El Bolsón (ANPP).-LOS ESTATALES RECHAZAN EL ÚLTIMO AUMENTO SALARIAL Y PIDEN EL FIN DE LAS BECAS EN LA PROVINCIA
PARO 19/4: EN EL ALTO VALLE ATE SE MOVILIZARÁ A LOS PUENTES DE CIPOLLETTI Y NEUQUÉN A LAS 10 HORAS
(16/04/16) La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) continúa
definiendo la modalidad que en cada región de la provincia tendrá el
Paro Nacional de 24 horas del próximo martes 19 de abril.
En el caso del Alto Valle, las seccionales que nuclean a las principales
ciudades definieron movilizarse a los puentes carreteros que unen las
ciudades de Cipolletti y Neuquén a las 10 horas.
La medida de fuerza fue convocada para los trabajadores del Estado
Nacional, de todas las dependencias públicas provinciales, comisiones de
fomento y municipios con conflictos salariales.
Los estatales rechazan el último aumento salarial otorgado por el
Gobierno de Río Negro, piden el adelantamiento de la última cuota y la
reapertura de las paritarias.
El sindicato también exige al Gobernador Alberto Weretilneck que ponga
fin a la precarización laboral y termine con las becas como mecanismo de
contratación de personal en el Ministerio de Desarrollo Social. En la capital de la provincia, Viedma, la movilización será en las puertas de dicho Ministerio
y congregará además a estatales de otras ciudades de la Zona Atlántica,
como San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande y Valcheta. Es que
uno de los mayores cuestionamientos que tienen los trabajadores es hacia
la gestión de Fabián Galli, quien ha abusado de éste sistema y ha hecho
una utilización política perversa de ese mecanismo, aumentando
drasticamente la cantidad y el destino laboral de las mismas.
En el Estado Nacional, ATE demanda el adelantamiento de la discusión
salarial y la inmediata reincorporación de todos los trabajadores
despedidos en distintos organismos, la eliminación del impuesto a las
ganancias, el 82% móvil para todos los jubilados, la derogación de la
Ley Antiterrorista y del Protocolo Antipiquetes.
Por último, la entidad informó que restan definir las acciones que se
realizarán durante esa jornada en la Zona Atlántica y que en las
próximas horas se informará sobre los puntos de concentración en las
ciudades de San Carlos de Bariloche y el Bolsón
Audio aquí: https://goo.gl/3nJSKM
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Para ampliar información pueden comunicarse con
Rodolfo Aguiar - Sec Gral ATE RÍO NEGRO - 0298 154502024
Aldo Capretti - Sec Gral Adjunto ATE RÍO NEGRO - 02920 15512593
sábado, 16 de abril de 2016
viernes, 15 de abril de 2016
DECLARACIÓN DE SOCORRITAS EN RED
El Bolsón (ANPP).- Compartimos la declaración de las compañeras de Socorristas en Red, mujeres que acompañan a otras mujeres a abortar de manera segura. En la comarca Andina: .0294-4311
Declaración de la 5ta. Reunión Plenaria Nacional de Socorristas en Red (feministas que abortamos)
“El Estado abandona a las que abortan, nosotras NO.
Aborto legal, libre y feminista para América Latina y el Caribe”.
Las colectivas que integramos Socorristas en Red reunidas los días 24, 25, 26 y 27 de Marzo de 2016, semana de conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 40 años del golpe genocida cívico, patronal, militar y eclesiástico, declaramos en ferviente manada que ¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! y vociferamos que “El aborto inseguro es terrorismo de Estado”.
Las deliberaciones al calor de la convocatoria para repudiar el golpe genocida avalado por un sinnúmero de complicidades que nos despojaron de todo derecho, de toda vida, de todo cuerpo, comenzaron con la definición de seguir creando nuevas herramientas de resistencia y unir nuestra presencia a la de cientos de miles de personas que salieron a la calle en todo el país este 24 de marzo. Allí estuvimos, cuerpo a cuerpo en la calle junto a la Colectiva Lohana Berkins recientemente conformada, a modo de reconocimiento de lo que Diana Sacayán y Lohana Berkins, nos mostraran y transmitieran. Maestras en las que decidimos espejarnos y nutrirnos. ¡Presentes, Ahora y siempre! Por que como exclamó a los cuatro vientos la mariposa Lohana, la revolución es ahora, y estamos trabajando para que así sea. Somos las hijas de la subversión, las nietas de todas las brujas chamanas aborteras que no pudieron quemar.
En esta 5ta Plenaria participamos 30 grupas feministas socorristas del país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde Cuyo hasta la Costa. Proyectamos que la Red siga creciendo. Para que cada vez más personas con necesidad de abortar lo hagan sin riesgos para su salud y/o su vida.
El aborto insiste y es urgencia de las 500 mil mujeres que cada año acuden a la práctica en Argentina. La urgencia del aborto no espera, porque el aborto es, está siendo. Cada día, todos los días.
La lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos persiste y nos llama a profundizar el compromiso con este primer territorio de disputa: nuestros cuerpos. Recuperamos para ello la voz y la palabra, visibilizando y desclandestinizando un acontecimiento tan cotidiano como silenciado: las prácticas de abortar. Recuperamos para eso la importancia de la colectivización de las experiencias, las luchas, los reclamos, los saberes. La práctica socorrista extiende los límites de lo posible. Cuatro años de activismo y de lucha abortera, encarnada en diversas estrategias políticas, entre ellas la acción directa, hicieron posible la continuidad, extensión y profundización de los modos de activismo que nos permiten evaluar la potencia política de las socorristas que vamos siendo.
Nos permitieron también, durante el 2015, sistematizar nuestro acompañamiento feminista a 2.894 mujeres, quienes accedieron a abortos seguros, libres y de calidad. Cada aborto que acompañamos es una historia de vida. Nuestros registros sirven para generar saberes, estadísticas reales y tangibles surgidas de los acompañamientos cara a cara con miles de mujeres de todo el país. En este sentido, la edición del libro Código Rosa - Relatos sobre abortos y la travesía de presentaciones por numerosas provincias, permitió instalar otras narrativas sobre el aborto y sobre quiénes somos las mujeres que abortamos, interpelando saberes heteropatriarcales.
Celebramos las articulaciones logradas con sectores de salud, en particular con quienes se nuclean alrededor de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Abogamos por prácticas garantistas de derechos e interpelamos los saberes médicos hegemónicos, propugnando prácticas de salud comunitarias y colectivas.
Durante el 2015 el trabajo sostenido de Socorristas en Red se pronunció respecto de la extensión de lazos más estrechos con América Latina. La presencia en esta 5ta. plenaria de compañeras de Ecuador (colectiva Las Comadres), Brasil (Marcha Mundial de Mujeres) y Chile (Aborto Libre) en el trabajo de estos días nos muestra la continuidad de lo pergeñado en la Plenaria Nacional de 2015 en la que comenzamos a pensar las articulaciones de la Región y a definir acciones conjuntas. Nuestro mayor deseo político es el desborde de este activismo más allá de los límites de nuestro territorio. Reafirmamos entonces nuestra voluntad de reforzar aún más los lazos de sororidad con nuestras compañeras latinoamericanas, promoviendo la construcción a mediano plazo de una Red Latinoamericana de Feministas que acompañamos a abortar a toda persona con capacidad de gestar que así lo decida. En este sentido, la presencia de la compañera Susan Yanow de Women help Women implicó un gran aporte para continuar proyectando coordinaciones de experiencias.
En cada aborto clandestino reconocemos a una persona abandonada por el Estado. En tanto se siga ignorando esta realidad cotidiana del aborto, seguiremos acusando al Estado y sus representantes de ser cómplices del fabuloso lucro de los proxenetas del aborto, quienes especulan con la clandestinidad y el miedo para enriquecerse.
Ratificamos una vez más la lucha por la despenalización y legalización en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y reclamamos acciones contundentes en ámbitos legislativos por parte de las diputadas y diputados que firmaron los sucesivos proyectos de ley presentados desde el 2007, quienes jamás desplegaron el compromiso político necesario para que se apruebe la legalidad del aborto en Argentina. A ellas y ellos responsabilizamos por la dilación de casi 10 años en el tratamiento del proyecto. Exigimos el urgente tratamiento del proyecto de ley.
Interpelamos al sistema de salud, demandando que garantice la aplicación de las causales de aborto legal en todos los hospitales y centros de salud del país. Que desde el Ministerio de Salud de la Nación se provean los medios necesarios para se cuente con la medicación adecuada y la capacitación que las prácticas requieren y que no se persiga a aquellxs profesionales de la salud que aplican las leyes y el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo vigentes.
Estamos atentas a que el desmantelamiento del programa de Salud Sexual y Procreación Responsable traerá consecuencias nefastas a la hora de evitar embarazos no deseados y de garantizar el acceso a anticonceptivos, contraceptivos e insumos para la realización de interrupciones legales de embarazos (ILE), cuya provisión ya se encuentra discontinuada en numerosos centros de salud de todo el país. Exigimos al gobierno de Mauricio Macri y “Cambiemos”, así como a todos los gobiernos provinciales, su efectivo cumplimiento y la observancia de todas las leyes y protocolos que de allí surgieron.
Estamos empeñadas en seguir activando junto a muchos otros sectores y movimientos en la despenalización social del aborto, convencidas que nos merecemos otro estatus político y cultural en relación a este derecho que tomamos por asalto. A diez años de la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, insistimos en el reclamo por una educación pública, laica y antidiscriminatoria que interpele el sexismo, el androcentrismo, el heterosexismo y la maternidad forzosa.
Las mujeres abortamos desde tiempos inmemoriales y lo seguiremos haciendo juntas a la par.
