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martes, 1 de septiembre de 2015

ESQUEL: ESPIONAJE DE ORGANISMOS DE INTELIGENCIA CONTRA VECINOS Y LEY ANTITERRORISTA CONTRA LOS MAPUCHE

(LaVaca, http://www.lavaca.org).- Un grupo de 22 vecinos y vecinas de Esquel, Chubut, fueron espiados y fichados por organismos de inteligencia de nivel nacional en el marco de una causa que involucra a la comunidad mapuche en conflicto con la multinacional Benetton. Por ese conflicto territorial, el poder judicial local intenta aplicar la Ley Antiterrorista contra los mapuche, por primera vez en la provincia.

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En el trámite de la causa Mapuche/Benetton, el defensor público Fernando Radziwilowski descubrió un archivo digitalizado con nombres, fotos y actividades reales o supuestas, de 22 personas, según confirmó a lavaca.org. La mayoría de los fichados participa de la Asamblea No a la Mina de Esquel que se moviliza para frenar los proyectos mineros en la región, lo que incluyó un plebiscito en 2003 en el que el 82% de los ciudadanos se pronunciaron contra la megaminería a cielo abierto.
La gama de espiados es amplia, y abarca entre otros a docentes, médicos, comerciantes, empleados públicos, abogados, periodistas de televisión y radio, y miembros de la comunidad mapuche.
espias 3El propio Ministerio Público Fiscal reconoció haber recibido esas fichas, aportadas por un agente cuyo nombre tienen prohibido dar a conocer por la Ley 25.520 de Inteligencia (que impide revelar datos de los espías). El fiscal Fernando Rivarola admitió sobre el fantasmal informante: “La persona es integrante de un organismo nacional tiene una protección legal especial para la reserva de su identidad y también del contenido de la información que ha suministrado”.
De todas formas el MPF denuncio la situación y solicitó ser liberado de esa obligación de silencio para dar a conocer quiénes están espiando a la comunidad.
espias 2Otro dato: el MPF asumió esta actitud recién al estallar el escándalo, y no en los tres meses, desde el 28 de mayo, durante los que esas fichas estuvieron en su poder. Ahora, el fiscal Rivarola ha reconocido que el hecho, “a la luz de los derechos constitucionales se presenta como vejatorio, de los más sagrados derechos constitucionales como son la libertad de opinión, la libertad de trabajo y libertades básicas que tenemos los ciudadanos”.

Archivo “Activistas Antimineros”

La situación empezó a explotar cuando la dio a conocer el defensor público Fernando Radziwilowski, en medio de una audiencia en la causa por “usurpación” que la multinacional Benetton (que posee casi un millón de hectáreas en la Patagonia). Benetton había iniciado juicio contra la comunidad mapuche que reclama sus tierras ancestrales. Radziwilowski defiende a los mapuche, y en la audiencia del viernes pasado planteó al juez Martín Zacchino su preocupación por el “tono persecutorio” de esos informes que encontró en el expediente, con identificaciones por actividad y militancia social y política a periodistas y vecinos de Esquel.
Explica Radziwilowski a lavaca.org: “Por la causa contra los mapuches estaba buscando algunos elementos en el expediente dentro de las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal cuando, el mismo día de la audiencia, veo un archivo digitalizado, un word, que decía: ‘Activistas Antimineros’”.
El doble click sobre el archivo hizo aparecer en pantalla 22 fichas con fotos y descripciones de las personas investigadas por su oposición a la minería con apreciaciones absurdas y discriminatorias en la mayoría de los casos.

