(Indymedia Rosario).-El
caso del linchamiento de David Moreira y la réplica de agresiones a presuntos
delincuentes en distintos puntos del país expuso crudamente una problemática
que se arrastra de largo rato y, como suele suceder, empieza a ser interesante
para algunos sectores políticos y mediáticos cuando la morbosidad de los hechos
la hacen inocultable.
Una
horda de vecinos ataca a un pibe de 18 años en barrio Azcuénaga. Relatos
periodísticos incorporan elementos de la barbarie colectiva: quemaduras de
cigarrillos, cadenas, hasta una moto pasándole por encima, un conductor
interrogándose si aun respiraba y que, si no, se hiciera lo posible para que
deje de hacerlo. David yace desarmado, solo y bañado en su sangre en el medio
de la calle, junto a la moto que lo trasladaba. Está casi inconsciente, atina a
levantar la cabeza. Una patada la hace rebotar contra el asfalto. Queda
inmóvil. Alguien llamó una ambulancia, otro la canceló para garantizar la
muerte del pibe. Las patadas le rompieron el cráneo. El joven muere luego de
tres días de agonía.
El caso del linchamiento de David Moreira y
la réplica de agresiones a presuntos delincuentes en distintos puntos del país
expuso crudamente una problemática que se arrastra de largo rato y, como suele
suceder, empieza a ser interesante para algunos sectores políticos y mediáticos
cuando la morbosidad de los hechos la hacen inocultable.
No sólo por el hecho en sí de que decenas de
personas pateen a otra indefensa y desarmada, por ende sin estar en riesgo la
vida de los que se tornan en agresores, hasta matarla; sino por las reacciones
que aparecen tras su ejecución. Desde que se conoció la noticia del linchamiento
de David, las redes sociales mostraron cómo un discurso y acción fascista,
opuesta a toda norma, se trasluce en festejos, pedidos de replicar la agresión
en un “todos contra ellos”. Esos otros, distintos e inaceptables, que salieron
de algún lugar a alterar el cotidiano de “la gente de bien que paga sus
impuestos”.
Elemento este último rebatido por el
periodista David Narciso, quien bajo el subtítulo “Moralidades” escribió
en el diario El Ciudadano: “Se dice que hasta un centenar de personas
fueron parte de la turba asesina. ¿Quiénes eran esos hombres y mujeres? Parece
que nunca robaron una cartera. ¿Pero entre ellos no habrá alguno que roba
sistemáticamente la electricidad que es patrimonio público? Las estadísticas de
la EPE dicen que sí. ¿Cuántos de ellos cometen el delito de evasión impositiva?
Para determinados grupos sociales hay delitos que están legitimados y otros que
son aberrantes. Para esos vecinos de Azcuénaga -por supuesto no todos- ya está
claro cuál es cuál. En otros grupos, ubicados tanto arriba como abajo en la
pirámide social del habitante promedio de Azcuénaga, pasa lo mismo, sólo que
varía la tolerancia a determinados delitos de acuerdo a los intereses propios
de ese sector social en ese lugar y momento histórico”.
Posterior a la internación y deceso del joven, no solo se vivó
el linchamiento: se propuso replicar la acción y hasta se puntualizaron
cuestiones metodológicas, tales como controlar que a ningún “desubicado” se le
cruce llamar a una ambulancia. Vale destacar que el
posteo mencionado del facebook de los
vecinos de Barrio Azcuénaga -con un logotipo de “vecinos vigilantes”, que sería
bizarro de no ser trágico- fue borrado de dicho perfil tras conocerse que las
investigaciones judiciales sobre el homicidio podían utilizar tales
declaraciones como probatorias o indicios que lleven a los asesinos.
Celebrando
el 24 de marzo: posteo de “Indignados Barrio Azcuenaga” que fue luego borrado.