Las socorristas acompañamos y con este hacer construimos un feminismo que corre los límites de nuestra autonomía recuperando poder sobre nuestros cuerpos y confianza en nosotras mismas, en una construcción pedagógico-feminista dialéctica y horizontal, que se nutre de escuchas atentas y cuerpos presentes. Deseo y acción política arriesgada del cuerpo a cuerpo que apela a la construcción de la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas. Estamos convencidas de que en el tránsito hacia la autonomía se recorre el camino a la libertad, y hacia ahí nos dirigimos, hermanadas y en manada.
Desde nuestra militancia socorrista feminista abortera, accionamos en contra de la lógica del capitalismo colonialista heteropatriarcal que, entre tantas otras alienaciones, somete a las mujeres al mandato reproductivo que lejos está de ser una bendición (como se intenta propagandizar desde los sectores conservadores, eclesiásticos y hegemónicos) y en muchos casos tiene por finalidad generar mano de obra con el propósito de satisfacer la insaciable demanda neoliberal de trabajadorxs precarizadxs o semi esclavxs para las potencias neocolonialistas.
En este contexto cabe destacar que en la mayoría de los casos del mapa político mundial, los países con legislación antiaborto más represiva -como ocurre con la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe- son aquellos que proveen de mano de obra a los países "desarrollados" donde -no casualmente- existe mayor flexibilidad en relación a la práctica. Pero además la flexibilidad primermundista es parcial y la supuesta universalidad que garantizan esas leyes es una falacia; se trata de sistemas clasistas, racistas y heteronormados en los que sólo acceden a abortos seguros las personas pertenecientes a los sectores social y económicamente privilegiados, mientras se condena a las pobres, migrantes y excluidas a continuar arriesgando su salud, su libertad y su vida para abortar.
Nuestro hacer feminista construye, en el cotidiano de cada día, una política para un mundo horizontal, sororo, que desafíe el sistema de valores que nos arrebata nuestras vidas. Y desde nuestro accionar socorrista estamos prefigurando los abortos que exigimos: legales y libres.
No olvidamos, No perdonamos. Las muertes por abortos inseguros en la Argentina son femicidios de Estado. El Estado abandona a las mujeres que abortan, nosotras NO.
¡Aborto legal, libre, seguro y gratuito para decidir en Argentina y en toda América Latina y el Caribe!
¡Aborto legal libre, seguro y gratuito para las mujeres de todo el mundo!
Firmamos esta declaración Socorros Rosas de: Córdoba, Neuquén, Chos Malal, Región de los Lagos (San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura), Comarca Andina del Paralelo 42º, Fiske Menuco (Gral. Roca), Villa Regina, La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Morón, Moreno, Paraná, Rosario, Rafaela, Zona Norte del Conurbano bonaerense, San Luis, San Juan, Salta, Mendoza, Chaco, Jujuy, Posadas, Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Pampa, La Matanza, Villa Urquiza, Ushuaia, Villa Mercedes, Villa Gesell.
La Plata, Argentina. Abril de 2016
Socorristas en Red (feministas que abortamos)
www.socorristasenred.org
Contactos de prensa:
María Elena Ale 0343 - 154065584 mariaelenaalea@gmail.com
Lidia Zurbriggen 0351 - 156690457 lidiazur2002@yahoo.com.ar
Luciana Campilongo 0221 - 156147560 luzianitta@hotmail.com
Daniela Andreassi 02255- 15404527 danutian@arboer.com.ar
Andrea Laura González 0299 - 154201498 andreagonzalez@elbolson.com
Declaración de la 5ta. Reunión Plenaria Nacional de Socorristas en Red (feministas que abortamos)
“El Estado abandona a las que abortan, nosotras NO.
Aborto legal, libre y feminista para América Latina y el Caribe”.
Las colectivas que integramos Socorristas en Red reunidas los días 24, 25, 26 y 27 de Marzo de 2016, semana de conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 40 años del golpe genocida cívico, patronal, militar y eclesiástico, declaramos en ferviente manada que ¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! y vociferamos que “El aborto inseguro es terrorismo de Estado”.
Las deliberaciones al calor de la convocatoria para repudiar el golpe genocida avalado por un sinnúmero de complicidades que nos despojaron de todo derecho, de toda vida, de todo cuerpo, comenzaron con la definición de seguir creando nuevas herramientas de resistencia y unir nuestra presencia a la de cientos de miles de personas que salieron a la calle en todo el país este 24 de marzo. Allí estuvimos, cuerpo a cuerpo en la calle junto a la Colectiva Lohana Berkins recientemente conformada, a modo de reconocimiento de lo que Diana Sacayán y Lohana Berkins, nos mostraran y transmitieran. Maestras en las que decidimos espejarnos y nutrirnos. ¡Presentes, Ahora y siempre! Por que como exclamó a los cuatro vientos la mariposa Lohana, la revolución es ahora, y estamos trabajando para que así sea. Somos las hijas de la subversión, las nietas de todas las brujas chamanas aborteras que no pudieron quemar.
En esta 5ta Plenaria participamos 30 grupas feministas socorristas del país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde Cuyo hasta la Costa. Proyectamos que la Red siga creciendo. Para que cada vez más personas con necesidad de abortar lo hagan sin riesgos para su salud y/o su vida.
El aborto insiste y es urgencia de las 500 mil mujeres que cada año acuden a la práctica en Argentina. La urgencia del aborto no espera, porque el aborto es, está siendo. Cada día, todos los días.
La lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos persiste y nos llama a profundizar el compromiso con este primer territorio de disputa: nuestros cuerpos. Recuperamos para ello la voz y la palabra, visibilizando y desclandestinizando un acontecimiento tan cotidiano como silenciado: las prácticas de abortar. Recuperamos para eso la importancia de la colectivización de las experiencias, las luchas, los reclamos, los saberes. La práctica socorrista extiende los límites de lo posible. Cuatro años de activismo y de lucha abortera, encarnada en diversas estrategias políticas, entre ellas la acción directa, hicieron posible la continuidad, extensión y profundización de los modos de activismo que nos permiten evaluar la potencia política de las socorristas que vamos siendo.
Nos permitieron también, durante el 2015, sistematizar nuestro acompañamiento feminista a 2.894 mujeres, quienes accedieron a abortos seguros, libres y de calidad. Cada aborto que acompañamos es una historia de vida. Nuestros registros sirven para generar saberes, estadísticas reales y tangibles surgidas de los acompañamientos cara a cara con miles de mujeres de todo el país. En este sentido, la edición del libro Código Rosa - Relatos sobre abortos y la travesía de presentaciones por numerosas provincias, permitió instalar otras narrativas sobre el aborto y sobre quiénes somos las mujeres que abortamos, interpelando saberes heteropatriarcales.
Celebramos las articulaciones logradas con sectores de salud, en particular con quienes se nuclean alrededor de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Abogamos por prácticas garantistas de derechos e interpelamos los saberes médicos hegemónicos, propugnando prácticas de salud comunitarias y colectivas.
Durante el 2015 el trabajo sostenido de Socorristas en Red se pronunció respecto de la extensión de lazos más estrechos con América Latina. La presencia en esta 5ta. plenaria de compañeras de Ecuador (colectiva Las Comadres), Brasil (Marcha Mundial de Mujeres) y Chile (Aborto Libre) en el trabajo de estos días nos muestra la continuidad de lo pergeñado en la Plenaria Nacional de 2015 en la que comenzamos a pensar las articulaciones de la Región y a definir acciones conjuntas. Nuestro mayor deseo político es el desborde de este activismo más allá de los límites de nuestro territorio. Reafirmamos entonces nuestra voluntad de reforzar aún más los lazos de sororidad con nuestras compañeras latinoamericanas, promoviendo la construcción a mediano plazo de una Red Latinoamericana de Feministas que acompañamos a abortar a toda persona con capacidad de gestar que así lo decida. En este sentido, la presencia de la compañera Susan Yanow de Women help Women implicó un gran aporte para continuar proyectando coordinaciones de experiencias.
En cada aborto clandestino reconocemos a una persona abandonada por el Estado. En tanto se siga ignorando esta realidad cotidiana del aborto, seguiremos acusando al Estado y sus representantes de ser cómplices del fabuloso lucro de los proxenetas del aborto, quienes especulan con la clandestinidad y el miedo para enriquecerse.
Ratificamos una vez más la lucha por la despenalización y legalización en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y reclamamos acciones contundentes en ámbitos legislativos por parte de las diputadas y diputados que firmaron los sucesivos proyectos de ley presentados desde el 2007, quienes jamás desplegaron el compromiso político necesario para que se apruebe la legalidad del aborto en Argentina. A ellas y ellos responsabilizamos por la dilación de casi 10 años en el tratamiento del proyecto. Exigimos el urgente tratamiento del proyecto de ley.
Interpelamos al sistema de salud, demandando que garantice la aplicación de las causales de aborto legal en todos los hospitales y centros de salud del país. Que desde el Ministerio de Salud de la Nación se provean los medios necesarios para se cuente con la medicación adecuada y la capacitación que las prácticas requieren y que no se persiga a aquellxs profesionales de la salud que aplican las leyes y el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo vigentes.
Estamos atentas a que el desmantelamiento del programa de Salud Sexual y Procreación Responsable traerá consecuencias nefastas a la hora de evitar embarazos no deseados y de garantizar el acceso a anticonceptivos, contraceptivos e insumos para la realización de interrupciones legales de embarazos (ILE), cuya provisión ya se encuentra discontinuada en numerosos centros de salud de todo el país. Exigimos al gobierno de Mauricio Macri y “Cambiemos”, así como a todos los gobiernos provinciales, su efectivo cumplimiento y la observancia de todas las leyes y protocolos que de allí surgieron.
Estamos empeñadas en seguir activando junto a muchos otros sectores y movimientos en la despenalización social del aborto, convencidas que nos merecemos otro estatus político y cultural en relación a este derecho que tomamos por asalto. A diez años de la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, insistimos en el reclamo por una educación pública, laica y antidiscriminatoria que interpele el sexismo, el androcentrismo, el heterosexismo y la maternidad forzosa.