La persona

Varias de las fichas corresponden a integrantes de la radio comunitaria FM Kalewche, pero la “información” anexada en todos los casos es llamativa. Por ejemplo, aparece Adolfo Alarcón, periodista de Canal 4 de Esquel, bajo la definición: “Permanentemente realiza juicios de valor sobre la actividad, los funcionarios y las fuerzas”. La “actividad” es la minería, las “fuerzas” son las de seguridad.
También se nombra a Humberto Kadomoto, histórico en la asamblea: “Gran activista del NO A LA MINA y crítico del gobierno”. Corina Milán, docente: “Toma decisiones y se involucra en las recaudaciones y gastos de la asamblea”. Ortiz Luaguita: “Docente. Baja línea del NO A LA MINA a sus alumnos”. Aparecen el abogado y librero Gustavo Macayo, los periodistas Pablo Galperìn y Pablo Quintana, el empleado público Alejandro Corbeletto. Otro de los perfiles es el de Moira Millán, activista mapuche, organizadora de la primera Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, a quien acusan de participar en un documental financiado por una ONG opuesta a Benetton, “que hasta habrían pagado en festivales para que sea premiado y así más difundido en el mundo”.
La psicosis recorre así todo el informe de ese submundo curiosamente llamado de la “inteligencia”.
Las fichas, rápidamente, se viralizaron por las redes sociales. Ante tal explosión, el Ministerio Público Fiscal (MPF) habló a través de los fiscales generales Fernando Rivarola y Fernanda Révori. “Confirmamos fehacientemente que no es un documento elaborado y requerido por el MPF”, expresó Rivarola, quien agregó que la información fue aportada “espontáneamente por una persona”
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Caos y control

Las preguntas fueron obvias: ¿quién es esa “persona”? Rivarola: “No podemos brindar desde el MPF los datos concretos de esta persona que en su momento fue atendida por dos fiscales el pasado 28 de mayo de este año y aportó la información en formato digital y se volcó en una computadora”.
¿Por qué no se puede brindar información sobre esa “persona”? Los fiscales agregaron que el Ministerio estaba impedido por la ley de inteligencia nacional: “La persona es integrante de un organismo nacional y tiene protección legal especial para la reserva de su identidad y también del contenido de la información que suministrado”.
El fiscal Rivarola calificó el informe como “repudiable” y “vejatorio, de los más sagrados derechos constitucionales como son la libertad de opinión, la libertad de trabajo y libertades básicas que tenemos los ciudadanos”. Cabe considerarlo, entre otras cosas, como violación a la libertad de expresión tanto de los periodistas como de los vecinos y vecinas que no lo son, como abuso de poder, como ataque directo a los derechos humanos, como coacción, como discriminación
Aseguró el fiscal que el MPF “iniciará acciones legales correspondientes para colaborar con los vecinos afectados”. En ese sentido, ambos funcionarios, junto a la fiscal María Bottini, se presentaron este lunes en el Juzgado Federal de Esquel para formalizar una denuncia por espionaje ilegal.

El agente está filmado

También habló el procurador general Jorge Miquelarena, que afirmó que pedirá que releve al MPF de mantener el secreto sobre la identidad del agente que presentó las fichas. “No tenemos absolutamente ningún tipo de problema en revelar la fuente de la persona que nos trajo la información, en la medida que seamos relevados del secreto que impone la ley 25.520”, declaró al Diario Jornada, donde agregó que la información fue copiada “desde un CD o un pen drive a la computadora de uno de los fiscales”, pero que no fue evaluada por cuestiones de tiempo. Un archivo que decía “Activistas Antimineros” no fue estudiado ni causó extrañeza a los fiscales durante tres meses.
Miquelarena sobre el agente: “Es una persona que fue más de una vez a la Fiscalía hasta que lo atendieron, y manifestó tener cierta información que podía ser de interés para la investigación, y así fue como la copia en la computadora de uno de los fiscales y se fue; esta entrevista está filmada, no tenemos absolutamente ningún problema en revelar la fuente de la persona que nos trajo la información, en la medida que seamos relevados del secreto que nos impone la ley 25.520”.
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Racismo

Pablo Galperín, de la radio comunitaria FM Kalewche, uno de los fichados, dice a lavaca: “Los fiscales dicen que ellos no habían visto ni procesado la información. O sea, desde el 28 de mayo, esa información, que es ilegal porque viola garantías y derechos, quedó en un legajo fiscal. Y dicen que no sabían que estaba ahí. Difícil de creer”.
¿Cómo evaluar la explicación de la fiscalía? “No explicaron quién elaboró esas fichas ni para qué. Además las información es absurda: a una persona la definen como ‘hijo de chilenos’. Una mentalidad discriminatoria, racista”.

