Sostenemos, como lo hemos hecho antes, que como política de salud el gobierno provincial debe:
Ajustar los controles sobre los colegios médicos y las clínicas que se benefician siendo prestadores de la obra social provincial, pero castigan a los y las pacientes cobrándoles plus ilegales y altísimos.
Ajustar los controles sobre los profesionales de la salud que otorgan certificados con diagnósticos falaces, siendo parte fundamental del supuesto aumento en el uso de licencias.
Implementar políticas de prevención y atención primaria de la salud de los trabajadores y las trabajadoras.
Revisar el listado de enfermedades que se consideran profesionales, de manera de incorporar nuevas prestaciones y servicios o modificar las condiciones laborales que las propician.
Garantizar condiciones laborales que garanticen espacios saludables de trabajo.
Entregar a manos privadas los controles de la salud, la enfermedad y las licencias de los trabajadores y las trabajadoras públicas, es deshacerse de una función que le corresponde al Estado y hacer que se controlen a sí mismos quienes son parte de la corrupción y los abusos.
Si algo hemos aprendido los argentinos y las argentinas es que si algo del Estado no funciona o funciona mal, la única solución posible es más Estado; de ninguna manera es el traspaso de la responsabilidad a lo privado.