Por Darío Aranda
“El Gobierno debe dar mayor prioridad a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas (…) Una preocupación central es la falta de seguridad jurídica de sus derechos sobre sus tierras tradicionales y los desalojos”, afirmó la más alta autoridad en materia indígena de Naciones Unidas, James Anaya, luego de recorrer durante once días comunidades originarias de Argentina. Organismos de derechos humanos, que propiciaron su visita al país, entregaron un informe donde denuncian que “los desalojos continúan sucediendo y, en múltiples casos, los reclamos por el cumplimiento de sus derechos han sido objeto de serias respuestas violentas estatales que incluyen la criminalización de la protesta, represión y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad. Todo esto sucede en un marco institucional de exclusión política”.
Neuquén, Salta, Jujuy y Formosa, cuatro de las provincias con más denuncias de violación de derechos de pueblos originarios, fueron visitadas la última semana por el diplomático de Naciones Unidas. Escuchó, de boca de los propios indígenas, la sistemática vulneración de derechos y confirmó el avance de petroleras, mineras y empresarios agropecuarios sobre territorios comunitarios. También se entrevistó con comunidades de Río Negro, Chubut y Tucumán. A pesar de ser un alto diplomático de la ONU, no fue recibido por funcionarios de primera línea del gobierno nacional.
En la conferencia de prensa brindada ayer en la Ciudad de Buenos Aires, Anaya destacó la frondosa legislación indígena vigente en Argentina. Constitución Nacional (artículo 75), constituciones provinciales, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, de rango supralegal) y, entre otras, la Ley 26160, que suspende los desalojos indígenas y ordena la realización de un relevamiento catastral. “Existen retrasos en los procesos de relevamiento territorial”, afirmó el Relator Especial.
En la misma línea, en Equipo de Pastoral Aborigen (Endepa) publicó en agosto último un relevamiento nacional sobre el nivel de cumplimiento de la ley. “Existe un notorio incumplimiento por parte del Estado argentino en relación a la ejecución de las leyes que ordenan la realización de un relevamiento técnico, jurídico, catastral de las tierras que ocupan tradicionalmente las comunidades indígenas”, había afirmado Endepa y precisó que, a más de cuatro años de aprobada la ley, se “han completado los trabajos correspondientes a sólo seis comunidades en todo el país”.
Anaya visitó en Neuquén comunidades que resisten al avance petrolero (Lof Kaxipayiñ y Wenxu Xawvn Leufu) y en conflicto con especuladores inmobiliarios (Paichil Antriao, de Villa la Angostura). En Salta se entrevistó con comunidades del norte provincial que resisten el avance del modelo agropecuario (monocultivos de soja y agricultura intensiva, entre otros). También recibió a la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), donde se interiorizó respecto del asesinato del diaguita Javier Chocobar, el 12 de octubre de 2009 en Tucumán. Luego viajó a la Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc (Jujuy), donde 33 comunidades kollas y atacama rechazan el avance de la minería de litio sobre territorio comunitario. Le explicaron que la minería “vulnera todos los derechos indígenas” y recordaron que esperan una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (donde descansa un amparo).
El lunes y martes último cerró su recorrida en Formosa junto a la comunidad qom “Potae Napocná – Navogoh” (“Puño de oso hormiguero – La Primavera”). “Escuchó las denuncias de muchos hermanos. Todas referidas a la cotidiana violación de derechos humanos”, explicó el dirigente Félix Diaz. Anaya solicitó recorrer el lugar exacto de la represión del 23 de noviembre de 2010, donde se incendiaron una veintena de casas de la comunidad y fue asesinado el qom Roberto López.
En la conferencia de prensa de ayer Anaya volvió a remarcar la peligrosidad de la “industrias extractivas dentro o cerca” de los territorios indígenas y alertó sobre los “efectos en la salud y el medio ambiente”. “Las condiciones de salud de los indígenas son peores que los de la población general y hay contaminación del medio ambiente a causa de la extracción de recursos como el petróleo y minerales”, afirmó.
Al llegar al país (el 27 de noviembre), Anaya había alertado que “las industrias extractivas son la más grave amenaza para el cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Las industrias extractivas que avanzan en Argentina sobre territorio indígena y campesino son la megaminería, hidrocarburos, agronegocios (soja y ganadería intensiva, entre otros) y monocultivo de árboles. También la especulación inmobiliaria y el turismo cinco estrellas (complejos exclusivos en Misiones, Patagonia y Jujuy, entre otros).
Respecto al asesinato de cuatro indígenas y campesinos (Javier Chocobar, Sandra Juárez, Roberto López y Cristian Ferreyra) en sólo dos años. Anaya las evaluó como “tragedias evitables, como otras que se repiten en la lucha lucha social vinculada al derecho básico al territorio”.
La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) informó al Relator el incumplimiento de la Ley 26.160 y denunció que el gobierno nacional apuesta a la división de organizaciones indígenas mediante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Dirección de Pueblos Originarios (de la Secretaría de Ambiente de Nación).
“El Relator se hizo presente en vista de los abusos de autoridad y la impunidad de los poderes tradicionales (empresas y terratenientes), amparados por los poderes políticos y judiciales del Estado”, explicó en un comunicado la Confederación Mapuche, que acompañó a Anaya durante los tres días que recorrió territorio mapuche.
“No sólo el Estado incumple la normativa sobre derecho indígena, sino que reprime la acción mapuche de proteger el ambiente, el recurso agua, la cultura y cosmovisión mapuche”, denunció la Confederación. Juan Carlos Curruhuinca, de la comunidad Wenxu Xawvn Leufu, resumió el paso de Anaya por territorio mapuche: “Le informamos de la discriminación, marginación y no reconocimiento que tienen por comunidades originarias. Han pasado muchos años y no hay voluntad política de la Provincia ni de la Nación. Ellos sí tienen voluntad de crear acuerdos con petroleras y mineras para invadir nuestros territorios. Le contamos que incluso vivimos la militarización de nuestros territorios”.
Anaya elaborará un informe donde detallará su recorrida por Argentina. Será elevado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y contendrá “recomendaciones” al Estado argentino.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Comisión de Derechos de los Pueblos Originarios de la UBA y la Comisión de Pueblos Originarios de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata –entre otras organizaciones– elaboraron un informe de 60 páginas en las que detallan, a partir de casos concretos, la situación de los pueblos indígenas. Fue entregado en mano al Relator.
“Los pueblos indígenas siguen subordinados a las formas y prácticas neocoloniales. La participación en las decisiones de gobierno que les atañen es sumamente restringida y tratada como una cuestión meramente asistencial”, denuncia el informe y advierte que “la falta de implementación efectiva de los derechos territoriales indígenas se ve agravada por el hecho que, en varios casos, las luchas emprendidas por las comunidades reciben una respuesta institucional violenta que incluye la criminalización, la represión, el asesinato y la persecución y amedrentamiento de las autoridades indígenas y los defensores”.
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