“Se colmó nuestra paciencia con el traslado de los policías a la propia comisaría donde se planificó el crimen”, dijo Sergio Heredia a lavaca, describiendo esta decisión judicial como parte de un cúmulo de situaciones que marcan, a escala local, según Heredia, “la corrupción empresarial, la connivencia policial y la impunidad judicial”.
Cuerpos aparecidos
No es la primera huelga de hambre que hace Gualberto Solano, padre de Daniel, que ya lleva más de 17 meses acampando frente a la fiscalía de Choele Choel en reclamo de justicia.
La investigación del abogado de la causa, Sergio Heredia, logró involucrar en el homicidio del joven integrante de la comunidad guaraní a siete policías, hoy detenidos. Develó además la mafia de la trata de trabajadores de la cosecha en Valle Medio y la connivencia judicial (Constanzo es la tercera jueza que lleva la causa).
La empresa contratista involucrada, Agrocosecha S.A., debió cerrar cuando las pruebas pusieron en jaque a sus dueños: Adrián y Gustavo Lapenta. Durante la investigación se hallaron dos cuerpos que nadie había reclamado ni ninguna causa investigaba, y que forman parte de otras desapariciones consumadas en el Valle que tuvieron peor suerte que la de Solano, pero la misma lógica.
Autores ideológicos
Todos los elementos probatorios fueron aportados por la querella, no sólo los que involucran a los siete policías detenidos sino también los que avanzan sobre los autores ideológicos del crimen. “En enero de 2012 presentamos la denuncia contra los civiles que son encubridores y cómplices del crimen”, relata Heredia. “Y en mayo denunciamos concretamente a los autores ideológicos, que son los dueños de Agrocosecha. Además aportamos las pruebas para imputar al otro policía que falta identificar, Tomás Vega, que no está detenido. Está toda la denuncia de la estafa laboral que les hacían a los trabajadores. Queremos que se junte todo porque las condiciones están dadas para tener a todos presos”.
Cómo estafar trabajadores
La lectura de Heredia explica que los siete policías son “los perejiles” de un sistema mucho más grande y que tiene, incluso, a Daniel Solano como anécdota. La estafa laboral que levantó la protesta de Daniel (que castigaron con su secuestro) era perpetrada año tras año y a lo largo y ancho del Valle rionegrino por parte de la empresa Agrocosecha y otras que explotaban a los trabajadores en condiciones inhumanas y con sueldos inimaginablemente bajos. Los jóvenes obreros, que provenían en su mayoría de provincias del norte como Salta, Jujuy y Tucumán, estaban allí durante una temporada de seis meses. El grupo antimotines de la polcía, BORA (Brigada de Operaciones de Rescate y Antitumulto) era el encargado de vigilar las gamelas donde dormían los trabajadores, de seguirlos y de amedrentar cualquier tipo de revuelta.
El crimen imperfecto
Daniel intentó organizarse para reclamar por su injusto sueldo de octubre, y el 5 de noviembre fue emboscado a la salida de un boliche y desaparecido por el grupo de policías detenidos en un caso caratulado ya como homicidio aunque el cuerpo todavía no apareció.
El planeamiento de este crimen habría sido perpetrado por los hermanos Lapenta, dueños de Agrocosecha, y los punteros que tenían llegada directa a los trabajadores: Daniel era un mal ejemplo. Consumada su desaparición, al llegar la familia de Daniel a Choele Choel, estos empresarios intentaron confundir la investigación por la desaparición alegando que Daniel había viajado a Neuquén.
Justicia en YouTube
La in-justicia siguió esta hipótesis hasta que el abogado Sergio Heredia la volvió insostenible. Heredia grabó con su cámara uno por uno a todos los testigos que respaldaban la idea del viaje, y los desmintió. Obligó a corregir los testimonios que figuraban en la causa. Logró presentar a sus propios testigos que develaron la secuencia en la puerta del boliche donde mataron a Daniel. E inculpó a los policías. Subió los videos a YouTube como forma de transparentar la investigación y desnudar las trampas y contradicciones policiales y judiciales.
Estafa + trata de personas
Luego Heredia avanzó sobre los autores ideológicos y radicó una denuncia por estafa laboral y trata de personas. “Hoy fui informado que los obreros de Tartagal están declarando en Orán a pedido del juzgado de General Roca por esa causa”, cuenta.
“Están todos los elementos para que se avance sobre los autores ideológicos, venimos pidiendo eso hace rato. Pero ahora se colmó la paciencia con el traslado de los policías a la propia comisaría donde se planificó el crimen”, explica Heredia sobre la huelga de hambre que decidió hacer junto a Gualberto Solano, dos familiares del joven y Julieta Vinaya, mamá del joven asesinado Atahualpa Martínez cuyo caso sigue impune.
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