10 de diciembre (Red Eco).-
Así comienza la gestión el nuevo gobierno de
Cambiemos que acaba de asumir. El flamante presidente Mauricio Macri
llega al sillón de Rivadavia con una escalada de precios y con el camino
allanado para el endeudamiento externo.
Red Eco Alternativo.
(Red Eco) Argentina - Inflación y endeudamiento
constituyen parte del escenario cierto para la nueva gestión que asumió
este jueves la presidencia de la Nación.
Ninguno de los dos
elementos conforman una novedad sino que se fueron gestando durante el
gobierno kirchnerista más allá de que ambos fueron sistemáticamente
ocultados o negados. Desendeudamiento e inflación irreales son dos
componentes de una gestión que finalizó luego de casi 13 años de
gobierno y que terminó con una escalada de precios.
El economista
Julio Gambina y Héctor Polino, integrante de Consumidores Libres, dieron
su opinión sobre este tema en entrevistas realizadas por el programa
Los Locos de Buenos Aires.
“El gobierno de Cristina Fernández
terminó su mandato con aumento de precios y obviamente culpando a los
anuncios del gobierno entrante de Mauricio Macri, aunque aún era el
kirchnerismo quien estaba en funciones y la realidad es que no podía
disciplinar a los fijadores de precios. Inclusive una parte del aumento
de precios está asociado al aumento de los combustibles y éste lo
disparó YPF, una empresa privada de gestión estatal”, comentó el
presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas
(FISyP), Julio Gambina.
El aumento del combustible - recordó Gambina -
había sido acordado con el Ministerio de Economía y las autoridades a
principios de 2015, “se sabía que iba a aumentar, es más, aumentaron
ahora porque esperaron que pasaran las elecciones. Estaba previsto
aumentar los combustibles antes del 22 de noviembre (balotaje), pero con
toda la intención de disputar votos se planteó que el aumento se
aplicara después de esa fecha”.
El aumento de los combustibles
siempre termina impactando sobre los precios a los cuales se traslada.
Por lo tanto, una parte importante de los recientes incrementos tiene su
explicación con la suba de los combustibles por disposición de la
empresa de gestión estatal.
La situación queda muy complicada
sobre todo para los sectores de menores ingresos que son los principales
afectados por esta escalada de precios.
Así lo confirmó Héctor
Polino, director de Consumidores Libres, entidad que realiza desde hace
20 años, en forma quincenal, mediciones de precios de artículos que
componen la canasta básica de alimentos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
La última medición de fines de noviembre arrojó aumentos
similares a los que se venían produciendo durante el año. “La canasta de
38 artículos subió 1,95 % y el acumulado desde principios de año dio un
incremento del 20,82 %”, comentó Polino. Sin embargo, a principios de
diciembre, en tres días, se produjo una estampida sobre todo en los
artículos de la canasta básica de alimentos, aumentos sobre los
incrementos que ya se venían generando normalmente.
“Estos últimos
son absolutamente injustificados, no hay ninguna razón que los explique,
solamente los anuncios que hicieron algunos futuros funcionarios (hoy
ya en funciones) de que va a haber una devaluación del peso en relación
al dólar”.
Sobre estas especulaciones, Polino manifestó la necesidad
de ver qué artículos son importados. “Aumentar los precios de los
artículos cuya materia prima, tanto agropecuaria como industrial, es
argentina, los salarios son argentinos, impuestos argentinos, es un
absurdo querer referenciarlos al valor del dólar. Y si alguno tiene
componente importado hay que determinar en qué proporción incide ese
componente en la estructura del costo. Tratar de aumentar todos los
productos porque va a haber una devaluación del peso es una actitud
claramente especulativa, antisocial, que demuestra que los buitres no
están solo fuera del país sino también adentro”, afirmó.
Ambos
entrevistados coincidieron en que el gobierno saliente tuvo la
legitimidad necesaria para parar esta estampida hasta entregar su
mandato pero no lo hizo. “El gobierno tenía diversos instrumentos, en
primer lugar la Ley de Defensa del Consumidor que establece sanciones de
multa hasta la clausura del establecimiento. Debió haberse creado hace
tiempo el Observatorio de Precios, que es una ley que se aprobó en 2014
sobre la base de un proyecto del propio Poder Ejecutivo, constituido por
funcionarios de distintas aéreas económicas del gobierno nacional, con
representantes de las entidades de defensa de los consumidores para
observar la evolución de los precios desde la materia prima hasta el
producto que llega al consumidor y determina en qué eslabón de la cadena
se produce un aumento injustificado del precio y el Estado actuar
rápidamente sobre ese eslabón. Pasó un año y no se hizo nada de esto”,
recordó Polino.