Las mujeres abortamos desde tiempos inmemoriales y lo seguiremos haciendo juntas a la par.
Las socorristas acompañamos y con este hacer construimos un feminismo que corre los límites de nuestra autonomía recuperando poder sobre nuestros cuerpos y confianza en nosotras mismas, en una construcción pedagógico-feminista dialéctica y horizontal, que se nutre de escuchas atentas y cuerpos presentes. Deseo y acción política arriesgada del cuerpo a cuerpo que apela a la construcción de la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas. Estamos convencidas de que en el tránsito hacia la autonomía se recorre el camino a la libertad, y hacia ahí nos dirigimos, hermanadas y en manada.
Desde nuestra militancia socorrista feminista abortera, accionamos en contra de la lógica del capitalismo colonialista heteropatriarcal que, entre tantas otras alienaciones, somete a las mujeres al mandato reproductivo que lejos está de ser una bendición (como se intenta propagandizar desde los sectores conservadores, eclesiásticos y hegemónicos) y en muchos casos tiene por finalidad generar mano de obra con el propósito de satisfacer la insaciable demanda neoliberal de trabajadorxs precarizadxs o semi esclavxs para las potencias neocolonialistas.
En este contexto cabe destacar que en la mayoría de los casos del mapa político mundial, los países con legislación antiaborto más represiva -como ocurre con la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe- son aquellos que proveen de mano de obra a los países "desarrollados" donde -no casualmente- existe mayor flexibilidad en relación a la práctica. Pero además la flexibilidad primermundista es parcial y la supuesta universalidad que garantizan esas leyes es una falacia; se trata de sistemas clasistas, racistas y heteronormados en los que sólo acceden a abortos seguros las personas pertenecientes a los sectores social y económicamente privilegiados, mientras se condena a las pobres, migrantes y excluidas a continuar arriesgando su salud, su libertad y su vida para abortar.
Nuestro hacer feminista construye, en el cotidiano de cada día, una política para un mundo horizontal, sororo, que desafíe el sistema de valores que nos arrebata nuestras vidas. Y desde nuestro accionar socorrista estamos prefigurando los abortos que exigimos: legales y libres.
No olvidamos, No perdonamos. Las muertes por abortos inseguros en la Argentina son femicidios de Estado. El Estado abandona a las mujeres que abortan, nosotras NO.
¡Aborto legal, libre, seguro y gratuito para decidir en Argentina y en toda América Latina y el Caribe!
¡Aborto legal libre, seguro y gratuito para las mujeres de todo el mundo!
Firmamos esta declaración Socorros Rosas de: Córdoba, Neuquén, Chos Malal, Región de los Lagos (San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura), Comarca Andina del Paralelo 42º, Fiske Menuco (Gral. Roca), Villa Regina, La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Morón, Moreno, Paraná, Rosario, Rafaela, Zona Norte del Conurbano bonaerense, San Luis, San Juan, Salta, Mendoza, Chaco, Jujuy, Posadas, Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Pampa, La Matanza, Villa Urquiza, Ushuaia, Villa Mercedes, Villa Gesell.
La Plata, Argentina. Abril de 2016
Socorristas en Red (feministas que abortamos)
www.socorristasenred.org
Contactos de prensa:
María Elena Ale 0343 - 154065584 mariaelenaalea@gmail.com
Lidia Zurbriggen 0351 - 156690457 lidiazur2002@yahoo.com.ar
Luciana Campilongo 0221 - 156147560 luzianitta@hotmail.com
Daniela Andreassi 02255- 15404527 danutian@arboer.com.ar
Andrea Laura González 0299 - 154201498 andreagonzalez@elbolson.com
LA TERCERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS REPRESIVOS
(Cosecha Roja).-
El violento ataque
al tambo “La Resistencia” que tuvo lugar la noche del viernes 8 de
abril en la periferia rosarina nos ubica, al decir de sus víctimas, ante
la experiencia de haber tocado un límite. “Cruzamos una línea sin
retorno”, afirmaron desde el Frente Ciudad Futura. Tres hombres armados y
con capuchas ingresaron a la sede de un emprendimiento económico y
político de larga trayectoria, maltrataron al representante de una
organización social con representación parlamentaria, y transmitieron un
mensaje explícito enviado por sus empleadores: “o se van o ponemos una
bomba”. El espinel de pretendientes de las tierras donde está asentado
el Tambo es nutrido, pero las sospechas apuntan a la empresa CIMAR SA,
cuyo slogan es “inversiones en equipo”.
El caso es similar a lo acontecido en
Villa Celina, partido de La Matanza, el 12 de febrero. Allí, un sicario
apodado “Jonhy” le pegó un balazo en el pecho a un militante del
Movimiento Popular La Dignidad, integrante de los Vecinos Autoconvocados
del Barrio Vicente López. Minutos antes de efectuar el disparo lo había
conminado a “dejarse de joder con sus jefes y con las tierras”, sobre
las que mantienen una disputa. Darío Julián –más conocido como Iki–
salvó su vida de pura casualidad y hoy, mientras se hace estudios para
detectar en qué parte de su cuerpo quedó alojada la bala, debe estar
alerta a los movimientos del soldadito que permanece libre y sin cargos (más datos).
Este hecho motivó el surgimiento de
la Comisión Investigadora de la Violencia en los Territorios, integrada
por organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y políticas,
medios comunicacionales y personas involucradas en dinámicas concretas
de democratización. Pronto la nueva iniciativa se vio desbordada por la
multiplicación de agresiones contra organizaciones populares en las más
diversas geografías del país.
El 19 de febrero, apenas siete días
después de lo sucedido en La Matanza, Pablo Sarmiento, campesino e
integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (UST-MNCI), fue
baleado por personal de la Policía Provincial de Mendoza mientras
intentaba impedir junto a miembros de su comunidad el alambrado ilegal
de sus tierras. Pese a la existencia de una sentencia judicial que le
reconoce la posesión a la familia Sarmiento, la empresa Elaia-Argenceres
SA redobló la apuesta y contrató policías para custodiar el avance de
las obras. Luego de recibir el disparo y sin atención médica, Pablo y
otros integrantes de su familia fueron detenidos por “averiguación de
antecedentes”. Se trata del devenir sicario de la propia agencia
policial (Comunicado de la UST-MNCI).
El viernes 4 de marzo se desató una
intensa balacera en el Bajo Flores sin que se hayan podido desentrañar
los motivos. Un grupo de civiles armados asesinó a Fernando David
González de 21 años e hirió de gravedad a Miriam Villa, quien murió en
el hospital casi un mes más tarde (el 3 de abril). Miriam había
protagonizado una larga lucha en procura de justicia por el asesinato de
su hijo Ariel (de 19 años), en septiembre de 2014. El episodio tuvo
lugar en la misma esquina donde a fines de enero la Gendarmería Nacional
reprimió salvajemente a los integrantes de la murga “Los reyes del ritmo”.
En una muestra de sensacionalismo e irresponsabilidad primero Télam y
luego el diario Clarín vincularon ambos hechos; incluso insinuaron que
desde la murga habían respondido el ataque con armas de fuego.
El 13 de marzo, en la ciudad costera de Miramar, agentes de la flamante Policía Comunal demoraron a Lautaro Blengio,
militante LGBTIQ y presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela
Media 1, que lleva el nombre de “Rodolfo Walsh”. Lautaro respondió
exigiendo la identificación de los efectivos. Lo que recibió fue
amenazas: “te voy a tirar en el vivero”, le dijo uno de los uniformados
al frente del operativo. Al día siguiente el joven fue secuestrado por
los mismos policías, aunque esta vez no solo no portaban identificación,
sino que tampoco vestían uniforme, ni conducían un patrullero. Arriba
del vehículo lo encapucharon, lo golpearon y lo llevaron hasta el predio
del vivero municipal, una zona apartada y de poca circulación. Allí lo
torturaron, le apagaron cigarrillos encendidos en la piel, lo cortaron
con una navaja, le hicieron una cruz en el pecho y hasta simularon un fusilamiento.
Lo que cada uno de estos hechos de
violencia tiene en común es el avance de variados negocios rentísticos
sobre las periferias urbanas y rurales. Territorios históricamente “en
desuso” y por lo tanto reservados a la sobrevivencia de los pobres,
están siendo colonizados por desarrollos inmobiliarios, empresas narcos y
emprendimientos agroexportadores. Una dinámica que se mantuvo constante
durante la última década, pero que desde el diez de diciembre pasado
sus actores protagónicos disfrutan la apertura de una nueva fase más
favorable a sus intereses.
Así como el ajuste en el Estado
funciona como estímulo para que el sector privado ejecute una reducción
de personal, el desmonte de las articulaciones institucionales que
cuestionaban los abusos de las empresas y las maniobras para
deslegitimar a las organizaciones sociales ofrecen un escenario
inmejorable para que se desate el poder disciplinador de una represión
cada vez más paraestatal y agresiva. En este contexto, las
organizaciones populares temen por el futuro de sus proyectos
comunitarios pero también por la vida de sus militantes expuestos a
soldaditos narcos, barras bravas y fuerzas de seguridad.
Las pantallas de los principales
medios de comunicación ventilan de manera selectiva y episódica algunas
tramas corruptas de altas esferas, las que dependen de la utilización de
instrumentos financieros para la fuga masiva de ganancias empresarias
sin pagar impuestos, o el blanqueo de montañas de dinero provenientes de
la criminalidad económica y el desvío de fondos estatales. Pero nada
dicen de esta otra forma de delincuencia organizada que tiene el mismo
origen y se derrama con total impunidad sobre los territorios. Poderes
estatales claves son fagocitados por negocios que dependen, para su
funcionamiento, de dispositivos represivos cada vez más difusos y
desencajados. En la construcción de nuevas instituciones populares,
complejas y versátiles, con una efectiva capacidad de intervención en
este escenario marcado por la tercerización de los servicios represivos,
no solo se juega el destino de las organizaciones sociales sino el de
la propia democracia.
