Se termina un nuevo año y el primero en la gestión de la alianza Cambiemos. La crisis económica no ha podido revertirse. Sus consecuencias y los ajustes han impactado casi exclusivamente sobre los salarios y las fuentes de trabajo. Un repaso de los últimos datos en este panorama sindical de Mario Hernandez para Red Eco Alternativo
(Mario Hernandez para Red Eco) Argentina - La caída del salario, la falta de pago de los bonos prometidos, el conflicto en el CONICET y de los trabajadores del Frigorífico Rioplatense, el cierre de la empresa Informática Fueguina SA en Río Grande , la amenaza de cierre con pérdida de más de 250 trabajadores de Geopatagonia, son los hechos de los que damos cuenta en este panorama sindical de fin de año.
Caída del salario
Para los asalariados, el balance de un año de gobierno de Macri es el peor desde el 2002 cuando se perdió más de 20%, superando incluso el 2014, que implicó una pérdida del poder adquisitivo del 5 %.
El retroceso en la capacidad de compra del salario este año, según estimaciones oficiales, sindicales y de consultoras privadas, oscilará entre un 6,5 % y un 12 %, dependiendo del sector.
Hay una caída del poder adquisitivo del 8 % a partir de los últimos datos disponibles del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pero si se incluyen los trabajadores no registrados puede llegar al 15 %.
Si se ajustara el salario promedio de los trabajadores registrados por una inflación estimada del 43 % debería alcanzar los $ 23.042 ($ 21.270 en diciembre). Por otra parte, las jubilaciones registran una pérdida de más de 10 puntos.
“De todas formas, la pérdida del poder adquisitivo es menor a la que proponía el gobierno, que quería aumentos salariales entre 20/25 %”, señaló Luis Campos, director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.
Según informaciones del Ministerio de Trabajo, los ingresos de la mitad de los asalariados en blanco del sector privado, alrededor de 3.300.000 trabajadores, están por debajo de $ 12.489, que es la canasta oficial por debajo de la cual se considera que una persona es pobre.
La mitad de la gente ocupada, esté o no registrada ante la Seguridad Social -poco más de 8 millones de personas-, gana menos de $ 8.000 mensuales, de acuerdo a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), para el segundo trimestre del año.
En el caso de los docentes en la provincia de Buenos Aires el salario inicial llega a $ 9.801 brutos ($ 8.134 neto) para un maestro sin antigüedad con jornada simple. En el caso de los empleados administrativos del Estado nacional el salario inicial para la categoría F con Grado 0 del SINEP se ubicaba en junio en $ 8.676,24 brutos ($ 7.200 netos). La situación de los empleados provinciales y municipales es sensiblemente peor.
Sobre llovido, mojado
Decenas de miles de maestras y profesores de la provincia de Buenos Aires sufrieron fuertes descuentos de ganancias en el cobro del medio aguinaldo ya que la gobernadora María Eugenia Vidal hizo caso omiso a la decisión del gobierno nacional de que el medio aguinaldo de diciembre no pagará impuesto a la 4ª categoría y lo descontó.
Este ataque a los docentes bonaerenses se da pocos días después de que la gobernadora, quien se negó a reabrir las paritarias docentes desde hace 5 meses, le dio un bono de fin de año a la Policía bonaerense de 2.500 pesos. El plus de fin de año se suma al aumento en el sueldo de los policías durante 2016 de 39%, que llevó el salario de un Oficial Sub ayudante a 21.997 pesos y el de un Oficial ingresante a 16.330 pesos, cuando un maestro de grado cobra $ 9.800.
Aunque el Sindicato de docentes de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA) y su secretario general Roberto Baradel se limitaron a enviar una carta documento el 16 de diciembre exigiendo el inmediato reintegro del descuento por ganancias en el aguinaldo, ratificaron que “si Vidal no reabre paritarias no se iniciarán las clases en 2017” y consideró que la gobernadora no cumple con el acuerdo de adecuar los salarios a la inflación.
La grieta porteña
La Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI), que monitorea la situación laboral y los ingresos que perciben las familias que viven en la Ciudad de Buenos Aires, concluyó que en ese ámbito la desocupación al cierre del tercer trimestre era del 9,8 %, afectando a 165.851 personas. La cifra significa una fuerte aceleración con respecto al mismo período del año pasado, cuando la tasa era de 7,2 %.