Los aumentos ya están y muchos afirman que nada
asegura que cuando el gobierno actual precise sus medidas económicas,
que son hasta ahora enunciados generales, no vuelvan a aumentar. “Estas
remarcaciones perjudican a los sectores de clase media, de clase media
baja, a los trabajadores que viven de ingreso fijo y que deberán esperar
hasta agosto o setiembre del año próximo en que finalicen las
convenciones colectivas de trabajo, a los jubilados que perciben el
haber mínimo (un 70%) y que recién en marzo se realizará un nuevo
reajuste de sus jubilaciones. O sea que van a poder comprar menos y esto
puede afectar el empleo en especial los que hacen horas extras, y esto
puede conducirnos a un proceso claramente recesivo”, describió Héctor
Polino, trazando una secuencia ya conocida en los ciclos económicos de
nuestro país.
Otra de las cuestiones que tiene definido el nuevo
gobierno de Cambiemos es el tema del endeudamiento. “Es verdad que hay
menor deuda externa pero no menos deuda pública. Y esa va a ser la gran
excusa del gobierno de Macri, decir que como estamos con baja deuda
externa, entonces vamos a endeudarnos. Argentina está en excelentes
condiciones para que el gobierno de Macri endeude a nuestro país y no
tengan duda que lo va a hacer”, aseguró Gambina.
Como dato que
contribuye a tener certeza sobre el camino nunca abandonado del
endeudamiento, el titular de FISyP recordó que María Eugenia Vidal
(quien acaba de asumir como gobernadora de la provincia de Buenos Aires
por Cambiemos, la alianza encabezada por Mauricio Macri) dijo que la
caja que le entregó el gobierno de Daniel Scioli (FPV) está en cero pero
aseguró que pagarán los sueldos y el aguinaldo de todos los empleados
públicos con dinero que le pedirá a la Nación. “En el marco del actual
déficit fiscal que tiene el gobierno nacional, solo podrá resolverlo
tomando deuda pública”, afirmó.
Solo pensando en el corto plazo,
Gambina recordó que en 2016 vence el bono que suscribió el Tesoro
argentino con el Banco Central cuando Néstor Kirchner le pagó 1500
millones de dólares en 2006 y le firmó un pagaré a 10 años: “Al
vencimiento lo más probable es que el gobierno renueve esa deuda y a lo
mejor pague los intereses o los incluya en la renovación como parte del
capital”.
Otro dato importante que trajo Gambina durante la
entrevista es el de las reservas del Banco Central. Cuando Cristina
Fernández asumió su segundo mandato, había 50 mil millones de reservas
internacionales y hoy son la mitad (aunque gran parte son títulos
públicos y encajes del sistema financiero) “porque se han utilizado esos
recursos para pagar deuda y para fugar capitales de manera legal:
remesas de utilidades al exterior y mecanismos especulativos como el
contado con liquidación (que son inversiones que se hacen en pesos
comprando en Argentina bonos dolarizados que luego se venden en dólares
en el exterior y esa plata no vuelve a nuestro país). En Argentina se
han ido 26.000 millones de dólares en estos cuatro años. Hubo un
favorecimiento a quienes pudieron sacar los dólares de Argentina en
forma muy impresionante”, dijo.
Gambina recordó además que el
gobierno kirchnerista fue el que más deuda pagó. Cristina Fernández dio
en diferentes momentos tres cifras distintas de todo lo que se había
pagado. Habló de 192 mil millones de dólares, de 173 mil y de 146 mil.
“Cualquiera de las tres cifras es una inmensidad, es más de lo que debía
Argentina al momento de cesación de pagos en 2001, momento en el que
debía 141 mil millones de dólares. Aunque se tome cualquiera de las
tres, el país pagó 146, o 173, o 192 y está debiendo 230 mil millones de
dólares de deuda pública”, manifestó quien integra la Asamblea por la
Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del
Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes.
Una investigación de mediados del 2007 de la Revista Veintitrés dio a conocer que la entonces ministra de Salud Graciela Ocaña –quien provenía del ARI– denunció una “doble moral” de Alfonso Prat-Gay por haber fugado U$S 780 mil antes del congelamiento de los depósitos durante el corralito, ocupando el puesto 67 en un listado de 1400 personas que habían girado dinero al exterior.