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA ANULÓ EL FALLO ABSOLUTORIO, Y LA CAUSA POR EL ASESINATO DE ATAHUALPA SE REACTIVA
(Mensajero Digital).-
(ADN).- El Superior Tribunal de Justicia resolvió hoy hacer lugar al recurso interpuesto por el Fiscal de Cámara y anuló la sentencia definitiva de la Sala A de la Cámara en lo Criminal, que en su momento absolvió a los imputados por el crimen de Atahualpa Martínez Vinaya.
Ahora, se reenviará la causa al origen para que, con distinta integración, continúe con su sustanciación.
El fiscal de Cámara, Fabricio Brogna, había pedido condenas para Melisa Fernández Barrientos, Felipe Carrasco y Carlos Morales Toledo imputados por el asesinato del joven viedmense. Y cuando la Cámara resolvió absolverlos, tuvo fuertes críticas. Tanto, que interpuso el recurso de casación, que permitió la revisión del STJ.
Brogna aseguró que no se habían tenido en cuenta pruebas fundamentales, como el ADN de una campera manchada con sangre sucuestrada en la casa de uno de los imputados.
La resolución fue adoptada con el voto de los jueces Enrique Mansilla, Ricardo Apcarian, Sergio Barotto y Liliana Piccinini. Gustavo Guerra Labayén (subrogante) se abstuvo de emitir opinión “atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces”, como es habitual.
El STJ hizo un detallado repaso del recurso de casación interpuesto, sopesando la argumentación de la Fiscalía y de la Defensa, poniendo el acento en aspectos específicos del caso, como el allanamiento donde se obtiene una campera con manchas de sangre en la casa de uno de los imputados.
Luego de fundamentar su postura, para el máximo tribunal quedaron demostrados:
“Los fundamentos desacertados del juzgador al declarar la nulidad del allanamiento y de sus actos consecuentes; La contradicción en los postulados de la sentencia por entender dicha cuestión como esencial para posteriormente subestimar su relevancia; La omisión de todo análisis en lo vinculado con el señor Felipe Carrasco al ponderar el informe de laboratorio; La falta de valoración del vínculo entre el hallazgo de manchas de sangre con el tipo de agresión investigada; La ausencia de análisis de los indicios de mendacidad resultantes de las contradicciones de lo declarado por los imputados con el resto de la prueba mencionada, y La omisión de merituar acabadamente la capacidad de representación del testimonio de M.L.O., siendo este relevante”.
Luego agrega que: “Las conclusiones a las que arribamos se sitúan en los límites del análisis de legalidad del fallo a cargo de este Tribunal en su competencia casatoria, pues queda demostrada la notoria insuficiencia de fundamentos de la sentencia para la decisión desincriminatoria, dado que esta necesitaba agotar la representación de las posibilidades probatorias de la hipótesis de cargo para recién después entenderlas insuficientes, dando así acabado cumplimiento al art. 200 de la Constitución Provincial”.
“A la luz de estas premisas entendemos que, en el caso de autos, la absolución dictada ha derivado de una actividad jurisdiccional insatisfactoria que comienza por una equivocada anulación del allanamiento practicado en el domicilio de uno de los imputados y de los actos que de ese registro se derivaron (levantamiento de muestras hemáticas y secuestro de la campera que las contenía, más el peritaje de ADN), para luego realizar de manera insuficiente el examen de los elementos arrimados al proceso -entre ellos, la pericial forense realizada sobre la mancha de sangre y los testimonios capaces de sumar indicios”, concluyó el Superior Tribuna de Justicia.
(ADN).- El Superior Tribunal de Justicia resolvió hoy hacer lugar al recurso interpuesto por el Fiscal de Cámara y anuló la sentencia definitiva de la Sala A de la Cámara en lo Criminal, que en su momento absolvió a los imputados por el crimen de Atahualpa Martínez Vinaya.
Ahora, se reenviará la causa al origen para que, con distinta integración, continúe con su sustanciación.
El fiscal de Cámara, Fabricio Brogna, había pedido condenas para Melisa Fernández Barrientos, Felipe Carrasco y Carlos Morales Toledo imputados por el asesinato del joven viedmense. Y cuando la Cámara resolvió absolverlos, tuvo fuertes críticas. Tanto, que interpuso el recurso de casación, que permitió la revisión del STJ.
Brogna aseguró que no se habían tenido en cuenta pruebas fundamentales, como el ADN de una campera manchada con sangre sucuestrada en la casa de uno de los imputados.
La resolución fue adoptada con el voto de los jueces Enrique Mansilla, Ricardo Apcarian, Sergio Barotto y Liliana Piccinini. Gustavo Guerra Labayén (subrogante) se abstuvo de emitir opinión “atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces”, como es habitual.
El STJ hizo un detallado repaso del recurso de casación interpuesto, sopesando la argumentación de la Fiscalía y de la Defensa, poniendo el acento en aspectos específicos del caso, como el allanamiento donde se obtiene una campera con manchas de sangre en la casa de uno de los imputados.
Luego de fundamentar su postura, para el máximo tribunal quedaron demostrados:
“Los fundamentos desacertados del juzgador al declarar la nulidad del allanamiento y de sus actos consecuentes; La contradicción en los postulados de la sentencia por entender dicha cuestión como esencial para posteriormente subestimar su relevancia; La omisión de todo análisis en lo vinculado con el señor Felipe Carrasco al ponderar el informe de laboratorio; La falta de valoración del vínculo entre el hallazgo de manchas de sangre con el tipo de agresión investigada; La ausencia de análisis de los indicios de mendacidad resultantes de las contradicciones de lo declarado por los imputados con el resto de la prueba mencionada, y La omisión de merituar acabadamente la capacidad de representación del testimonio de M.L.O., siendo este relevante”.
Luego agrega que: “Las conclusiones a las que arribamos se sitúan en los límites del análisis de legalidad del fallo a cargo de este Tribunal en su competencia casatoria, pues queda demostrada la notoria insuficiencia de fundamentos de la sentencia para la decisión desincriminatoria, dado que esta necesitaba agotar la representación de las posibilidades probatorias de la hipótesis de cargo para recién después entenderlas insuficientes, dando así acabado cumplimiento al art. 200 de la Constitución Provincial”.
“A la luz de estas premisas entendemos que, en el caso de autos, la absolución dictada ha derivado de una actividad jurisdiccional insatisfactoria que comienza por una equivocada anulación del allanamiento practicado en el domicilio de uno de los imputados y de los actos que de ese registro se derivaron (levantamiento de muestras hemáticas y secuestro de la campera que las contenía, más el peritaje de ADN), para luego realizar de manera insuficiente el examen de los elementos arrimados al proceso -entre ellos, la pericial forense realizada sobre la mancha de sangre y los testimonios capaces de sumar indicios”, concluyó el Superior Tribuna de Justicia.
ESQUEL: DICTAN EL PROCESAMIENTO AL AGENTE QUE HIZO INTELIGENCIA ILEGAL CONTRA VECINOS DE NO A LA MINA
(No A La Mina).-
El Juzgado Federal de Esquel, informó que resolvió dictar el procesamiento del agente imputado por haber realizado actividades de inteligencia prohibidas por la Ley. La declaración del imputado complica al fiscal Rivarola que también podría ser procesado.
Fuente: Noticias de Esquel
La declaración del hasta ahora único imputado, complica al fiscal
Fernando Rivarola, ya que este fiscal entre otras cosas sostuvo que no
hubo más contacto con el agente, pero el imputado afirmó que Rivarola
pidió su colaboración para poder identificar a las personas y sus
movimientos. Resaltó que es el propio fiscal quien abrió la información
informática y que en conjunto la observaron.
Observó que Rivarola informó que copiaría la información en su
computadora, manifestó interés en su contenido y solicitó que continúe
enviando información.
Además el juez advirtió una importante contradicción entre la versión
que dio Rivarola en su declaración testimonial y el análisis pericial
que se realizó sobre su computadora.
Dijo el acusado que Rivarola se mostró interesado y dispuesto a pasar
la información a su computadora diciendo “lo bajamos, sí”, “esto ya,
espere que yo me lo voy a copiar, y me lo voy a guardar en mí archivo”.
Le dijo que “todo lo que usted me quiera pasar por mail como dato a
nosotros nos sirve, después veremos si lo podemos verificar o no”.
Se constató una llamada de Rivarola al celular del agente de
inteligencia imputado , donde le hizo saber que si necesitaba algo de su
trabajo tenía que pedirlo. “Rivarola quería saber cosas, insistía, pero
yo no le podía decir, yo le dije que para incorporar a la causa
necesitaba la orden judicial”. Dijo que Rivarola creó una carpeta en su
computadora y copió los archivos que iba viendo y le interesaban. “Todos
los documentos que copió en su computadora los abrió, los miro y
decidió copiarlos".
“Me mandé un cagadón”
Con relación al archivo “ACTIVISTAS ANTIMINEROS EN ZONA DE LA COMARCA
ANDINA.doc” dijo que Rivarola “lo abrió, lo vio e incluso dijo que le
podía interesar”. Por último, comentó que un día Rivarola lo llamó y le
dijo “me mandé un cagadón”. Primero le dijo que le habían sacado la
información y después que no sabía cómo se le había traspapelado. Le
dijo que sabía que iba a tener un problema muy grande y que por ende
también lo iba a tener él.
Conocé en detalle que dijo el espía ilegal cuando fue a declarar.
Sorprendete con la intromisión en el expediente de empleados de la
minera, que también habrían realizado tareas de inteligencia contra
vecinos del No a la Mina.
Te lo contamos como a vos te gusta con nombre y apellido.
A continuación transcribimos parte de la resolución.
Esquel, 12 de abril de 2016.