Proteger lo ilegal

Humberto Kadomoto, otro de los asabambleístas, otro de los fichados, recuerda que esa historia es larga: “En Esquel, durante 2003, hubo una serie de vecinos amenazados, otros espiados por teléfono, marcados, y en todos esos casos, el común denominador es que la Fiscalía nunca actuó en consecuencia luego de nuestras denuncias. Luego, en 2014, detectamos una persona que se hacía pasar por docente. Iba siempre con las cámaras, quería colaborar en hacer un video de la asamblea. Descubrimos que no era cierto que fuera empleado provincial. De repente, desapareció”
Sobre el accionar de la fiscalía, sostiene Kadomoto: “Fue una aberración. En la conferencia no se despegaron de nada. Cometieron un error dentro de la ignorancia: dicen que recibieron una información sobre la causa, ¡pero esa información es ilegal! Y dicen que la guardaron. Es una estupidez. Como funcionarios públicos y como fiscales estaban obligados a denunciarlo: lo deberían haber hecho en el momento, el 28 de mayo, pero lo que hicieron fue proteger en la práctica a la gente que les llevó la información ilegal”.

¿Mapuches terroristas?

El marco donde se produjeron estas tareas de inteligencia es una causa que Benetton inició contra las comunidades mapuches. El 13 de marzo de este año unas treinta personas de diversos pueblos ingresaron a la estancia Leleque (una de las cuatro que la multinacional Benetton tiene en Argentina: tres en la Patagonia, una en la provincia de Buenos Aires) para iniciar una recuperación territorial de sus tierras ancestrales. No era la primera vez: en 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque enfrentó intentos de desalojos y causas judiciales tras ingresar a su territorio ancestral, derecho reconocido por leyes argentinas y tratados internacionales.
El Estado, finalmente, reconoció ese derecho en el marco de la ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160). “La única manera de frenar al poder económico y al Estado es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas”, afirmaron este año las comunidades en un comunicado, firmado por Lof en Resistencia del departamento de Cuschamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP). “Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”.
Benetton contraatacó. La Compañía de Tierras del Sud Argentina (propiedad desde 1991 de la corporación textil nacida en Italia, que concentra casi un millón de hectáreas en toda la Patagonia) impulsó una denuncia por “usurpación” contra las comunidades, que realizaron una conferencia de prensa para explicar el conflicto. Hubo cinco imputados: los cuatro que hablaron en conferencia y una quinta persona (Martinano Jones Huala) que es quien se presentó en la causa judicial.
En abril de este año realizaron un corte de ruta a la altura de la recuperación. “La policía reprimió con armas reglamentarias y bala de plomo”, señaló a lavaca el defensor público Fernando Radziwilowski. “Se citó a todos los cinco imputados, pero al único que se notificó fehacientemente es a Martiniano”. Además de usurpación le presentaron otros cargos: hurtos, coacción agravada y daño de producción.
Radziwilowski: “El 2 de julio el juez Martín Zacchino nos notifica que declina su competencia en razón que el Ministerio Público Fiscal (a través de los mismos fiscales Rivarola, Révori y Bottini) le plantea, y él hace lugar, a que se estaba ante actos de terrorismo, por lo que traslada la causa al juzgado federal de Esquel”.
Pasando en limpio: “El MPF pidió concretamente la aplicación de la Ley Antiterrorista contra los mapuche, que tiene dos efectos: uno es adjudicar la competencia a la justicia federal, y otro es que, en caso de condena, la pena se duplica. El juzgado federal, con mucha más consistencia, explicó qué cosa es el terrorismo realmente, no compartió el criterio de Zachino, y le devolvió la causa. Pero Zachino mantuvo su criterio: la actitud mapuche es terrorismo. Entonces, como es un conflicto de competencia, lo manda a la Corte Suprema de la Nación. Así estamos en este momento”.

La ley contra los derechos

Este momento es crucial, y Radziwilowski advierte la magnitud: es la primera vez que se aplica la ley antiterrorista en Chubut. “Y se aplica en una causa donde los imputados son mapuches”, subraya. El juez federal Guido Otranto, que rechazó el pedido de Zacchino, especificó que “para decidir de ese modo (previa solitud del MPF) el magistrado sostuvo que se encuentran comprometidos los intereses de la Nación, porque el reclamo territorial no sólo afecta a una porción de la Provincia de Chubut, sino que además abarca otros sectores del territorio nacional e incluso extranjero”.
Otranto entendió que los hechos imputados “no tienen punto de comparación con la gravedad y entidad de los actos que -según lo que se ha expuesto- constituyen actos de terrorismo”. O sea, el juez que debería juzgar, considera que no existe el delito que el señor Zacchino sí considera que existe.
¿Cómo entender el tema? Las modificaciones a la Ley Antiterrorista fueron sancionadas en 2011 para cumplir con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con el argumento de evitar el lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo internacional. Tras las críticas de diversos organismos de derechos humanos, asociaciones civil y personalidades del derecho como el juez Raúl Zaffaroni, se incorporó un párrafo a las modificaciones que expresa que “las agravantes previstas” no se aplicarán:
“cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.
Además, estableció que la competencia será exclusiva de los jueces federales, para que ese poder no recaiga sobre las justicias provinciales. En este caso, se reitera, el juzgado federal es el que plantea que no existe tal delito.
En medio de este intento de aplicación de la Ley Antiterrorista es cuando en mayo se presenta el fantasmal agente, la “persona”, para suministrar información. Así las 22 fichas pasaron a engrosar el expediente mapuche.