La desocupación pega mucho más fuerte en la zona sur (14,5 %), de condición socioeconómica mucho más modesta, que en el norte (4,6 %). También en el sur se advierte un mayor peso del trabajo informal: el 33,7 % no tiene descuentos jubilatorios.
Los ingresos promedio del Norte superan en un 53 % a los del Sur y medidos por habitantes los duplican.
En el Norte hay 1.168 establecimientos educativos públicos contra 1.045 en el Sur y 1.025 privados versus 505. En total 2.193 contra 1.550. Además, la población ubicada al Sur tiene dos años menos de educación formal que la del Norte.
En Recoleta solo 3 de cada 100 habitantes acuden al sector público de salud, en barrios como Lugano y Soldati, el 40 %. Al mismo tiempo, un hombre que vive en el sur tiene una esperanza de vida promedio de siete años y medio menor que uno del norte. En las mujeres, llega a casi 6 años menos.
Bono de fin de año
El ministerio de Transporte pagó el bono de fin de año a los colectiveros locales y de larga distancia. Representó un desembolso de $ 450 millones con el que buscaron evitar un paro en medio de las fiestas de fin de año.
Los trabajadores de los colectivos locales son unos 70.000. Los de los micros de larga distancia, alrededor de 20.000. Cobrarán un total de $ 5.000 cada uno, en 3 cuotas. La primera se empezó a pagar el jueves de la semana pasada.
Los empresarios del sector argumentaron que habían pactado aumentos en el año del 49 %, y que no podían conceder nuevos. El gremio amenazó con un paro, justo antes de las asambleas del lunes pasado, que paralizaron el país. La situación terminó en dos audiencias en el Ministerio de Trabajo, la primera fue el jueves 15; la segunda el lunes siguiente.
Con el pago de los salarios de diciembre se abonaron $ 3.000 y dos cuotas de $ 1.000 cada una, se abonarán con los salarios de enero y febrero.
Se conoció que los aceiteros firmaron un bono por $ 21.500. Ferroviarios acordó $ 5.000, Camioneros $ 7.250 no remunerativos y en cuotas y los bancarios entre $ 8.000 y $ 12.000. Además, ABA y el BCRA asumieron el compromiso de abonar la compensación del 4% por la pérdida del poder adquisitivo de 2016, así como la compensación a futuro, según señalaron dirigentes del sindicato.
El viernes pasado en una reunión en el Ministerio de Trabajo, acompañados por la diputada (MC) Myriam Bregman, las autoridades de la cartera laboral informaron que los obreros de Zanón, Madygraf y otras empresas recuperadas cobrarán un bono de fin de año de $ 2.030 por cada obrero así como el aumento del PTA (Plan Trabajo Autogestionado) de $ 3.200 a $ 4.000.
Mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación se movilizó a la sede de la Federación de Industriales de Productos Alimenticios para denunciar el incumplimiento en el pago del bono de fin de año y anunció paros sorpresivos.
Conicet: se levantó la toma en Buenos Aires pero varias provincias no aceptaron el acuerdo
Tras 5 días de toma del Polo Científico, el conflicto en el Conicet llegó a una solución luego de que el Gobierno Nacional propusiera extender las becas hasta el 31 de diciembre del 2017.
La propuesta fue debatida el viernes durante 3 horas por una asamblea de investigadores, estudiantes y docentes, quienes desde el lunes 19 mantenían tomado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en repudio al recorte del 60% de los ingresantes al Conicet.
Los ejes de la iniciativa oficial habían sido presentados por el Ministro Lino Barañao en una reunión con representantes gremiales, el viernes por la tarde. Antes de esa reunión, las organizaciones habían anticipado en rueda de prensa que estaban dispuestas a “pasar la Navidad en el Conicet” en reclamo de la incorporación de 489 becarios “recomendados” pero no “seleccionados”.
El nuevo ofrecimiento prorroga la beca a los 343 postulantes a la Carrera de Investigador Científico y Técnico (CIC) hasta el 31 de diciembre de 2017 y propone buscar qué postulantes recomendados que no fueron seleccionados se inserten en organismos nacionales de ciencia y técnica, universidades nacionales y empresas privadas para tareas de investigación y desarrollo.
Para hacer un seguimiento del ingreso de los becarios a los distintos organismos y empresas se dispuso la creación de una comisión mixta integrada por un representante de ATE, uno por cada una de las agrupaciones que firmaron el acta compromiso, y delegados del Conicet y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Investigadores de varias provincias como en La Plata, Santa Fe y Córdoba, consideran que la intención macrista de desmantelar el CONICET y ajustar en Ciencia y Tecnología sigue vigente, por lo cual se opusieron al acuerdo por considerarlo insuficiente y siguen en pie de de lucha.