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa N° FCR 12012/2015, del registro de
esta Secretaría en lo Criminal y Correccional sobre la situación
procesal de [Agente AFI], nacido el … en …, hijo de …, …, empleado, con
domicilio en …, Chubut.
Y CONSIDERANDO:
I) El inicio de la investigación
1.a) El 31 de agosto de 2015 los Fiscales Generales de la Circunscripción Esquel del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, Fernando Rivarola, Alicia Fernanda Révori y María Bottini, concurrieron a este Juzgado Federal para realizar una denuncia penal en orden a la posible comisión de un delito previsto en el art. 43 ter de la Ley de Inteligencia Nacional nº 25.520 (fs. 1).
1.a) El 31 de agosto de 2015 los Fiscales Generales de la Circunscripción Esquel del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, Fernando Rivarola, Alicia Fernanda Révori y María Bottini, concurrieron a este Juzgado Federal para realizar una denuncia penal en orden a la posible comisión de un delito previsto en el art. 43 ter de la Ley de Inteligencia Nacional nº 25.520 (fs. 1).
Ese mismo día se tomó declaración testimonial a Fernando Rivarola, en
su condición de Coordinador del Sector de Investigaciones y Delitos
Complejos de la Oficina Fiscal de Esquel (fs. 3/5).
En esta declaración explicó que el 28 de mayo de ese año por la
mañana se presentó en la Oficina Fiscal de Esquel una persona que pidió
hablar con los fiscales acerca de ese caso. Lo recibió en su oficina
junto a la Fiscal Bottini, dada la sensibilidad del caso, tomando el
recaudo de filmar la entrevista.
Relató que la persona se identificó como [Agente AFI], con credencial
que acreditaba que integraba la Delegación Trelew de la Secretaría de
Inteligencia (ya por ese entonces, denominada Agencia Federal de
Inteligencia –de aquí en más AFI-). Dijo que hacía más de un año que
venía trabajando con el grupo mapuche que estaba realizando tareas de
recuperación territorial y quería aportar información que tenía en su
carácter de agente de inteligencia, pidiendo reserva al respecto dada
esa misma condición. La información estaba relacionada a la posibilidad
de identificar a las personas que estaban dentro del predio, que era el
objetivo que tenían los fiscales a cargo de la investigación. La
información era tan variada y disímil que ofreció dejarla en formato
digital, descargándola desde un disco externo en la computadora del
Fiscal Rivarola, titulándola “Información Inteligencia”. La entrevista
terminó en ese momento y no tuvo más contacto con el agente de
inteligencia.
Rivarola continuó explicando que en junio se realizó la audiencia de
apertura de la investigación, para lo cual la Defensora Pública Penal
Paola Bagnato solicitó copia del legajo fiscal. Para ello, se digitalizó
la prueba documental formalmente ingresada al legajo y se la puso a
disposición de la defensora, que concurrió al día siguiente con un
pendrive. Luego se advirtió que en esa transferencia de archivos
informáticos quedaron incluidos los archivos aportados por el agente de
inteligencia, no pudiendo recordar si esto fue por error o por pedido
expreso de la defensora. A esta información hizo referencia tiempo
después el Defensor Público Civil Fernando Radziwilowski, en la
audiencia realizada el día 28 de agosto de 2015. Las Fiscales Révori y
Bottini no pudieron responder al requerimiento del defensor en esa
audiencia, debido a que desconocían el contenido de esa información en
particular.
Cuando los fiscales advirtieron que en las redes sociales y en la
prensa se mencionaba que esa información hacía alusión a tareas de
inteligencia realizadas respecto de vecinos de Esquel vinculados con el
movimiento “No a la Mina”, convocaron a la Defensora Penal Bagnato y
labraron un acta dejando constancia de que esa documental no estaba
agregada formalmente al legajo fiscal. En ese momento advirtieron que se
trataba de la información aportada por el agente de inteligencia.
Rivarola señaló que hasta entonces ninguno de los fiscales había podido
procesar la información que les había dejado esta persona, agregando que
resultaba de muy baja calidad a los fines procesales.
El denunciante aseguró que el viernes 28 de agosto a las 18.05 hs. se
comunicó con el agente de inteligencia desde su teléfono celular
oficial, y le manifestó que tomaría las medidas que estimara necesarias
ante la existencia de la información referida.
1.b) A raíz de esta
denuncia, el día 2 de septiembre la Fiscal Federal Subrogante Silvina
Ávila requirió la instrucción de esta causa impulsando la realización de
distintas medidas de prueba que serán reseñadas en el punto siguiente
(fs. 7/11).
En esta presentación, analizó de manera pormenorizada la secuencia de
la entrevista que quedó registrada en el video aportado por los
denunciantes para delinear la plataforma fáctica de esta investigación.
Destacó que en esa entrevista el imputado manifestó que llevaba un
año investigando e informó a Rivarola que participó constantemente en
las actividades policiales que se llevaron adelante en el lugar de la
ocupación. Así, Rivarola pidió su colaboración para poder identificar a
las personas y sus movimientos.
Advirtió que durante la reunión el agente imputado relacionó el hecho
con variadas situaciones, entre ellas, actividades de grupos políticos
que brindan apoyo económico (MTR y Federación Universitaria Patagónica),
extorsión a intendentes para conseguir dinero, financiamiento externo a
organizaciones mapuches por parte del movimiento italiano “Ya Basta”,
financiamiento para la radio Kalewche, situaciones de conflictividad
mapuche marcadas en un mapa publicado en Facebook por una activista,
etc.
También destacó que a pedido de Rivarola el agente de inteligencia aportó los datos de una mujer oriunda de Rosario.
Resaltó que es el propio fiscal quien abrió la información
informática y que en conjunto la observaron a medida que el agente
comentaba su contenido.
Observó que Rivarola informó que copiaría la información que estaban
observando en su computadora, guardando los archivos bajo el número del
legajo fiscal, manifestó interés en su contenido y solicitó que continúe
enviando información.
1.c) Se constituyeron
como querellantes particulares y solicitaron realizar distintas medidas
de prueba Osvaldo Alberto González Salinas, Adolfo Alarcón y Gustavo
Manuel Macayo (fs. 125/9 y 130). Luego, hicieron lo mismo Oscar Andrés
Campos, Nora Rosalía Corvalán, Pablo Matías Galperín, Agustín Gigli,
Ludmila Andrea La Manna, Cristian Oscar Maximiliano Masquijo, Corina
Inés Milán, Laura Haydée Ortiz, Federico Ovidi, Pablo Fernando Quintana,
María Fernanda Rojas, Flavio Romano, Emanuel Vera y Juan Alberto Zuoza
(fs. 174/5 y 176).
Ahora bien, el peritaje informático determinó que el archivo
“ACTIVISTAS ANTIMINEROS EN LA ZONA DE LA COMARCA ANDINA.DOC” fue creado
el 18 de marzo de 2015 a las 1:34 horas, es decir sólo cinco días
después de que comenzara la ocupación territorial en la zona de Leleque.
Aparece grabado por primera vez en la computadora del Fiscal Rivarola
el jueves 28 de mayo de 2015 a las 12:59 hs. en la ubicación “LEGAJO
31829/COPIA DEFENSA/CALFUNAO VOCERO TOMA/RAM”, varias horas después de
que el agente de inteligencia se entrevistara con los fiscales. Este
archivo también fue grabado el domingo 30 de agosto de 2015 a las 11:19
horas en la otra ubicación “LEGAJO 31829/INFORMACIÓN INTELIGENCIA
BRIGADA PUELO/CALFUNAO VOCERO TOMA”.
Rivarola manifestó interés en el aporte que podría brindar la
Secretaría de Inteligencia para identificar y detectar el movimiento de
personas vinculadas con el hecho:
También dijo que había “activistas políticos” en la ocupación.
Rivarola preguntó a quiénes se refería y él ofreció enviar la
información por mail, cosa que Rivarola aceptó diciendo “sí, sí, todo lo
que tenga me lo manda por mail” (min 11:09).
Bottini preguntó por el financiamiento de la ocupación. A esto
[Agente AFI] contestó que los ocupantes están “rentados” y que la
organización italiana “Ya Basta” “gira dinero a los mapuches”, que hay
líderes mapuches que consiguen dinero de manera extorsiva consiguiendo
subsidios municipales para evitar conflictos y que la radio “Kalewche”
de Esquel ha recibido remesas de dinero muy importantes sin explicación
en publicidad (a partir de min 13:44).
Pasado este momento, mientras seguía revisando fotografías a medida
que [Agente AFI] brindaba datos y explicaciones, Rivarola anunció “esto
ya, espere que yo me lo voy a copiar, y me lo voy a guardar en mí
archivo”. Aquí se aprecia que creó una carpeta con el número de legajo
fiscal de la investigación, ya que tipió el número “31829” a medida que
se lo dictaba Bottini (min 25:15). Según surge del video, en esta
carpeta copió la carpeta del disco externo que estaban revisando con su
contenido, ya que aguardó unos instantes y culminó diciendo “Calfunao
vocero, ahí está” (min 25:27).
Luego dijo “ahora vuelvo al disco” y continuaron revisando su contenido.
Rivarola le dijo que “todo lo que usted me quiera pasar por mail como
dato a nosotros nos sirve, después veremos si lo podemos verificar o
no” (min 53:08). Cuando se despidieron [Agente AFI] dijo que los
visitaría una vez por mes, mientras Rivarola le decía que cuando venga
le pase los datos que tenga para ir actualizando.
– Daniel Martín Díaz Escobar,
había realizado un comentario en Facebook –que fue aportado a esta
instrucción por los querellantes a fs. 173- relativo a una nota
periodística publicada en el sitio “Rawson Informa” el 6 de septiembre
de 2015, en la cual se señaló que el integrante del movimiento “No a la
Mina” Guillermo Vilanova aseguró que el Gobernador Martín Buzzi “nos
mandó a espiar por los servicios de inteligencia”.