Corporaciones, medios y gente

El sábado se realizó una asamblea en Esquel para discutir próximas movilizaciones. Galperín no pierde de vista la lectura política de estos acontecimientos: “El eje o denominador común en las fichas es la participación o la cercanía de las personas al movimiento No a la Mina. Más allá del proceso, está la cuestión minera. Es tan grave y tan complejo que estamos evaluando acciones legales. En cuanto al posicionamiento público, la asamblea decidió marchar este miércoles al Ministerio Público Fiscal y ahí se va a expresar públicamente nuestra denuncia y reclamo. Si bien está la investigación por la reparación mapuche de los Benetton, por otro lado está la cuestión minera que, en el fondo, expresa lo mismo: persecución y judicialización de vecinos o ciudadanos que defendemos las tierras y los recursos naturales frente a las corporaciones, las mineras o los Benetton. Allí metida está la complicidad de muchos medios que alimentan las versiones, y hablan de vecinos violentos y comunidades terroristas. Es parte de la misma discusión: lo que amenaza al poder es la participación de los vecinos. Y esta es una manera de amedrentar, segmentar las luchas, fracturar los colectivos y meter miedo”.
Kadomoto: “Lo fundamental está en otro lado. No nos vamos a dejar asustar por esto: salimos todos los días por los mismos lugares, los vecinos nos ven siempre. La inteligencia no me interesa tanto como las mineras: los pesados acá siempre fueron ellos, como cuando golpearon a la gente de Rawson en la Legislatura con las patotas de la Uocra. Simplemente es una cuestión más que resolveremos en una asamblea, en varias o en un montón. Pero vamos a seguir: esto nos tiene que animar a seguir. Siempre decimos que lo importante de las asambleas y marchas es ver la cantidad de chicos que hay, que se suman”. Este miércoles y el viernes la sociedad volverá a movilizarse ante una amenaza a las comunidades que acaso vaya mucho más allá de lo que ocurre en Esquel.

ALEGRÍA POR LA RECUPERACIÓN DE LA NIETA N° 117

(Agencia de Noticias Telam).-
Júbilo en Argentina

Júbilo en Argentina

Buenos Aires, agosto 31 - "Bienvenida nieta 117 y por muchos nietos más", dijo Carlotto en conferencia de prensa que brindó en la sede de las Abuelas, acompañada por María Assof de Domínguez y Angelina Catterino, abuelas de la nieta 117 y Osiris Domínguez, su tío paterno, entre otros.

Walter y Gladys fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1977 en Godoy Cruz, Mendoza, cuando la joven pasaba su sexto mes de embarazo y desde entonces no se supo nada más de ellos.

En 1994, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza entregó a Abuelas una denuncia anónima sobre una niña nacida en marzo de 1978 y que había aparecido en el hogar de una pareja mayor, de un día para otro, en lo que fue el primer dato respecto de la hija de Walter y Gladys, relató Carlotto.

No obstante, "la dificultad para reconstruir las huellas que el terrorismo de Estado borró impiadosamente, hizo que el hallazgo" se demorara 21 años más, señaló.

Información más completa fue derivada por Abuelas en 2009 a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) "para que pudieran investigar, con el ímpetu impreso desde 2003 a resolver los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado".

El 16 de julio último, la mujer que resultó nieta de María y Angelina, sobre la que por el momento no se dieron más precisiones, accedió a realizarse un estudio para establecer su identidad y el jueves pasado, 27 de agosto, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó a la CONADI que era hija de Walter y Gladys.