No es nuevo el discurso de que se asiste a lo
peor de la descomposición social. Lo que sucede en estos días es que los
linchamientos dejan claras una serie de valoraciones e ideología de sectores
sociales históricamente permeables a discursos y acciones fascistas. El robo es
peor delito que el homicidio. La cartera de una joven vale más que la vida de
un pibe. Decenas de “vecinos” se transforman en asesinos de un adolescente
desarmado. Hoy pueden estar caminando al lado nuestro con su vestimenta poco
sospechosa y sus impuestos al día (o aparentando tenerlos). En la parada del
bondi, en el bar de la vuelta, en el cine, puede haber un hombre o una mujer
que pateó y golpeó a un pibe hasta hacerle salir el cerebro. ¿No genera ésto
sensación de inseguridad? ¿O resulta que la seguridad se mide en función de la
posibilidad de estar en lugar del agredido- víctima y diferenciarse de un
victimario debidamente tipificado? Si no soy negro, ando en moto y uso gorrita,
no hay peligro. Mis semejantes no me harían el daño que sí le hicieron a ese
otro al que considero estigma y lacra social.
Mucho circuló en medios locales y en voz de
gobernantes esto de que “la ciudad que mostró su solidaridad con los vecinos de
calle Salta” ahora muestra su peor cara. Con todo el respeto a la solidaridad
profunda y sincera que tuvo gente que ayudó y trabajó de corazón en uno de los
peores sucesos de la historia local, la realidad es que poco después de ese 6
de agosto fallecieron personas en una villa rosarina porque se les quemaron los
ranchos y se murieron dos nenas por fallas en los juegos mecánicos del Parque
Independencia, y no generó similar repudio social ni proporcionales muestras de
solidaridad. Esto está profundamente ligado a la identificación con las
víctimas y la sensación de posibilidad que le genera a quienes se identifican,
de estar en su lugar. Todo vecino, toda vecina, podría ser la joven madre.
Ningún vecino y vecina que tiene crédito de sobra en el teléfono para llamar a
la radio y postear en los diarios web considera que podría ser David. Lo
curioso es que sí podría ser un delincuente mayor: en Argentina y cualquier
otra parte del mundo, el homicidio doloso es peor que el robo.
Cuestión de presencias
La excusa para los homicidas y tibios
comentaristas que utilizan eufemismos para explicar lo sucedido y no repudiarlo
es que el Estado abandonó sus funciones.
Lamentamos informar que (por lo menos) a
partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ningún Estado que se
precie democrático tiene (o debería tener) la función de matar a nadie. Ningún
“contrato social” aun con el Estado como monopolizador de la denominada “fuerza
física legítima”, dispone que éste defina que alguien debe morir.
Se confunde el Estado policial con el Estado
de derecho. Más allá de las discusiones en torno al “estado de derecho
burgués”, está claro que la conquista del Estado de Derecho es un avance en
materia de posibilidad de defensa, juicio justo, presunción de inocencia,
etcétera. Atravesado por una lógica de clase, claro está, pero diferenciado de
las sociedades medievales caracterizadas por un profundo autoritarismo. Porque
si a “los David hay que matarlos”, ¿qué les queda por hacer a los testigos de
causas de delitos de lesa humanidad, víctimas de policías y milicos que se
cruzan en la panadería? Esos sectores que avalan la muerte de un joven pobre,
¿verían con buenos ojos el asesinato de un violador, asesino y torturador como
el “Ciego” Lofiego o Juan Daniel Amelong? Retomando la valoración de delitos y
ubicándose en el precepto de la Ley del Talión, se justificaría entonces un
homicidio doloroso, lacerante, lento y sádico de los genocidas. Vaya sorpresa.
Esas madres y abuelas a las que les robaron los nietos y les desaparecieron los
hijos, no hicieron nada de ello. Le otorgaron a sus verdugos el juicio justo
que le negaron a sus hijos, en caso que les hubiera correspondido.
Pero acá entra otro debate: ¿hay ausencia del
Estado?
El periodista Carlos Del Frade es taxativo:
“hay presencia corrupta y represiva del Estado”. Presencia lograda mediante sus
organismos de persecución del delito, que tipifica criminales (jóvenes pobres),
y mediante sus fuerzas estatales torna en prosecución del crimen dados los
altos niveles de corrupción y vinculación de la policía, por ejemplo, con las
grandes redes delictivas que lejos están de ser dirigidas desde los barrios
marginales y los búnkers donde se queman a pibes y pibas que cobras $400 por
día por vender merca y otras yerbas.