El contexto actual da cuenta de un retroceso en la asignación presupuestaria para Ciencia y Tecnología llegando a un mínimo histórico de 0,59% del PBI nacional.
Despidos y cierres
Desde hace más de un mes los trabajadores del Frigorífico Rioplatense vienen haciendo paros y enfrentando a la patronal. En noviembre de este año, ante el maltrato y amedrentamiento de uno de los supervisores hacia un trabajador, sus compañeros reaccionaron realizando medidas de fuerza y el bloqueo de los portones. La reacción de la patronal fue el despido de 32 trabajadores, lo que generó la respuesta inmediata con paros y asambleas en la planta.
Finalmente cerró la empresa Informática Fueguina SA en Río Grande, Tierra del Fuego, parte del grupo de BGH, dejando a 160 trabajadores en la calle. Según dirigentes locales de la UOM, se trata de una “consecuencia directa” de la baja de aranceles.
El delegado del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Ramón Valenzuela, señaló que más de 250 trabajadores de Geopatagonia se vieron afectados luego de que el dueño informara que cerraría la empresa y enviara a los trabajadores a su casa, poniendo además en riesgo la fuente laboral de otros 100 trabajadores más de manera indirecta.
La empresa Tecnomyl accedió al pedido del gremio de analizar la situación particular de cada uno de los cuatro trabajadores que se había despedido en primera instancia, y dejó sin efecto la desvinculación de una segunda tanda de trabajadores, explicó el Secretario de Prensa del Sindicato de Químicos y Petroquímicos, Pablo Cabrera.
La fábrica de golosinas Georgalos traslada su planta de Villa Mercedes (San Luis) a Río Segundo, en Córdoba, para “abaratar costos” y pretende pagar la mitad de lo que corresponde por indemnización.
Los trabajadores de Radio Nacional Santa Fe pararon por el despido de cinco empleados. Tres de ellos son miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Prensa de Santa Fe.
El martes pasado, trabajadores de ATUCHA I y II realizaron una asamblea en la que se expresó la falta de solución a temas centrales por parte del Estado y la empresa. Si no hay respuestas, a partir del 30 de diciembre los trabajadores comienzan con medidas de acción directa.
Fuentes: Clarín, Tiempo Argentino, www.infogremiales.com.ar, diariobae.com, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, Anred y La Izquierda Diario.
Un año de victorias en la lucha contra del fracking
Al momento de los balances de fin de año, quienes nos oponemos a la
hidrofractura, tendremos muchas cosas por festejar. El 2016 cierra con
importantes triunfos. Nuevos municipios se declaran libres de fracking,
la provincia de Entre Ríos avanzó en el debate de la
prohibición, en Neuquén fueron erradicados los basureros petroleros de
ámbitos urbanos, se conformaron asambleas y espacios de
resistencia en la norpatagonia, el Eurolat emitió una declaración
crítica emitida de la técnica… Un acumulado de
triunfos muy representativos para las resistencias al avance de los no
convencionales. Un escenario que nos encuentra mejor preparados para las
batallas por venir. Por Observatorio Petrolero Sur (OPSur)Al concluir este 2016, varias ciudades se han declarado libres de fracking tras los respectivos debates en sus concejos deliberantes. En la provincia de Río Negro, Choele Choel, Beltrán, Chimpay, Cipolletti, Fernández Oro y Viedma debatieron la prohibición de la técnica. Se logró la declaración de municipios libres de fracking las localidades del Valle Medio y la ciudad capital, mientras tiene continuidad el debate en Cipolletti, hubo un traspié en Fernández Oro donde fue rechazada tras el desempate del presidente del Concejo. Estas nuevas ordenanzas se suman a las ya declaradas y efectivas Cinco Saltos y Villa Regina. Si bien en Allen también se había sancionado, fue anulada en el 2013 por un fallo del Superior Tribunal de Justicia que declaró su inconstitucionalidad . Sabina Costa, su intendenta, podía apelar el fallo, al no estar convencida y privilegiar los ingresos a las arcas del municipio, no lo hizo. Este año hubo un nuevo intento tras un grave derrame, esta vez una ordenanza de zonificación que prohibía realizar fracking en zonas productivas. El oficialismo con su mayoría la rechazó.