“Falta mucho por hacer”, dijo Estela de Carlotto y exhortó a que “nada de lo que se hizo vuelva para atrás. Nada, ni un pasito atrás".

Por su parte, María Domínguez, madre de Walter y abuela de la nieta recobrada 117, recordó las casi cuatro décadas de búsqueda incansable. “Son 37 años que estamos esperando esto”, expresó la conmovida abuela y referente de Madres de Plaza de Mayo en Mendoza.

“Espero que nos conozca, porque todavía no la conocemos, y que esté bien con nosotros", deseó en nombre propio, de Angelina y de "muchos tíos, muchos primos" de la nieta recuperada 117.

Aunque presentes en la rueda de prensa, el tío paterno Osiris y una de sus hijas no hablaron y la abuela materna, Angelina, expresó: “Lo vivimos con alegría. Será dentro de poco que pueda conocer a mi nieta, si Dios quiere y que estemos todos juntos y ella se sienta bien con nosotros”.

Durante la conferencia de prensa, la abuela paterna, María, recordó el papel de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en la anulación de las leyes de impunidad y el juzgamiento de los acusados por crímenes del terrorismo de estado, y recordó en contraste que pasaron "muchos años sin que nadie se ocupara del tema”.

En este marco, aludió el juicio que se desarrolla en Mendoza contra los “jueces cómplices" Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Otilio Romano, acusados por delitos de lesa humanidad.

También apuntó a la complicidad de "autoridades esclesiásticas" nacionales y de Mendoza, como la que le dijo en el Arzobispado provincial: “No gaste pólvora en chimangos”.

“Pero eso no nos amedrentó y así seguimos hasta el día de hoy, hasta ahora, las pocas que quedamos. La lucha ha servido y seguirá sirviendo, porque tenemos muchísimos hijos que la van a seguir”, señaló.

Participaron también de la rueda de prensa la vicepresidenta de Abuelas, Rosa Roisinblit; el secretario general de la Presidencia, Eduardo "Wado" de Pedro; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; el diputado nacional y nieto restituido Horacio Pietragalla y el secretario de Derechos Humanos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Guido Carlotto, entre otros.

“Que nuestra nieta 117 tenga a sus abuelas es lo más hermoso que nos puede pasar”, dijo Fresneda y transmitió a María, Angelina y todos los presentes el saludo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El secretario de Derechos Humanos dijo también que la tarea pendiente es “poder encontrar a todos los nietos, todos nuestros hermanos que faltan”, sostuvo que en esa lucha hay desde 2003 "un Estado presente" y destacó en particular, en este aspecto, el papel de la CONADI.

Por su parte, Guido Carlotto transmitió el saludo del gobernador Daniel Scioli (más temprano se había comunicado telefónicamente con Estela Carlotto) y repudió los llamados a la “reconciliación” e impunidad para los represores, que también rechazó la vicepresidenta de Abuelas, Rosa Roisinblit.

A JUICIO POR HOMICIDIO CULPOSO UN PRODUCTOR QUE FUMIGANDO CON AGROTÓXICOS HABRÍA GENERADO LA MUERTE DE UN NIÑO DE 4 AÑOS

El Bolsón (ANPP).- La Red Infancia Robada anunció que finalmente el productor RICARDO NICOLAS PRIETO, será juzgado en el TOP DE GOYA, bajo la caratula: HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO (MÁS DE UNA VÍCTIMA) Y LESIONES CULPOSAS AGRAVADAS (MÁS DE UNA VÍCTIMA) EN CONCURSO IDEAL, por la muerte del niño SANTIAGO NICOLAS AREVALO a los 4 años de edad y por las lesiones graves (daños en la salud) sufrida por la niña CELESTE ABIGAIL ESTEVEZ a los 6 años de edad, ocurridos en abril del año 2011 y como consecuencia de la intoxicación con agro tóxicos.
“Así lo dictaminó el Juzgado de Instrucción Nº 2, Secretaría Nº 4 de la ciudad de Goya, Corrientes, donde se instruye la causa, Tribunal que luego de más de 4 años de investigación, dispuso que la causa sea elevada a JUICIO ORAL, previo requerimiento del Sr. Fiscal de la causa Dr. Barry, por los delitos de HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO (MÁS DE UNA VÍCTIMA) Y LESIONES CULPOSAS AGRAVADAS (MÁS DE UNA VÍCTIMA) EN CONCURSO IDEAL”.
“Se aclara que el imputado PRIETO se encuentra en libertad, y que aún no se conoce la fecha en que tendrá lugar el DEBATE ORAL ante el Tribunal Oral Penal de Goya, Corrientes”.