El testigo reconoció haber hecho ese comentario en la red social en
el que publicó: “La investigación se hizo por Facebook y la hizo una
persona que nada tiene que ver con el estado nacional la investigación
fue pedida por los fiscales y a personas puntuales por eso los vecinos
promineros no estamos en esas listas. Fuente confiable”.
Dijo que integra un grupo de personas que están a favor de la
minería, querían saber si estaban en la lista de personas investigadas.
Dijo que sólo investigaron a los que reclamaban por cuestiones
indígenas, que no hubo seguimientos físicos sino que el fichaje se hizo a
través de redes sociales. Esto se lo había contado su jefe Ricardo
Lochocki. Le comentó que la investigación la hizo una persona que
necesitaba plata de apellido Burgueño, a pedido de la fiscalía (fs.
204/6).
– Ricardo Lochocki
se presentó espontáneamente a declarar al día siguiente de que lo
mencionara Díaz Escobar en su declaración testimonial. Dijo que Díaz
Escobar le había preguntado “si los de la minera estaban en el fichaje”,
pero él nunca le mencionó que Burgueño tuviera relación con ello. Había
escuchado en “charlas de café”, “por lo que salía en los diarios” y lo
que “se comentaba públicamente” que había sido Burgueño quien llevó la
lista a tribunales. Dijo que no conoce a nadie de la AFI (fs. 213. Las
publicaciones periodísticas a las que hizo referencia el testigo fueron
incorporadas a fs. 214/27).
– Eugenia Natalia Williams
había compartido en Facebook el comentario realizado por Díaz Escobar.
Dijo que le interesaba saber si ella u otras personas estaban siendo
investigadas por su posición ante la mina. Dijo que no sabe a quién se
refería Díaz Escobar en ese comentario, que si se lo había dicho no
recordaba el nombre. No recordó qué otros comentarios se hicieron con
motivo de esa publicación (fs. 254/vta).
– Sergio Gustavo Kain
también había comentado la publicación que realizó Díaz Escobar,
preguntando si la situación estaba relacionada con el pedido de informes
realizado por el Diputado Assef. Creyó recordar que Díaz Escobar le
respondió que la investigación no tenía nada que ver con eso. Agregó que
si bien no le dijo quién hizo la investigación, “ellos suponen que la
Fiscalía sabe quién encomendó las tareas… en base a una interpretación
por lo que salió publicado en el diario” (fs. 255/vta.).
1.f) Se requirió el
listado de llamadas recibidas y emitidas el día 28 de agosto de 2015
registradas en el teléfono celular oficial del Fiscal Rivarola – … -. Se
constató que ese día a las 18:05 hs. está registrada un llamado de
siete minutos que el fiscal efectuó con uno de los teléfonos celulares
del agente de inteligencia imputado – … – (fs. 153/5).
III) Declaración indagatoria del imputado
El 28 de diciembre de 2015 [Agente AFI] compareció a prestar
declaración indagatoria en este juzgado. En esa oportunidad hizo uso de
su derecho a negarse a declarar y solicitó que se le fije una nueva
audiencia (fs. 308/10vta.) La segunda audiencia se realizó el día 2 de
febrero de este año, ocasión en la que brindó la explicación que será
reseñada en este punto (fs. 318/23vta.).
En las dos audiencias se le efectuó la siguiente imputación:
1) Que en su condición de agente de la Delegación Provincial de
Trelew de la Agencia Federal de Inteligencia obtuvo información, produjo
inteligencia y almacenó datos sobre personas por el solo hecho de su
adhesión o pertenencia a una organización social. Esa actividad
prohibida por el art. 4º inc. 2) de la Ley de Inteligencia Nacional nº
25.520 fue realizada respecto de veintiseis (26) personas identificadas
por apoyar o participar en la organización social “NO A LA MINA”,
registrándolas en un archivo informático denominado “ACTIVISTAS
ANTIMINEROS EN ZONA DE LA COMARCA ANDINA.doc” con nombre y apellido,
fotografía y datos sobre sus actividades u ocupación. Las personas
individualizadas son: Adolfo Alarcón, Osvaldo González Salinas, Humberto
Kadomoto, Maximiliano Masquijo, Pablo Quintana, Flavio Romano, Luaguita
Ruiz, Andrés Campos, Alejandra Cea, Alejandro Corbeletto, Pablo
Galperín, Agustín Gigli, Gustavo Macayo, Santiago Malizzia, Corina
Milan, Omar Orlando Ojeda, Federico Ovidi, Sheila Rios, Fernanda Rojas,
Emanuel Vera, Juan Zouza, Moira Millán, Mauro Millán, Mariela Millán,
Gabriel Horacio Colipi y Nora Corvalán. Esa actividad también fue
realizada obteniendo fotografías de varias personas que concurrieron a
la edición del programa “Casa Abierta” realizada en la localidad de
Cholila el sábado 14 de marzo de 2015, portando una bandera con la
consigna “No a la Mina” y una bandera “Wiphala” de los pueblos
originarios, identificando a Darío Calfunao y a Cristina Danelón en dos
de esas fotografías.
Le hizo saber que si necesitaba algo de su trabajo tenía que pedirlo.
“Rivarola quería saber cosas, insistía, pero yo no le podía decir, yo
le dije que para incorporar a la causa necesitaba la orden judicial”.
Dijo que Rivarola creó una carpeta en su computadora y copió los
archivos que iba viendo y le interesaban. “Todos los documentos que
copió en su computadora los abrió, los miro y decidió copiarlos… si mal
no recuerdo, me parece [que la carpeta] la tildó como ‘Inteligencia’…”.
Las fotos que “yo había tomado de la toma” le servían para su
investigación. También le podía servir la información para una denuncia
por incumplimiento de deberes de funcionario público realizada por el
entonces Subcomisario Ale, a raíz de que no se había detenido a Jones
Huala.
Dijo que él le quiso dar a Rivarola “las fotografías que eran de
interés para él, que le podían servir”, le aclaró que “si le interesaban
las podía pedir oficialmente y se las mandaban”. Rivarola también le
dijo “qué otra cosa más hay”, “era todo material extraído de redes
sociales, medios masivos de comunicación, de radios, declaraciones
públicas” sobre “cuestiones que iban aconteciendo” para hacer informes.
Dijo que “no había información secreta ni nada por el estilo”, que la
información que le dio a Rivarola no es clasificada, el manejo de ese
tipo de información no es de su menester.
Con relación al archivo “ACTIVISTAS ANTIMINEROS EN ZONA DE LA COMARCA
ANDINA.doc” dijo que Rivarola “lo abrió, lo vio e incluso dijo que le
podía interesar”. En ese momento, él se dio cuenta que se le había
“traspapelado”, “pero como me dijo que le podía interesar se lo dejé que
lo copie”. Este archivo estaba en la carpeta “RAM”, que reconoció como
suya, pero dijo que el archivo “no tenía nada que ver con el tema”.
Agregó que él no confeccionó ese archivo, sino que había circulado en
“redes sociales” tiempo atrás con motivo a un conflicto suscitado entre
la UOCRA y sectores anti mineros. Ignoraba que todavía estuviera en su
computadora. Estimó que el archivo debió haber sido creado en 2014. “Yo
no lo levanté, llegó a mi computadora porque fue visto en la delegación,
estaba dentro del marco social conflictivo de esa época, entre estos
sectores había escraches mutuos”.
Por último, comentó que un día Rivarola lo llamó y le dijo “me mandé
un cagadón”. Primero le dijo que le habían sacado la información y
después que no sabía cómo se le había traspapelado. Le dijo que sabía
que iba a tener un problema muy grande y que por ende también lo iba a
tener él. Le hizo referencia al archivo de activistas anti mineros, él
le dijo que no sabía ni de donde había salido. Rivarola le dijo que
tenía que hacer una denuncia. Después no tuvo más contacto con él.
IV) Responsabilidad penal del imputado:
El análisis jurídico de la imputación que se ha realizado al agente de inteligencia debe ser contextualizado en determinados lineamientos del sistema de inteligencia nacional se resalta que la “inteligencia nacional debe ser
El análisis jurídico de la imputación que se ha realizado al agente de inteligencia debe ser contextualizado en determinados lineamientos del sistema de inteligencia nacional se resalta que la “inteligencia nacional debe ser
CHACO: MUERE TRABAJADORA DEL INTA EN MEDIO DE NEGOCIACIONES POR DESPIDOS
(ACTA).-
Bogarin, trabajadora del programa Prohuerta en Las Breñas, localidad
del Chaco, negociaba con las autoridades por la renovación de los
contratos. En medio de la reunión, se descompensó y luego que se
intentó reanimarla, murió mientras la trasladaban al hospital más
cercano.
Su esposo, Germán Gonaldi, despedido de la Secretaria de Agricultura
Familiar, estaba en la toma del edificio en Resistencia. Ambos tienen
una beba de un año y medio.“Mientras estábamos con el compañero Germán
Gonaldi, esposo de Melisa, en la permanencia pacífica del edificio de
Agricultura Familiar en Resistencia, nos enteramos de su fallecimiento.
Ella, en su condición de precarizada, había decidido representar a los
compañeros de su sector”, dijo Mario Bustamante, Secretario General de
ATE Chaco.
Este fallecimiento se suma a Yolanda Mercedes, auxiliar docente de
Mar del Plata, quien murió el fin de semana pasado producto de otro
infarto que le produjo advertir que en su cuenta sueldo sólo había $40 y
no podía pagar el alquiler. El gobierno de María Eugenia Vidal le había
aplicado un descuento de más de $6.000 sobre su salario. La
trabajadora, que desempeñaba tareas en una escuela especial, tenía 60
años.
