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martes, 17 de septiembre de 2019

OTRO PEDIDO DE DESALOJO PARA UNA COMUNIDAD MAPUCHE

Bariloche ( ANPP).- En el día de hoy se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos pedida por el ministerio público fiscal y la querella representada x la abogada Laura Zannoni (ex titular de tierras en la PCIA) representando a Emilio Friedrich, contra 9 personas, integrantes del lofche Buenuleo y otras autoridades mapuche que acompañaron la recuperación de su territorio ancestral el pasado 10 de septiembre, al pie del cerro Ventana a pocos km del centro de Bariloche.
El juez Pichetto ordenó la apertura de investigación x 4 meses y ordenó el desalojo de la comunidad y restitución del lote 127, de 92 hectáreas, en un plazo de 72 ha a partir de que la sentencia quede firme. La abogada defensora Natalia Araya impugnó dicha resolución y será un juez sorteado quien en una próxima audiencia deberá decidir si esta resolución es correcta o no. De confirmarse, la comunidad tendrá 72 ha para desalojar voluntariamente o la fuerza policial especial COER será la encargada de efectivizar el desalojo.
El mismo juez dejó en claro que aquí no se resuelve la titularidad o no de la tierra sino únicamente el delito de usurpación que según su interpretación, recae sobre la comunidad ya que "al estar "recuperando" estarian admitiendo que no estaban allí", en concordancia con lo planteado x la fiscalía que se apoyó en que la comunidad no se encontraba viviendo allí y que " los derechos no se toman por asalto" y por el contrario Emilio Friedrich había llevado a cabo actos de posesión claros sobre el terreno. Como si el despojo histórico que ha sufrido el pueblo mapuche no existiese. Como si no se conocieran los distintos artilugios fraudulentos de apropiación de territorio mapuche como la falsificación de documentos y desalojos violentos y patoteros de manos privadas y negociados empresariales avalados por el Estado que desoye una vez más las propias leyes constitucionales que reivindican la preexistencia de los pueblos originarios y su derechos territoriales y culturales.

Mauro Millán
Declaró ante el juez:" soy Lonko de la comunidad mapuche Pillán Mahuiza. Estoy aquí por ser parte y autoridad del pueblo mapuche y hace años vengo escuchando y acompañando el reclamo del lof Buenuleo. Yo entiendo y soy testigo y está la documentación de todas las denuncias que han hecho los miembros de la comunidad han agotado todos los caminos democráticos, he visto la paciencia que han tenido porque un juez o fiscal tome nota de sus demandas y abra la investigación, el conflicto no es de los Buenuleo. El conflicto es del Estado que no sabe cómo resolver. Todo el tiempo la comunidad fue consciente de lo que hace e incluso hay denuncias sobre la falsificación de firma".
Sobre la participación de la abogada Laura Zannoni, agregó: "No puedo entender  que en el aparato judicial haya personajes que han estado de un lado y del otro en otro momento. Nosotros con todos los abogados que han acompañado la lucha mapuche hemos depositado nuestra confianza y toda nuestra intimidad sabiendo que de repente hay gente que nos puede ayudar y acompañar en este proceso pero cuando sucede que se invierten los roles, decimos también que evidentemente hay un aparato que está sendo mancillado en la justicia"
Luego de la audiencia
"soy imputado por acompañar un proceso legítimo de recuperación de lofche Buenuleo, un territorio que jamás fue olvidado ni negado . Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una justicia racista que interpreta inclusive las propias leyes que estableció el Estado como derecho hacia los pueblos indígenas. Esta justicia desoye por un lado y prioriza algo que es el pilar máximo de esta sociedad racista eurocéntrica y machista que es la propiedad privada. Una propiedad que tampoco se puede acreditar ya que sabemos que se está tejiendo una conspiración para perpetuar este despojo. Es un juicio que deja claro qué concepto de justicia impera, porque nada de lo argumentado por los integrantes de la comunidad se tomó en cuenta. Todo lo que se barajó acá es el interés de los usurpadores empresarios. El mismo fiscal dejó entrever que había una necesidad de un emprendimiento inmobiliario."
Sandra Ferman
" Nosotros tenemos una denuncia por amenazas e intento de homicidio porque mi casa está amenazada. Tuve que sacar a mis hijos de la casa que se encuentra en el barrio pilar 2 y estamos viviendo en el territorio en carpas, no lo plantearon acá y nadie se está haciendo cargo."
Ampliaremos.