Esa presencia corrupta es parte de una
política de Estado de funcionarios que, aunque salieron a repudiar los
linchamientos -y vale destacar desde el posicionamiento de claro rechazo del
Ministro de Justicia de Santa Fe, Juan Lewis, a la Presidenta de la Nación
Cristina Fernández de Kirchner y su llamado a ser buenos cristianos en un
Estado que se ha declarado laico -, hablan “como quien no dirige el
Estado”, cuya forma de hacerse presente o sus selectivas ausencias se critican.
Estuvo muy bien la Presidenta en su cadena
nacional definiendo el concepto de inclusión. Pero desatinó al negar que el
Estado que ella dirige en un proceso político que lleva ya una década tiene
amplia responsabilidad en haber dejado crecer el monstruo narco, en no haber
saneado las fuerzas policiales -pese a las tareas de inteligencia de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria, que han dado sus frutos-, en no mejorar el sistema
carcelario para que cumpla su rol de recuperación de los presos y no sitios
concentrados de reproducción de la violencia. Con Planes Procrear, notebooks e
inclusión discursiva no se tuerce una estructura productiva extranjerizada,
expoliadora, altamente concentrada y una estructura fiscal regresiva que sigue
esquilmando a los sectores más postergados e impidiendo la generación de empleo
digno y educación universal que le dispute terreno a las economías delictivas
(que no solo trabajan con droga, sino con autos, granos en negro, etcétera).
La presencia corrupta y represiva de un Estado trae
generaciones de miseria como sostenedoras de las ganancias de unos pocos. Los
jóvenes pobres que nutren las estadísticas de muertos en Rosario son esos a los
que se les pide respeto por la vida y se les exige que no delincan cuando parte
de la sociedad pone el énfasis y la acción en eliminarlos, y no en el abandono
sistemático de amplios sectores en materia social, educativa, de salud,
laboral. Tiene razón Cristina Fernández al hablar de cómo se sienten esos
sectores, cómo se ven parados ante esa sociedad que los discrimina. La pregunta
es si basta con la política de parches, sin atacar los nodos estructurales del
problema.
Lorena
Torres, madre de David. Foto: Carlos Carrión
Violencias
“Es un momento muy especial para la sociedad.
La derecha aprovecha. Hay debates que se reabren, porque aparentemente estaban
cerrados. Lo que genera la violencia es la desigualdad, no la pobreza. Si esto
hubiera sucedido en una villa estaría toda la sociedad condenándolo. Lo que hay
que despertar y unificar es el repudio y el rechazo a esos sectores que por
bronca, por ira, que hasta vieron con simpatía o no reaccionaron contra. Y
reconocer que hay un sector de la población que es muy permeable a planteos
fascistas. Hay vecinos que actúan como parapoliciales, hay lugares en que las
bandas narco son parapoliciales y a veces la propia policía funciona al
servicio del Estado que construyeron las bandas narco”, consideró por su parte
Gustavo Martínez, miembro de la CTA local y con estrecho vínculo con las
organizaciones populares de la región.
“Hay un camino largo para limpiar este
debate, que sigue siendo el mismo: una juventud que no tiene futuro y la están
empujando a que tome otros caminos. Como se empuja a sectores de las capas
medias, engañándolos con el tema de la seguridad. Lo votan a (Miguel) Del Sel
para que los amigos y los jefes de Del Sel sigan robándonos el país, sigan
privatizando, y esas privatizaciones van a traer más generaciones con pibes que
la única forma que van a ser criados es en el resentimiento”, evaluó Martínez.
Los medios de comunicación merecen párrafo
aparte. Si bien el arco político y mediático en general repudió lo acontecido
hubo varios comunicadores que, mientras decían que lo que pasó no estaba bien,
justificaban el accionar irresponsablemente, utilizaban eufemismos, se
plantaban imparciales y permitieron la proliferación de mensajes de lectores
escalofriantes y reproductores de la violencia en los portales de noticias y
los micrófonos de las radios. La sobreexposición del cuerpo yaciente, la
reiteración y el amarillismo también operaron como “prenseros de la barbarie”.