Si bien es muy probable que existan conducciones en los Ejecutivos que tengan la voluntad de hacerlo, en el caso de la capital de las peras y las manzanas, Costa está a favor de la explotación hidrocarburífera no convencional en plena zona productiva agrícola.
En la provincia de Neuquén, vecinos y vecinas de Vista Alegre se movilizaron durante todo el año, y se encuentran en proceso de armado y presentación de una ordenanza que prohíbe la técnica en su ejido. Apenas sea sancionada, la localidad será la primera en la provincia en rechazar la técnica en un reservorio probado. En la provincia, Junín, Alumine, Zapala ya cuentan con ordenanzas de prohibición del fracking en sus ejidos.
El área hidrocarburífera Río Neuquén ya ha sido explorada en varias oportunidades y los resultados en materia de gas han sido muy auspiciosos para las petroleras que, por problemas políticos, no avanzaron todavía. El área se encontraba en manos de Petrobras y pasó a manos de Pampa Energía e YPF. Según las proyecciones de la nueva sociedad, será YSur, subsidiaria de la empresa de bandera, quién se haga cargo de la operación, tal como lo hace en el yacimiento Estación Fernández Oro en Allen. En la zona se concentra el corazón productivo de Neuquén, provincia donde reina la dependencia a la explotación de un bien común no renovable y cada vez más escaso.
De esta manera, el rechazo de Vista Alegre se convierte en una de las acciones más importante del año, alerta a las ciudades vecinas como Centenario -que ya presentó ordenanza- y San Patricio del Chañar. A nivel nacional, la provincia de Entre Ríos encabeza el rechazo al fracking. Ya son más de 37 localidades que lo prohibieron. Además, el proyecto de rechazo presentado este año por organizaciones sociales, asambleas y partidos políticos fue tratado en ambas Cámaras, luego de la aprobación en Diputados de un texto que no convencía a los promotores de la prohibición, el Senado introdujo una modificación y el proyecto vuelve a la cámara baja. Mientras que en Buenos Aires se aprobaron nuevas ordenanzas en municipios comprendidos por la cuenca de Claromecó, el último fue Saavedra, que además de poner freno al fracking, también lo hizo a la gasificación subterránea de carbón. En tanto desde la Asamblea de Concejales de la Cuenca de Claromecó se impulsa la prohibición de ambas técnicas a nivel provincial también.
Con la basura a otra parte
Tras una dura disputa, la Asamblea Fuera Basureros logró que el Ejecutivo neuquino reconozca el carácter contaminante de las actividad que llevan adelantes las tratadoras. A fines del 2015 firmó un decreto en el que establecía que se debían realizar a no menos de 8 km de zonas urbanas y no menos de 5 de zonas productivas. La situación generó en 2016 un sinnúmero de confrontaciones entre vecinos, Subsecretaría de Ambiente y empresas. Plan de cierre definitivo, traslado y remediación del predio fueron los puntos que generaron mayor incertidumbre. El pico de tensión en el debate fue durante la Audiencia Pública de traslado de la empresa Comarsa -el basurero petrolero más grande de la Patagonia, inserto en la ciudad más poblada del sur del país-, donde se condensaron los reclamos ante la falta de claridad como alertamos en la audiencia pública. Concluida esta, Comarsa y Servicios Ambientales de Neuquén, otra de las empresas del rubro, han comenzado a instalarse a unos 11 km de la ciudad de Añelo.
Por otro lado, la norma también se está violando en Añelo, el Parque Industrial de esta ciudad se erige a pocos metros de las casas, donde se están ubicando los basureros Treater e Indarsa, situación denunciada por la Asamblea Fuera Basureros. Un situación similar, ocurre con Real Work, asentada en las inmediaciones de Plaza Huincul.
Esta problemática aún tiene un largo camino por recorrer, ya que las empresas aún no dan garantías de cumplir con la reciente legislación y mientras que el gobierno provincial, junto a los municipios que tienen el poder de control y fiscalización no suelen hacerlo. Queda en manos de los vecinos y vecinas quienes junto a legisladores lograron poner el tema en agenda, hacer que se cumpla con el traslado, cierre definitivo y remediación.
Nacen nuevos espacios
Las asambleas de Vista Alegre, Centenario, Choele Choel, Beltrán y Villa Regina fueron parte de los nuevos espacios organizativos que se conformaron en el año. En el caso de las neuquinas, la importancia se encuentra en que resisten a los embates por las empresas y gobiernos en áreas ya conocidas. Mientras tanto, las del Valle Medio de Río Negro, se encuentran ubicadas en una zona de avance de frontera extractiva por la concesión de las nuevas áreas Chelforó y Regina, donde empresa y gobierno intentan llevar adelante etapas exploratorias.