“El Presidente se está llevando vidas de trabajadores con lo cual
demuestra que no solamente han abandonado a los afectados por la
epidemia porque no hay una sola respuesta del Ministerio de Salud sino
que además los están matando con los despidos y retenciones de los
sueldos”, señaló Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE
nacional. En ese contexto, el dirigente subrayó que “esto muestra la
brutalidad del ajuste y de lo inhumano de quienes lo están ejecutando”.
Melisa: Carta Abierta de los trabajadores de INTA
Melisa Bogarin trabajaba en el programa ProHuerta en Chaco, una
política pública de autoproducción de alimentos que gestiona el INTA y
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde hace más de 25
años, y que trabaja con familias en situación de vulnerabilidad social,
las que se juegan todos los días para llevar un plato de comida a las
mesas de sus familias.
Desde hace más de 8 años desempeñaba tareas de comunicación en el
programa. No era una trabajadora que pensaba la comunicación como
tradicionalmente se la conoce, una herramienta para difundir un hecho en
un medio. Sino que consideraba que, para los sectores con los que
trabajaba todos los días, campesinos, agricultores familiares y
comunidades originarias, la comunicación, ejercida como un derecho
humano, podía servirles para, sin intermediarios, ayudarles a expresar
sus problemáticas, luchas y alegrías.
En eso trabajó en esos 8 años. Desde el ProHuerta y en Chaco, con
otros compañeros, impulsó una red de radios escolares rurales, en las
escuelas en donde asistían los hijos de los huerteros de ProHuerta, de
los agricultores familiares y campesinos con los que trabajaba. Esa era
su preocupación, cómo la comunicación podía servir a esos sectores para
decir, para denunciar la explotación y postergación, para ayudar a
organizarlos. Impulsó talleres, formó a niños y adultos, gestionó la
instalación de radios escolares, elaboró proyectos con las escuelas y
con organizaciones de la agricultura familiar, escribió los procesos
para que sirvieran de ejemplo en otros rincones del país, los compartió,
se junto con otros en todo el país. Soñó e hizo lo posible, desde su
lugar, por la construcción de la utopía de un país más justo e
inclusivo.
Su marido Germán también trabajaba la comunicación en el mismo
sentido en la Secretaria de Agricultura Familiar. Tenían una nena que
hace unas semanas cumplió un año.Como miles de laburantes de la gestión
pública, desde hace 4 meses, viven la humillación, la persecución y el
maltrato, no solo de un gobierno que nos trata de ñoquis y vagos, sino
de un sector importante de la prensa nacional y la sociedad que repite
ese relato, sin fundamentos, sin saber, sin conocer una sola historia de
estos trabajadores, queriéndole cobrar a Melisas y Germanes vaya saber
qué venganza.
Hoy, mientras intentaba explicar su situación en una asamblea de
trabajadores en Chaco: por decisión del Ministerio de Desarrollo Social
su contrato precarizado había sido extendido por tres meses, sin
seguridad de renovación (como cerca de 232 trabajadores de ProHuerta en
todo el país) y su marido Germán había sido despedido de la Secretaria
de Agricultura Familiar. Mientras explicaba sus miedos por la
continuidad de sus sueños de trabajo y familia, les había sido otorgado
el año pasado un crédito Procrear para la primer vivienda, se
descompensó, sufrió un paro cardíaco y murió cuando era trasladada al
hospital más cercano para ser atendida.
Melisa Bogarin tenía 30 años.
El proyecto de gobierno encarnado por Mauricio Macri no es solo un
gobierno de ajuste, de devaluación, de tarifazos, de despidos. Es un
gobierno de muerte. Y los trabajadores no queremos una muerte más. En tu
memoria, por tu trabajo, por tus sueños y por tu familia, los
trabajadores de INTA, tus compañeros, te prometemos mantener encendido
el reclamo de justicia.
Fuente: www.eltrabajadordelestado.org
SANTA FE: - CÁRCEL DE PINERO, LLAMADA “EL PEQUEÑO VIETMAN” POR SUS CONDICIONES INFRAHUMANAS- DENUNCIA DE LA COORDINADORA DE TRABAJO CARCELARIO
El Bolsón (ANPP).- Compartimos, la nota de la Coordinadora de Trabajo Carcelario de Rosario. Ante la faltade respuesta, el abandono, el no respeto a los derechos básicos para que una persona pueda vivir dignamente, los presos se cosen sus ojos y sus bocas, para que los escuchen.
Piden que no se trasladen a los delegados como viene ocurriendo
cuando los presos toman una medida para que se aceleren los trámites
judiciales ya que muchos manifiestan y certifican el incumplimiento de
la ley 24660, en cuanto a progresividad de la pena
y los derechos que le competen.
Hay una clara violación a los derechos humanos, tratos crueles y degradantes que se expresan de manera taxativa.
Las condiciones en que la entran las visitas fueron una de las situaciones que generaron conflictos, Luego de la última huelga y por dos semanas se normalizó la entrada. Hoy se vuelve a la situación anterior con largas esperas y sin respetar los horarios de las mismas.
La comida es de baja calidad y muchas veces en mal estado, hemos visto gusanos, a esto se agrega que no dejan entrar la comida que con tanto esfuerzo traen sus familiares.
Falta de mantenimiento, Hay 5 piletas para lavar la ropa, funciona sólo una.
Desde la huelga anterior se viene pidiendo ventanas, cuando llueve se moja toda la ropa., las cloacas siguen tapadas, los baños pierden agua, hay celdas donde los presos viven sobre el agua.
No se han entregado colchones ni frazadas. La atención médica no existe. La enfermería atiende 14 a 16.
En esta situación algunos jueces niegan las salidas otorgadas. Una presión clara a las personas que no tienen otro modo de reclamo que la autoflagelación que significa la suturación de bocas y ojos, en huelga de hambre.
Atento a los derechos que les asisten, a vulnerabilidad de esta población y la medida que llevan con determinación. Solicitamos que desde el poder judicial, se tomen las medidas para resguardar los derechos de estas personas aisladas y depositadas en la cárcel.
Desde la coordinadora de trabajo carcelario, en diálogo con la personas privadas de la libertad, en prevención de la violencia institucional. Reclamamos que los jueces, defensores, miembros del poder ejecutivo de la Provincia de Santa Fe actúen en consecuencia para garantizar la vida y la seguridad.
La jueza que oficia que ante una medida de reclamo para que se quiten los derechos ya adquiridos, que corresponden por ley de salidas y acercamiento familiares (nuevo sistema) en la medida que su cargo la responsabiliza a reguardar los derechos contemplados en la legislación nacional e internacional e imponiendo arbitrariamente y de manera irresponsable, la posibilidad que una medida pacífica, se convierta en un conflicto.
Hay una clara violación a los derechos humanos, tratos crueles y degradantes que se expresan de manera taxativa.
Las condiciones en que la entran las visitas fueron una de las situaciones que generaron conflictos, Luego de la última huelga y por dos semanas se normalizó la entrada. Hoy se vuelve a la situación anterior con largas esperas y sin respetar los horarios de las mismas.
La comida es de baja calidad y muchas veces en mal estado, hemos visto gusanos, a esto se agrega que no dejan entrar la comida que con tanto esfuerzo traen sus familiares.
Falta de mantenimiento, Hay 5 piletas para lavar la ropa, funciona sólo una.
Desde la huelga anterior se viene pidiendo ventanas, cuando llueve se moja toda la ropa., las cloacas siguen tapadas, los baños pierden agua, hay celdas donde los presos viven sobre el agua.
No se han entregado colchones ni frazadas. La atención médica no existe. La enfermería atiende 14 a 16.
En esta situación algunos jueces niegan las salidas otorgadas. Una presión clara a las personas que no tienen otro modo de reclamo que la autoflagelación que significa la suturación de bocas y ojos, en huelga de hambre.
Atento a los derechos que les asisten, a vulnerabilidad de esta población y la medida que llevan con determinación. Solicitamos que desde el poder judicial, se tomen las medidas para resguardar los derechos de estas personas aisladas y depositadas en la cárcel.
Desde la coordinadora de trabajo carcelario, en diálogo con la personas privadas de la libertad, en prevención de la violencia institucional. Reclamamos que los jueces, defensores, miembros del poder ejecutivo de la Provincia de Santa Fe actúen en consecuencia para garantizar la vida y la seguridad.
La jueza que oficia que ante una medida de reclamo para que se quiten los derechos ya adquiridos, que corresponden por ley de salidas y acercamiento familiares (nuevo sistema) en la medida que su cargo la responsabiliza a reguardar los derechos contemplados en la legislación nacional e internacional e imponiendo arbitrariamente y de manera irresponsable, la posibilidad que una medida pacífica, se convierta en un conflicto.
EL BOLSÓN MUESTRA ITINERANTE DEL FESTIVAL AUDIOVISUAL BARILOCHE
(FAB).-
Como ocurre desde que el Festival
Audiovisual Bariloche salió a la escena festivalera, unos meses antes de
que el FAB tenga lugar en Bariloche comienza la Muestra Patagónica
Itinerante.
Este año, unos días antes de
que se presente la edición 2016 del FAB el lunes 18 de abril, comenzará
la muestra itinerante que llevará las principales obras que participaron
del FAB 2015. Documentales, ficción, animación, largometrajes y
cortometrajes, tanto nacionales como de la región patagónica serán parte
de la gira, con la intención de que el público de Neuquén, Río Negro y
Chubut conozca de primera mano lo que sucede en Bariloche todos los
septiembre, una vez que arranca el FAB.
La
primera cita será en El Bolsón. El viernes 15, desde las 18 se podrá
ver un panorama de cortometrajes nacionales que fueron proyectados en la
edición 2015 del FAB. En la Sede El Bolsón de la Universidad Nacional
de Río Negro (Av. San Martín 2650). A las 20 será el turno de ver a los
ganadores de la competencia nacional, con el cortometraje El infierno de Beatriz, de Marcos Migliavacca, y el largo Su realidad, de Mariano Galperín.