Hubo intervenciones puntuales que se
apartaron de la generalidad. Tal es el caso de Hernán Lascano, quien el día del
linchamiento de David relató
otro suceso en el que un muchacho, profesional, de sector medio, casi muere
apaleado por un grupo de individuos que lo acusó de un robo que no cometió.
Gracias a sus herramientas para poder explicarle a la policía (sin cuya llegada
hubiera corrido la suerte de David), pudo revertir su detención por portación
de cara: tiene la condena de ser moreno y morocho. No pudo evitar los golpes,
quedó bastante lastimado.
La publicación del video en que se ve a los
agresores golpeando hasta matar al joven en Barrio Azcuénaga, no es sólo anti
investigativa, sino que opera como un anestésico: lo que en una primera vista
genera estupor, en una segunda o tercera, transforma a esa imagen en objeto de
observación y morigera los efectos impactantes. El hecho de que se muestre una
y otra vez ese video no hace más que anestesiar ante la imagen de la barbarie.
Varios estudiosos han escrito largo y tendido sobre esta cuestión. Llama la
atención que en ese video se ve a dos hombres, uno con el rostro cubierto,
golpeando al joven. Lo que abre el interrogante de si se trató de un grupo
reducido que busca ampararse en una multitud -que de todos modos sería cómplice
por silencio e inacción-, o realmente de una horda enfurecida. Datos que,
esperemos, aclare la investigación exhaustiva que debe materializarse en el
hallazgo de los asesinos.
Lamentablemente, y sin ánimos de victimizar a
una asaltada, madre bien de un hijo bien, casi ningún comunicador se detuvo en
que la joven a la que presuntamente habría pretendido robar David y lo apuntó
como ladrón, tiene como abogado a Paul Krupnik, conocido defensor de
narcosproxenetas y patronales que despiden obreros. Parece que la rueda da una
vuelta completa y se pasea por un montón de lugares de la realidad.
Más allá de que no cambia la barbarie de lo
acontecido, nadie pudo comprobar que David fuera el ladrón de la joven
representada por Krupnik. Si bien algunos medios insistieron en hablar de
“presunto ladrón”, dejando claro que se desconoce la culpabilidad del joven en
el supuesto robo, hubo otros que directamente utilizaron el término “ladrón” y
hasta utilizaron ese calificativo como atenuante del crimen.
Vale recordar que pocos días antes del
asesinato de David Moreira, un grupo de hombres vinculados a una remisería
asaltada creyeron ver en la calle a los maleantes. Les dispararon en un
semáforo, les agarraron la moto, los persiguieron y golpearon salvajemente a
uno en una estación de servicio. Lo desfiguraron. El asunto es que los dos
muchachos iban a trabajar, no eran ladrones. Sufrieron un escarmiento
superlativo por un delito que no cometieron. Gajes de pedir justicia y cagarse
en las normas del debido proceso.
Asamblea
por los Derechos de la Niñez y la Juventud. Foto: Indymedia Rosario
Trabajadores
La Intersectorial de Trabajadores de la Niñez
y la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud vienen abordando la problemática
del narcotráfico, la criminalización de la juventud en los barrios, la
represión policial, entre otros. “Esto es consecuencia de lo que se vive en los
barrios, con mucha inseguridad, disputas entre bandas y zona liberada de la
policía. Y la gente se la agarra con un pibe que no tiene nada que ver.
Nosotros lo vemos a diario en el Instituto de Rehabilitación de Adolescente de
Rosario (IRAR) cuando los pibes te cuentan los arreglos que hay con la Policía,
la implicancia de que el Estado aparece en el barrio solo de forma represiva.
Hay un descontrol en el que el Estado no tiene políticas claras a nivel de
juventud. Por eso pedimos desde la Asamblea y la Intersectorial que se declare
Estado de Emergencia, que haya más presupuesto para mejores políticas públicas,
y que los trabajadores podamos tener nuestros derechos cubiertos para así
abordar las políticas de otra manera”, aseguró Emiliano Scopetta, trabajador
del IRAR y miembro de la Intersectorial.
