre a las 11.00, ante una citación de la Defensoría del Pueblo y 
el Obispado de Neuquén, habrá una reunión entre ATE y el gobierno en 
busca de una solución que, esperemos, sea sin represión.
Queremos trabajar
Desde
 el 5 de julio, Madereras Al Mundo permanece cerrada y sus trabajadorxs 
ocupando la fábrica para recuperar sus puestos de trabajo, tras ser 
deshechadxs por el empresario Adrián Bergese.
El viernes 8 de 
diciembre, feriado nacional, sorpresivamente el Grupo Especial de 
Operativos Policiales llegó a la fábrica ubicada en Ruta 7 y descargó su
 violencia, avalado por la jueza Ana Malvido y el fiscal Pablo 
Vignarolli. 
Pegaron y dispararon por la espalda. Así lo 
constatan las marcas en los cuerpos de lxs obrerxs y lxs militantxs, que
 debieron ser asistidxs por la profundidad de las heridas, lo que además
 da muestra de la saña y la cercanía con las que fueron golpeadxs.
Punto
 y aparte merece el ataque al diputado provincial del PTS en el FIT Raúl
 Godoy, a quien le quebraron el peroné de un disparo. “A este lo dejamos
 fuera de servicio por tres meses”, dijeron los uniformados según 
relatan los testimonios. 
Inmediatamente después del desalojo se 
realizó un corte de ruta. El lunes se marchó en repudio a lo sucedido y 
desde ese día lxs trabajadorxs continúan resistiendo con un acampe en la
 puerta de la fábrica.
Mentime que me gusta
El
 jueves por la tarde, algunxs de lxs ministros del gobernador Omar 
Gutiérrez brindaron una conferencia de prensa para llevar tranquilidad a
 la población. En sintonía con el discurso nacional, pusieron el foco de
 la violencia del lado de lxs manifestantxs, criminalizaron la lucha, 
minimizaron la represión, evadieron preguntas e informaron que abrirían 
causas contra militantxs.
El Ministro de Gobierno y Justicia 
Mariano Gaido dijo no comprender la actitud del gremio porque “el 
gobierno plantea el diálogo de manera permanente”, mientras lo único que
 sí viene sucediendo de manera permanente es la represión.
El 
Subsecretario de Seguridad Gustavo Pereyra declaró que en los hechos del
 viernes –CAM- hubo “violencia premeditada” porque lxs manifestantxs 
tenían escudos. Además de escudos, sabemos, tenían las marcas de los 
impactos de los perdigones de goma en la piel desde los días anteriores.
 El funcionario también estigmatizó a Islas Malvinas asegurando que “en 
un barrio tan popular, como son las adyacencias del CAM, muchos jóvenes 
se sumaron a estos actos de violencia y de delito”.
Torturas como función policial
Los
 penitenciarios Martín Castillo, Gastón Rosas, Sergio Catalán, Gustavo 
González y Mirko Bernardelli fueron juzgados en el 2015 por aplicar 
diferentes torturas en 2009 –entre ellas submarino seco- contra internos
 de la Unidad Penitenciaria N°11 de Neuquén, entre quienes se encontraba
 Cristian Ibazeta, asesinado tras las denuncias. 
En aquella 
instancia, los represores fueron absueltos por la Justicia y la 
querella, representada por el organismo de DDHH Zainuco, pidió que el 
juicio se vuelva a realizar. Sin embargo, el martes 12 de diciembre los 
magistrados Raúl Aufranc, Juan Pablo Balderrama y Leandro Nieves 
confirmaron que torturar presos es parte de la función policial.
Odiar la lucha, querer asustarEn
 medio de esta feroz escalada represiva, dos hechos para nada aislados 
de la coyuntura buscan sumar al intento de atemorizar a lxs que luchan.
El
 6 de diciembre el monolito que en la ruta 22 recuerda al maestro Carlos
 Fuentealba en el sitio en el cual fue fusilado por la policía , fue 
atacado a mazazos. El 13 de diciembre, el cerámico que recuerda al 
reportero gráfico José Luis Cabezas en la plazoleta neuquina que lleva 
su nombre fue destrozado. 
No parece casual que elijan estos dos 
símbolos para atacar, siendo que representan a dos sujetxs que fueron 
blanco del aparato represivo al servicio del gobierno provincial. Uno de
 ellos asesinado por luchar, el otro por mostrar lo que no le convenía 
al poder.
La marca del bigoteEl Movimiento 
Popular Neuquino está enquistado en la cima del poder de la provincia 
desde su fundación en 1961. Se caracterizó absolutamente siempre por 
amoldarse, a como dé lugar, al gobierno nacional que estuviera de turno y
 esta coyuntura no es la excepción.
En materia represiva, Omar 
Gutiérrez se “portó bien” hasta que llegaron los comicios de octubre y, 
por primera vez en más de cincuenta años en el poder, el MPN perdió una 
elección ante el incipiente PRO. Entonces, descubrió que tenía que 
acoplarse inmediatamente para mantener sus puestos. 
Y volvió a disparar.
Fotos: Juan José Thomes, Iris Sánchez, Fabian Ceballos, Gustavo Figueroa, Cadena Sur
Imagen: Carolina Butrón