El
sábado 16, también desde las 18 pero en la Biblioteca Sarmiento (Av.
San Martín y Roca) se podrá ver una selección de cortometrajes
patagónicos y a las 20 se proyectarán los ganadores patagónicos, con Ronko, de Carlos Montoya y el largometraje Osvaldo Bayer: La libertá, de Gustavo Gzain.
Lanzamiento de la convocatoria FAB 2016
El
lunes 18 a las 10 de la mañana en el auditorio Juan Carlos Cornelio
(Villegas 215, 2° piso) de la ciudad de Bariloche será el lanzamiento de
la convocatoria del Festival Audiovisual Bariloche 2016.
El
Festival Audiovisual Bariloche es organizado por la Secretaría de
Cultura del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro, y
cuenta con el apoyo del INCAA y el CFI.
Más información en:
LEWIS Y EL CUENTO DE LA BUENA PIPA
El Bolsón (ANPP).- Compartimos, la excelente nota leída porlos compañeros de La Minga de FM ALAS, programa radial que se emite todos los días de 10:00 a 12:30 hs, por FM Alas 89.1, de El Bolsón.
(La Minga de Alas) .-
Sergio
Wisky, quien era intendente radical de El Bolsón en el momento en que
Lewis desembarcó en la zona, y quien ahora pasó a las filas del PRO como
diputado nacional, fue consultado por Radio Nacional El Bolsón sobre el
hecho, y opinó que mientras se transparente todo, Macri no tiene porqué
negar su relación con Lewis, con quien dice tener una amistad hace
años, al igual que el diputado Wisky. Ahora, que un poderoso empresario
extranjero sea amigo cercano de un presidente, no nos sorprende. Y como
bien comenta el diputado Wisky, si esa amistad está transparentada y
todo el mundo la reconoce, es claramente mejor que si fuera clandestina.
Pero ahí caemos en la trampa: si la primicia es sólo que se hayan
reunido, la respuesta tampoco tiene que ir más allá que chisme. “Si, son
amigos hace tiempo, ¿y qué?”
(La Minga de Alas) .-
Bien se sabe que el poder político, el
poder económico y el poder mediático muchas veces se relacionan de
maneras sospechosas. En este caso, la visita del Presidente Macri a Lago
Escondido ha generado cierta discusión entre los medios masivos. Pero
como es habitual a esta altura, no va más allá del chisme. Los medios
corporativos saltaron al ver que Macri pasó del Tango 10 al helicóptero
privado de Joe Lewis para viajar hasta la estancia lujosa del empresario
inglés. Fue toda una sorpresa, se esperaba que Macri se alojara como es
de costumbre, en un barrio privado de Villa La Angostura. Pero ahora,
¡qué primicia!, fue al Lago Escondido.
Sergio
Wisky, quien era intendente radical de El Bolsón en el momento en que
Lewis desembarcó en la zona, y quien ahora pasó a las filas del PRO como
diputado nacional, fue consultado por Radio Nacional El Bolsón sobre el
hecho, y opinó que mientras se transparente todo, Macri no tiene porqué
negar su relación con Lewis, con quien dice tener una amistad hace
años, al igual que el diputado Wisky. Ahora, que un poderoso empresario
extranjero sea amigo cercano de un presidente, no nos sorprende. Y como
bien comenta el diputado Wisky, si esa amistad está transparentada y
todo el mundo la reconoce, es claramente mejor que si fuera clandestina.
Pero ahí caemos en la trampa: si la primicia es sólo que se hayan
reunido, la respuesta tampoco tiene que ir más allá que chisme. “Si, son
amigos hace tiempo, ¿y qué?”
Nos
obliga a buscar más profundo. Se transparenta el encuentro y hasta la
amistad, pero no se transparentan los arreglos, favores o influencias
que pueda generar.
Al lunes
siguiente fue nombrada directora de Radio Nacional Neuquén la ex-vocera
de Lago Escondido, la abogada Dalila Pinacho. Nos enteramos fácil, pero
sucede igual. Enterarnos sólo sirve si luego se puede revertir. Si un
conflicto de intereses está bien visible, ¿está bien? ¿puede seguir
existiendo como si nada?
Para ver la
importancia de esto, hagamos un poco de historia. Joe Lewis intentó
trasladar el aeropuerto local a la Pampa de Ludden, y no pudo porque un
pueblo bien informado se movilizó en contra. Luego se plebiscitó la
propuesta de vender las tierras del actual aeródromo y construir otro en
la recta del Foyel. De nuevo, el pueblo bien informado demostró en las
urnas un contundente rechazo al “sueño” del gobierno radical y los
intereses escondidos.
Intentó
comprar la voluntad de la población donando un hospital, y un pueblo
bien informado le dijo, “no, gracias.” Intenta, a través de otros
socios, abrir una villa turística al pie del cerro Perito Moreno, y un
pueblo bien informado hasta ahora no lo ha permitido. Intenta quedarse
con un lago cuyo acceso tendría que ser público, y el Superior Tribunal
de Justicia falló que no lo puede hacer, que la Provincia de Río Negro
tiene que garantizar el acceso, pero hasta el momento, al Poder Judicial
no le hace caso ni Lewis ni, sobre todas las cosas, el gobierno
provincial.
Ahora, ponés el nombre
Joe Lewis en el buscador de la página web de Radio Nacional, y la única
nota que aparece es la de Dalila Pinacho explicando que todo fue mera
coincidencia entre la visita de Macri y el anuncio de su nombramiento, y
que hace siete años que no es vocera de Lewis. De lo anterior, nada.
¿Quién controla el discurso? Las veces que se le pudo frenar a Lewis fue
gracias a que la población se informara bien. Pero se van borrando las
líneas entre periodista, empleado del estado, funcionario de un
gobierno, y representante de un empresario.
¿El
poder político controla al empresariado por el bien de la población, o
controla a la población por el bien del empresariado? ¿El poder
mediático informa a la población, o arma el discurso a beneficio del
empresariado y el poder político? ¿O directamente son las mismas
personas?
Los medios comerciales ya sabemos que responden al poder empresarial porque concretamente son empresas privadas que buscan su propio lucro sin escrúpulo. ¿Pero Radio Nacional?
No
termina con Dalila Pinacho a cargo de Radio Nacional Neuquén. Uno de
los conductores de la mañana de Radio Nacional El Bolsón es Adrián
Moreno, que antes de asumir ese rol trabajaba en la campaña de Bruno
Pogliano, y antes de eso fue director del diario Ruta 40, periódico que
se dedicaba a lavarle la imagen a Lewis y atacar a la Asamblea en
Defensa del Agua y la Tierra.
Tampoco
termina con Radio Nacional. En este momento son muchas las personas con
un currículum conectado a Lago Escondido o al grupo Laderas, quienes
ocupan posiciones estratégicos en nuestra localidad.
Fernando
Arbat fue el vocero del grupo Laderas, integrante del equipo de campaña
de Bruno Pogliano, y ahora es Secretario de Comercio de El Bolsón.
Bruno Helrriegel es el dueño de La Comarca Noticias, otro medio
vociferamente pro-Lewis y pro-Laderas, y tuvo a cargo la organización de
la Fiesta Nacional del Lúpulo. Sergio Wisky, como ya dijimos, se
autodescribe como amigo cercano de Lewis, y es diputado nacional por el
PRO por Río Negro. La empresa Laderas del Perito Moreno, Sociedad
Anónima, tiene como domicilio comercial declarado en la AFIP, la
dirección del estudio contable de Bruno Pogliano. Y cuando hace años, se
movilizó la ciudadanía para exigir el acceso al Lago Escondido tal como
lo dice la ley, el actual intendente Bruno Pogliano se movilizó hasta
la puerta de esta radio para convencer a la gente que no lo hiciera.
Todo
esto sucede al nivel local, y nos preocupa mucho. Pero ampliar al nivel
nacional nos preocupa aún más. Aparentemente Pogliano también estuvo en
Lago Escondido con Macri. Volviendo a ese encuentro entre Macri y
Lewis, vemos que los negocios de Lewis en la zona son mínimos al lado de
lo que sucede al nivel nacional. Tiene las firmas Vans, Puma, Gottex,
Freddo, Aroma, Hard Rock Cafe y Planet Hollywood, su negocio principal
es la energía. Lewis es co-propietario de Pampa Energía, principal
accionista de Edenor en Buenos Aires, Edesa en Salta, Edelar en La
Rioja, y Edesal en San Luís. También la distribuidora Transener, quien
opera líneas de alta tensión que van desde Santa Cruz hasta Salta y
Misiones, y varias estaciones térmicas e hidroeléctricas que suman más
de 2200 MW en todo el país. Ahora busca la aprobación de una
hidroeléctrica en su propio campo, sobre el Río Escondido, lo cual
implica que el estado, o sea nosotros, pague las obras de cableado para
que él nos pueda vender la energía que genera con el agua que es de
todos. Directa o indirectamente participa en generar y transportar la mitad de la electricidad del país.
Pampa Energía además tiene un acuerdo comercial con YPF para explotar
gas vía fracking en la zona de Vaca Muerta, y otro parecido con
Petrobrás.
Por todo esto
preguntamos, ¿de qué hablaron Macri y Lewis en Semana Santa? El tarifazo
que vemos todos en la factura de luz, beneficia enormemente a quienes
distribuyen energía. Nos importa mucho más eso que el hecho de que Macri
haya usado el helicóptero de Lewis. ¿Qué otras cosas se hablaron ese
día? Traspasemos la barrera del chisme. No nos confundamos entre
noticias que tienen datos, y noticias que tienen contenido.
Las preguntas que hacemos son las que siempre hay que hacer frente a
cualquier noticia: ¿Quiénes toman las decisiones que nos afectan a todos
y a todas? ¿Quiénes manejan el discurso público sobre esto? ¿Y quién se
beneficia de la situación?
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