Aquí se suma al análisis respecto al rol y
presencia del Estado, la estructura de precarización en las áreas de niñez y
juventud. “Los que trabajamos con niños y jóvenes somos los que estamos en
peores condiciones dentro del Estado, tanto nacional, provincial como
municipal. Por eso nos juntamos y estamos en lucha”, relató el joven.
Está claro que el caso Moreira evidenció con
estrepitosa dureza una realidad que en dosis similares se vive a diario en las
barriadas populares rosarinas. “Es la punta del iceberg. Tiene forma de
limpieza étnica. Acá estaba aceitado el mecanismo de un grupo que va unificando
el testimonio de los vecinos. Yo prendería una luz de alerta, para que no nos
sorprenda que el titular de un diario sea ’pasa una camioneta y asesina a 7
pibes por estar en una esquina’, ya que Latinoamérica fue desgarrada por los
escuadrones de la muerte y las bandas fascistas”, advirtió Martínez.
Abordando la problemática de manera integral
y saliendo del caso puntual de David, el Padre Montaldo, que lleva 40 años de
tarea social en Ludueña, se preguntaba:
“Queremos quitarles la droga, ¿pero qué les ofrecemos a cambio?”. Sencilla y
precisa pregunta del sacerdote que sigue peleando por los derechos de los
pibes. "A esos chicos hay que abrirles las puertas y darles el cariño y el
amor que no pueden encontrar en otras partes. Y que lo necesitan",
continuó el Padre. Palabras que adquieren también magnitud ante el caso de un
joven de 17 años también agredido, a quien ningún adulto recogió en el
hospital, dado que vivía solo en condición de calle.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, Eugenio Zaffaroni, pidió en declaraciones recientes no
“estigmatizar” a los jóvenes con menos recursos. Además, consideró que el
linchamiento es “el resultado natural de una campaña de medios que lo que
están haciendo es estigmatizar terriblemente a los adolescentes de barrios
precarios”.
“Esta
estigmatización los convierte en chivo expiatorio y el resultado natural es
que los matan”, por lo que sentenció: “Si me dicen que el problema es
fulanito, que es el culpable de todos los males, entonces hay
que matarlos”, afirmó el Ministro.
El linchamiento de David y sus réplicas en
otros lugares del país expuso morbosamente una problemática compleja que merece
de un gabinete de especialistas y de voluntad política para torcer las
deficiencias del Estado actual -que más que deficiencias son garantías de
continuidad al tipo de negocios que se dice combatir-. “Ningún pibe nace
chorro”, dicen los integrantes del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. Una
frase que recorrió las redes, tras ser plasmada nada más ni nada menos que el
24 de marzo por el grupo de artistas Arte por Libertad.
Por su parte, desde la Asamblea de la Niñez
hicieron un spot audiovisual en el
que plantean diferentes tipos de violencia, ante las que la sociedad no
“salta”, a diferencia de la violencia que los incluye como víctimas de robos.
En tanto la alternativa ante el esquema de identidad
territorial que supieron generar los narcos - el mural de Ariel Cantero y la
protección cerrada de la banda de los Monos así lo muestran-, sea laburar en
negro de 8 a
12 horas por 4 mil o 5 mil pesos, será difícil sortear el asunto. Ya se dijo
mucho, pero por dicho no pierde vigencia: el funcionariado azorado por el
linchamiento tiene responsabilidad política de llegar a esta instancia. Una
responsabilidad imposible de demostrar en un juzgado, pero que quedará en la
historia. Los famosos “lazos sociales” no se recrean con un helicóptero que
hace temblar las ventanas o los techos de chapa por las noches, ni
garantizándole el negocio a Julio Humberto Grondona, y las barras que como se
sabe manejan muchos otros negocios que la hegemonía de la popular. Mucho menos
pidiendo mano dura o reprimiendo laburantes en psiquiátricos, desocupados y
pueblos originarios en autopistas, o militantes frente a multinacionales. Los
lazos sociales se fortalecen dando espacio y cancha a sus hilos, que son las
organizaciones que están en los barrios, en la calle, en la cancha social, y no
permitiendo que se las intente amedrentar, como a los militantes de la FOB, que
se los mate como a Mercedes Delgado y los pibes de Villa Moreno, o que los
crímenes cometidos por el Estado y sus fuerzas represivas queden impunes.