Hna. Martha Pelloni
DNI 4091820
Contacto: Julián Segovia -Goya- (abogado que lleva la causa)
54777229600

CICLO DE CINE LATINOAMERICANO EL PANTALLAZO EN FM ALAS

El Bolsón (ANPP).- Como todos los jueves a las 21 en el SUM de FM ALAS, el Ciclo de Cine de El Pantallazo. Esta semana, se presentará el film brasilero:

LAS MEJORES COSAS DEL MUNDO
Ésta es la historia de Mano, un chico de 15 años que tiene que afrontar el divorcio de sus padres, cuya causa le resulta bastante insólita. El chico, atormentado por la angustia y el sentimiento de pérdida, se verá obligado a encargarse, junto con su hermano mayor, de la dirección de su casa. 

Año: 2010
País:  Brasil
Director: Laís Bodanzky
Guión: Luiz Bolognesi (Historia: Gilberto Dimenstein, Heloisa Prieto)
Reparto: Caio Blat, Denise Fraga, Fiuk, Paulo Vilhena, Gustavo Machado, Júlia Barros,Francisco Miguez, Matheus Marchetti, Gabriel Illanes, Gabriela Rocha, José Carlos Machado
Género: Comedia.

COMUNICADO DE PRENSA DESDE LA ASAMBLEA DE TINOGASTA, CATAMARCA

El Bolsón (ANPP).-COMUNICADO DE PRENSA


Los ciudadanos Autoconvocados por la vida de Tinogasta, nos dirigimos al público tinogasteño interesado en la causa de la defensa de la vida para informar y aclarar QUE:
 1º) Ante las confusas informaciones mediáticas y las manifiestas malas intenciones de algunos grupos de internas políticas, nuestra causa no tiene ninguna relación, interés o injerencia en las mismas, y nos hemos visto también perjudicados con la adjudicación deshonesta de generar falsos espacios en redes sociales o correos electrónicos malintencionados 
2º) Se ha invitado a los candidatos a intendente por la ciudad de Tinogasta a una asamblea con el objetivo de que nos brinden una explicación, aclaración, información y posición sobre el tema que se hizo público, que deberían haber tratado con anterioridad y lamentablemente se ocultó.
 3º) No existe posibilidad de decir no a la explotación de uranio permitiendo las demás (como oro, cobre, plata, etc.) puesto que en la constitución de las montañas los metales se encuentran asociados y la metodología de extracción es de voladura de rocas, con lixiviación y uso abusivo de agua y químicos tóxicos sumamente contaminantes de agua, aire y suelo, afectando consecuentemente la salud de la población.
 4º) El Proyecto Río Colorado es de uranio, cobre, plata con una extensión de 16 km llegando hasta cercanías de barrio Los Robledos y actualmente la empresa Cauldron Minerals LTD (ex Jackson Global LTD) tiene el derecho al 92,5 del proyecto y su actividad económica principal es la extracción de minerales y concentrados de Uranio y Torio. Forma parte de la Cámara Argentina de Uranio (CADEU) junto a cinco empresas asociadas ( Blue Sky Uranium Corp, “Cauldron Minerals Ltd.”, Uranio U308 Corp., Calypso, Sophia Energy), las cuales proyectan extraer uranio en lo inmediato, dependiendo de las condiciones de mercado y de la licencia social que otorgue cada pueblo. Por lo tanto, solicitamos al pueblo interesado en la vida y el futuro de Tinogasta a permanecer en ALERTA y seguros de que juntos tenemos la fuerza suficiente para no otorgar la licencia social y defender nuestro futuro, independientemente de quien resultare ganador en las próximas elecciones, quien no debe considerar el triunfo como sinónimo de licencia social.

 LOS AUTOCONVOCADOS POR LA VIDA DECIMOS: ¡NO A LA MEGA MINERÍA EN TODO EL DEPARTAMENTO TINOGASTA! ¡NO A LA EXPLOTACIÓN MINERA DE URANIO!
Contactos de prensa: - Valeria (03837)15-478847 - Susana (03837)15-693024