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martes, 21 de febrero de 2017

CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS PIBES Y LAS PIBAS.

El Bolsón (ANPP).-EN CONTRA DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LXS PIBXS Y LA BAJA DE LA EDAD DE PUNIBILIDAD.
Las organizaciones, organismos, espacios sindicales, académicos, de investigación, políticosociales, y personas, abajo firmantes, nos pronunciamos en contra de la criminalización de los niños, niñas y adolescentes y el nuevo intento de “bajar la edad de imputabilidad” , anunciado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Advertimos a la sociedad que la propuesta es ineficaz y anticipamos que sólo empeorará y reforzará la violencia que pretende resolver, estigmatizará a los niños, niñas y adolescentes, especialmente a los más pobres, reforzando su vulnerabilidad a la persecución policial y profundizará la política de abandono de las políticas sociales, educativas, de salud y de desarrollo social por parte del Estado.
Si bien la propuesta afecta al conjunto de la población de niños, niñas y adolescentes, se enfoca en la criminalización de aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad social. El sistema penal juvenil actúa judicializando la pobreza sin aportar estrategias y recursos concretos para que los niños, niñas y adolescentes tengan sus derechos garantizados.  Denunciamos que detrás de esta “discusión” no hay una decisión política de mejorar la situación de los más jóvenes sino usar este tema como anzuelo ante las próximas elecciones y que este debate, en el que se expresa que bajando la edad de la punibilidad se logrará mayor seguridad, e instalado mediáticamente por parte del oficialismo, se nutre de premisas y diagnósticos falsos. 
DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que es alta la incidencia de delitos violentos entre los más jóvenes, no existen datos públicos a nivel nacional sobre esto, lo cual es un grave problema para elaborar políticas para la infancia. Aún así, la información estadística de la provincia de Buenos Aires desmiente esta afirmación, y resulta ser un indicador altamente significativo dado que allí reside el 40% de la población del país.  De las causas penales iniciadas sólo el 3,6% de los hechos son atribuidos a personas menores de edad, cifra residual dentro del espectro de delitos. Dentro de ese 3,6% sólo el 0,55% son homicidios, incluidos los culposos[1]. La incidencia de delitos graves es ínfima  aún entre los adolescentes punibles (entre los 16 y 18 años) pese a su sobrerrepresentación en la prensa.
DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que hay que bajar la edad de la punibilidad porque las bandas criminales utilizan a lxs niñxs para cometer delitos: si una organización criminal o las propias fuerzas de seguridad utilizan (u obligan) a unx niñx a cometer un delito, el delito es del adulto, el niñx es víctima y como tal debe ser abordado. Los organismos internacionales especializados en trata y explotación de personas han recomendado a los países que incorporen estas conductas en sus legislaciones penales.  
DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que la forma de mejorar lo que hoy existe es bajar la edad de punibilidad y reconocer a los más pequeños un proceso con garantías. El sistema actual desconoce los derechos de lxs niñxs y adolescentes que ingresan al sistema penal, pero no es legalizando lo que ocurre ilegítimamente que se va a mejorar la situación. No es aceptando  la criminalización de lxs chicxs de menos de 16 años sino impidiendo su ingreso al sistema penal, como se mejora su situación. La fórmula de bajar la edad y garantizar derechos básicos durante el proceso penal ya  se aplicó y fracasó en varios países de Latinoamérica, en alguno de los cuales se bajó la edad hasta los 7 años. El resultado es que el delito infantil no disminuyó, por el contrario se criminalizó más a lxs niñxs y aumentaron lxs niñxs privadxs de su libertad en la edad en la que el Estado aún no ha concluido con sus obligaciones de protección especial a la infancia.
DECIMOS NO A LA BAJA  porque es mentira que hoy a los niños, niñas y adolescentes no les pasa nada si cometen un delito,  no sólo “les pasa” si cometen un delito,  también tienen consecuencias penales cuando no lo cometen ya que el Juez está facultado incluso a privarlos de la libertad sin haber determinado su participación en el hecho, y con la excusa de su cuidado. El régimen penal actual (ley 22.278) es tan arbitrario que permite que estén presxs por motivos por los que un adulto no lo estaría. Por eso existen Juzgados Penales de Menores y de Responsabilidad Penal Juvenil, y cárceles para niñxs llamadas Institutos de Menores donde a pesar del compromiso de muchos de los trabajadores con los derechos, el trabajo sociodeucativo y la inclusión, los institutos están sobrepasados en su capacidad,  lxs chicxs  están mal comidxs, sin atención adecuada de su salud física y psíquica, torturadxs, deprimidxs, psiquiatrizadxs, con escasas horas de escolarización y suicidadxs antes de que su infancia se termine. Hacia el 2015 había 3908 niñxs privadxs de la libertad de menos de 18 años[2].
DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que  el sistema penal no hace nada con lxs chicxs de menos de 16 años acusadxs de un delito,  porque tal como ocurre con los  adolescentes de entre 16 y 18, también a estos se les abre una causa penal aún por delitos leves y se los puede encarcelar por tiempo indeterminado más allá de si se probó o no su culpabilidad o de si se los “declara inimputables” por la edad. Hacia el año 2015 había 412 chicos presos por debajo de los 16 años[3].
DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que el sistema penal es leve con las personas menores de edad: el sistema penal que hoy se les aplica, usa la prisión como única medida; además, es  arbitrario ya que los requisitos para salir en libertad no dependen de lxs pibxs sino de políticas que el Estado debe garantizar (escuela, tratamientos de adicciones, familias con empleos dignos, vivienda) y  admite que se apliquen condenas gravísimas:  como el caso de las condenas de prisión perpetua a adolescentes, por las que Argentina fue sancionada ante Organismos Internacionales.
DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que nuestra oposición  a que se baje la edad de punibilidad nos convierta en defensores del actual Régimen Penal de Menores, estamos en contra y diariamente lo combatimos, pero es manifiesto el oportunismo político que rodea esta nueva arremetida, que no pretende mejorar la situación que hoy padecen los más jóvenes sino tener un slogan de campaña del que se hagan eco los medios de comunicación cómplices del recorte y el despojo a las familias trabajadoras.
DECIMOS NO A LA BAJA porque la verdad es que la causa de violencia en los barrios es la falta de oportunidades, el hambre, la explotación sexual y laboral, el hostigamiento al que las fuerzas de seguridad someten a lxs niñxs y jóvenes, la violencia machista y el manejo de los territorios por bandas de comercio de drogas que actúan en connivencia con el poder político y policial, de los cuales lxs pibxs son víctimas.
DECIMOS NO A LA BAJA porque la verdad es que se trata de una política regresiva y demagógica y lo que debe garantizar la ley es que lxs pibxs de menos de 16 años directamente no tomen contacto con el sistema penal; mientras que entre los 16 y 18 se reduzca su ingreso en el marco de un sistema en el que primen las garantías y las sanciones no privativas de la libertad y con contenido socioeducativo.
 DECIMOS NO A LA BAJA porque la verdad es que la criminalización de lxs pibxs es la forma en que cierra el modelo de precarización social y que esta nueva arremetida oficialista  es parte de un proyecto político, económico y social  en el que se benefician las patronales, se refuerzan poderes a las fuerzas de seguridad y el ejército, se reconcentran los medios de comunicación obturando la pluralidad de voces, se paga a los fondos buitre y se saquea el país en beneficio de los  capitales directamente instalados en el poder político; en un contexto  de despidos de trabajadorxs, retaceos en las paritarias, avance de la represión de la protesta social, recortes presupuestarios y especialmente de los programas socioeducativos del Ministerio de Educación;  negacionismo de los crímenes de la dictadura, recrudecimiento de las prácticas del gatillo fácil y la violencia policial,  la represión a los movimientos de mujeres, de diversidad sexual, pueblos originarios, defensores de los recursos naturales, migrantes, trabajadores de la economía popular, recorte de las  prestaciones mínimas a los jubilados yl endurecimiento de leyes penales.
 POR ESO EXIGIMOS:
- AUMENTAR LOS RECURSOS Y PRESUPUESTOS DE LAS POLÍTICAS  DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA, EN PARTICULAR, EDUCATIVAS Y CULTURALES, DE SALUD Y DE SEGURIDAD SOCIAL.
-  QUE SE PONGA FIN A LAS POLÍTICAS DE AJUSTE QUE DEJAN SIN TRABAJO A LAS FAMILIAS.
- QUE SE DESBARATEN, INVESTIGUEN Y SANCIONEN A LAS REDES DELICTIVAS Y PARTICULARMENTE LA RESPONSABILIDAD QUE LES CABE A FUNCIONARIOS ESTATALES Y DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD QUE SE VALEN DE NIÑXS PARA SUS FINES.
- QUE SE DÉ INSTRUCCIONES PRECISAS A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y DE CUSTODIA, PROHIBIENDO EL USO DE ARMAS DE FUEGO CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, COMO LO PREVÉN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y SE SANCIONEN CON SEVERIDAD LAS TORTURAS Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS Y DEGRADANTES, CONTRA LOS MÁS JÓVENES.
FINALMENTE, REAFIRMAMOS QUE UN PAÍS QUE CONDENA A SUS NIÑXS A LAS MÍNIMAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO ES UN PAÍS QUE SE CONDENA A SÍ MISMO. UN PAÍS SIN UN PROYECTO ESPECÍFICO PARA LA INFANCIA ES EN SENTIDO ESTRICTO UN PAÍS SIN PROYECTO.

POR ESO DECIMOS: LA BAJA DE EDAD DE PUNIBILIDAD NO ES LA SOLUCION