Estos espacios se viene a sumar a los ya existentes: en Río Negro, la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (Allen), Asamblea Socioambiental de Fiske Menuco (Roca); y, en Neuquén, la Asamblea Fuera Basureros, la Multisectorial contra la Hidrofractura, el activismo de organizaciones como la Confederación Mapuche de Neuquén, Tierra para Vivir, la Red Ecosocialista y los distintos partidos que trabajan la temática.
En la misma línea, junto a la organización Taller Ecologista lanzamos este año EJES (Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental), confluencia necesaria para dar batalla al megaproyecto Vaca Muerta y otras formaciones no convencionales. Nos hemos puesto los objetivos de contribuir con herramientas, análisis y generación de condiciones de posibilidad para que una transición productiva emerja en las áreas afectadas por la actividad.
Una legislatura activa
La legislatura neuquina fue el centro de debates en cuanto a las consecuencias que genera la actividad petrolera. Al seguimiento y trabajo que se realizó para que los basureros petroleros sean erradicados de las áreas urbanas y productivas, la presentación del proyecto de limitar a la actividad. Como miembros de EJES, planteamos en el debate la necesidad urgente de generar zonas de preservación en lugares urbanos, áreas naturales protegidas, tierras comunitarias mapuches, territorios de densidad productiva no petroleras y donde se pongan en riesgo las fuentes hídricas.
El encuentro destinado a legisladores y concejales sobre “Salud, fracking y regulación”, contó con la presencia de médicas y especialistas destacadas del Concerned Health Professionals of New York, quienes expresaron la imposibilidad de convivencia con el fracking, debido al riesgo inherente para la salud humana. Ellas sistematizaron más de 500 estudios científicos sobre distintos impactos sanitarios que generó esta técnica en Estados Unidos, que revisados por pares. Ese compendio resulta un insumo indispensable para comprender el alcance y potenciales consecuencias de la aplicación de esta técnica.
Raúl Godoy, del PTS-FIT; Patricia Jure, del FIT; y Santiago Nogueira, de Libres del Sur, fueron parte de los diputados más activos ante las problemáticas que causa la explotación petrolera en la provincia.
Pensar global
En 2015 la eurodiputada de la derecha española Pilar Ayuso (PP) y el representante colombiano Mauricio Gómez (PL), se presentaron al Parlamento Euro Latinoamericano (Eurolat) una propuesta de declaración “oportunidades y desafíos del gas de esquisto”. La misma era un respaldo e impulso del fracking para ambas regiones. Frente a esto, unas 200 organizaciones de 20 países de ambos continentes impulsaron una serie de impugnaciones a la declaración, con las pertinentes recomendaciones. En el mismo se rechaza la técnica por su nocividad y se insta a aplicar el principio precautorio.
Tras un debate que duró casi dos años se logró una declaración que rechaza el fracking, aunque no exige la inmediata moratoria, como era la posición sostenida por varias fuerzas políticas como el MAS boliviano, el PSUV venezolano, el PS chileno, el PT de Brasil, Alianza País de Ecuador y los grupos europeos Izquierda Plural y Los Verdes. Ese objetivo fue rechazado por una escasa diferencia, dada la división del voto de la socialdemocracia europea y la oposición de la derecha europea y latinoamericana, que fue acompañada por la delegación argentina.
Este año la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF) se dirigió hasta Montevideo donde dio nuevas sugerencias que lleven y alienten a las prohibiciones en ambas regiones. El resultado fue un duro informe que permite avanzar hacia el objetivo de expulsar a la técnica. Esta coalición de varias organizaciones y articulaciones latinoamericanas también presentaron el trabajo “Última Frontera” que mapea toda las consecuencias y resistencias que existen en el continente ante esta actividad extractiva..
Por último, de manera informal, ya sobre el cierre del año, la empresa Total adelantó el cierre definitivo del pozo que había realizado dentro del Área Protegida Auca Mahuida y el traslado de la actividad por fuera su límite. En 2014 una delegación conformada por la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, Amigos de la Tierra Francia y OPSur se había presentado en la Asamblea de Accionistas de la petrolera francesa para denunciar la explotación de no convencionales dentro del Área.
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