Los estados nacionales, provinciales y locales han violado sistemáticamente los derechos territoriales del pueblo Mapuche, beneficiando a sectores privados y extranjeros.
Las apropiaciones territoriales han involucrado el genocidio, que continúa hoy a través del asesinato. Es el caso de Lucinda Quintupuray en 1993 y Franco Gavilán Nahuelpan, un joven asesinado el 27 de enero por un conflicto territorial y cuya causa a cargo del fiscal Goveto continúa impune. Atropellos sistemáticos a los que se suma el Nuevo Código de Tierras.
Hacemos responsable por la integridad de quienes se encuentran ejerciendo su legítimo derecho a la protesta a las autoridades municipales ante un posible desalojo del municipio, instigado por el intendente Bruno Pogliano, y a las autoridades provinciales, que nunca tuvieron la intención de dialogar con las innumerables organizaciones y comunidades que se movilizaron hasta Viedma
Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos.
Editoriales ANP
