El
Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó la identidad de Julio Rafael
Manzini y Raúl Barizoni, dos niños apropiados durante la última
dictadura en la provincia de Neuquén. “Acá hubo un horroroso tráfico de
chicos permanente, protagonizado por miembros del Estado y bajo el
escudo de la Justicia y de la Iglesia”, dijo a Cosecha Roja Sonia
Manzini, la hermana de Julio. La denuncia apuntó a una red que
vinculaba a miembros del Registro Civil, Gendarmería, Ejército y al ex
juez de Paz, Julio César Quiroga.***
Sonia Manzini tenía diez años cuando Julio César Quiroga, el juez de Paz de Junín de los Andes, entró a su casa con un bebé en brazos. Los padres de Sonia lo recibieron y le presentaron a la nena su nuevo hermanito.
– ¿De dónde vino? – preguntó Sonia.
– Lo trajo la cigüeña – contestó la madre y le pidió que eligiera una fecha de cumpleaños. La nena escogió el mismo día de su nacimiento. Así quedó plasmado en la partida de nacimiento de Julio Rafael Manzini: nacido el 28 de agosto de 1976 de Raquel Briceño, que en ese entonces trabajaba en el registro civil de Junín de los Andes, y del sargento Roberto Manzini.
El primo de sonia, Raúl Barizoni, tuvo una historia similar. En 1982, los tíos se fueron a Aluminé, en la frontera con Chile, y volvieron con un bebé. Repetían en las reuniones familiares que era su hijo biológico, pero en el pueblo circulaba otra versión.
Sonia creció en un ambiente de complicidades: el tío Raúl Camilo Barizoni era gendarme y su esposa Graciela Briceño llevaba las estadísticas del hospital de Aluminé. Pasaron treinta y nueve años para que reuniera la fuerza y el apoyo para hacer la denuncia. En una conferencia de prensa, el 25 de septiembre de 2015, dijo que lo había hecho por su hermano, su primo y para recuperar su propia identidad.
“Cuando se conoció el caso, fue una bomba en San Martín, Junín de los Andes y los alrededores. Se trataba gente de mucho prestigio y poder: todos eran parte del Estado de la provincia. El entregador, Quiroga, también figura como personal civil del batallón 601”, contó a Cosecha Roja Nacho Ferrería, referente de la asociación Tugún- Identidad Biológica de los Andes.
En 2015, cuando Sonia hizo la denuncia, los acusados eran funcionarios públicos. La apropiadora Raquel Briceño ya era jueza de paz de Junín de los Andes; Raúl Barizoni, delegado del Círculo de Suboficiales de Gendarmería; y el hermano de Julio César Quiroga, Horacio – conocido como “Pechi”- estaba a punto de ser elegido intendente de Neuquén por la alianza UCR y PRO.
Sonia y su abogado, Juan Grabois, supieron que no podría hacer la denuncia en la fiscalía del región porque estaba vinculada toda la cúpula del poder provincial. “Si yo la hacía acá como correspondía me iban a tratar de loca. Decían que eran crímenes prescritos o que no habían pruebas. Quizás terminaba muerta”, dijo a Cosecha Roja Sonia.
El abogado llevó el testimonio de Sonia a la Unidad Fiscal Especial por la Apropiación de Menores en la Ciudad de Buenos Aires, que la derivó al Tribunal Oral Federal de Neuquén. Hoy, el Banco Nacional de Datos genéticos determinó que Julio Manzini y Raúl Barizoni habían sido apropiados. Se conoció que Julio era hijo de Alicia Sifuentes y Julio César Quiroga. La familia biológica de Raúl pidió mantener en reserva su identidad.
Alicia Sifuentes tenía 16 años y vivía en San Martín de los Andes cuando el juez de Paz le quitó al hijo que tuvieron juntos y se los entregó a la familia Manzini. Alicia nunca dejó de buscarlo y cuando se enteró que Sonia había realizado la denuncia no lo dudó: Julio era su hijo.
“En primer lugar, hay que desnaturalizar algo en la comunidad, convencernos que hay una diferencia entre apropiarse de un bebé y adoptarlo. Todavía escucho personas diciendo ‘te hicieron un favor, te dieron un mejor pasar’ pero en realidad nos quitaron lo más importante que teníamos: la identidad”, contó Sonia.
Según Sonia, “esta lógica de apropiación de bebés supera a la última dictadura. Han sucedido con las comunidades originarias y con las personas de escasos recursos por toda la Patagonia. Es necesario tener un marco legal, que nos permita recuperar la identidad no sólo en los casos comprendidos entre 1976 y 1982”. Ella todavía espera que el Banco Nacional de Datos Genéticos recupere su propia identidad.