Envíenos su nota, opinión o información al correo: delpueblo.prensa@gmail.com

jueves, 25 de octubre de 2012

CONDENAN AL DIARIO RUTA 40


El Bolsón, 25 de octubre de 2012 (ANPP).- La Justicia determinó que el diario Ruta 40, medio de difusión de distribución gratuita solventado económicamente por el megamillonario inglés Joe Lewis, deberá pagar a un integrante de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra (ADAT) "por daño moral".
Asimismo, el diario deberá otorgar al vecino de Mallín Aguado un espacio para ejercer su derecho a réplica.
La responsable del medio de prensa que intenta difundir los intereses de Lewis, Nancy Aleuy, está obligada a pagarle al afectado 10 mil pesos como resarcimiento.
A continuación, el texto publicado en el blog de la ADAT:

Y VISTOS: Los presentes autos caratulados: “RONCO, JORGE FABIAN C/ ALEUY, NANCY Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº 042/12 CIV, para resolver: 
A fs. 1/13 se presenta RONCO, JORGE FABIAN reclamando a los aquí demandados, señora ALEUY, NANCY y al propietario del diario Ruta 40 la suma de $ 10.000 por daños morales, espacio en el diario para ejerecer su derecho de réplica y la publicación del fallo por las razones esgrimidas en la demanda. 
A fs.15 se encuentra agregada la constancia de notificación a los demandados del inicio de la presente acción y de la fijación de audiencia. 
A fs.21/22 se realiza la audiencia prevista en el art. 806 del CPCC a la que concurrieron la parte actora y por la parte demandada la señora Nancy Nélida Aleuy en forma personal quien manifestó ser la propietaria del diario demandado, extremo que acreditó posteriormente a fs. 23/24. En dicha audiencia no fue posible llegar a un acuerdo por lo que la demandada presenta escrito contestando demanda y ofreciendo prueba a cuya producción la parte actora se opone. Asimismo en el acto la parte demandada ofrece al actor un espacio en el diario para su descargo por las notas publicadas, allanamiento parcial a la demanda que es aceptado por el actor. 

YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES: OLOR A VACA MUERTA


Por Hernán Scandizzo

 Argentina, 23 de octubre de 2012 (OPSur).- En diciembre de 2010 la empresa YPF –todavía controlada por Repsol- anunció el descubrimiento de un mega-reservorio de shale gas en la formación Vaca Muerta, en Neuquén. La compañía estimó el potencial del yacimiento en 4,5 billones de pies cúbicos (TCFs). Poco después el gobierno neuquino aclaró que esa era la punta del iceberg, ya que en el subsuelo de la provincia se alojarían 257 TCFs, es decir, un tercio del potencial de gas de yacimientos no convencionales del país.
A partir de ese anuncio en torno a Vaca Muerta, y las especulaciones sobre el potencial de esa formación, las autoridades públicas y el sector empresario presentaron a los no convencionales como la única alternativa para superar la crisis energética y proclamaron el comienzo de una era dorada para los combustibles fósiles en el país. La buena nueva era respaldada por un estudio de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, que sostiene que el potencial argentino de gas de yacimientos no convencionales es de 774 TCFs, sólo superado a nivel mundial por China (1.275 TFCs) y EE.UU. (862 TFCs).
Tal es la relevancia adquirida por estos reservorios en el país que ocuparon un lugar central en la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, promovida por el Poder Ejecutivo Nacional en abril pasado. Dicha norma no sólo planteó la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en manos de Repsol, sino también alcanzar el autoabastecimiento y la generación de saldos exportables a partir de la explotación de no convencionales. Es decir, mantener a los combustibles fósiles como fuente principal de generación de energía –más allá de que la crisis climática global demande avanzar hacia fuentes limpias y renovables- y consolidar el modelo exportador de materias primas –que hoy se manifiesta a través del agro-negocio y la mega-minería.

Emiratos sudacas
El despegue de los no convencionales reactualiza el proceso de ampliación de la frontera hidrocarburífera, que se vislumbra desde 2006, con la sanción de la Ley 26.197 –que concretó la transferencia del dominio de los recursos de la Nación a las provincias. Esta ampliación de la frontera se da en dos direcciones: por un lado, las 10 provincias tradicionalmente petroleras –Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta, Mendoza, Río Negro, La Pampa, Jujuy y Formosa- concesionaron nuevas áreas para la exploración y explotación; por el otro, las 13 provincias restantes modificaron su marco regulatorio para propiciar esta actividad y en algunos casos avanzaron en planes de exploración –como Entre Ríos y Chaco. Sólo la ciudad de Buenos Aires ha quedado al margen de esta avanzada.

LEY MONSANTO: SEMILLAS EN DEBATE


Por Darío Aranda

Buenos Aires, 25 de octubre de 2012 (Página 12).- “La ley Monsanto.” Es una de las formas en la que movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones sociales bautizaron al proyecto de ley de semillas que prepara el Ministerio de Agricultura. Según afirman las organizaciones, la medida, que sería tratada antes de fin de año en el Congreso, no dio participación a campesinos y pequeños productores, limita el “uso propio” (posibilidad de utilizar las semillas de la cosecha) y favorece a las corporaciones del agro. “El proyecto de ley pone en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales e implica la pérdida de los derechos de nuestro pueblo”, denuncia una declaración conjunta del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica (Maela) y de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal).
“El proyecto de modificación de la ley está formulado a la medida de Monsanto. En el 2003 Monsanto anunció que discontinuaba su programa de mejoramiento de soja en el país ‘debido a la baja rentabilidad del negocio, que imposibilita mantener los niveles adecuados de investigación en Argentina’. Su reclamo específico era una nueva ley de semillas que le permitiera tener ‘seguridad jurídica’ en sus operaciones”, explicó Carlos Vicente, de la organización internacional Grain, que estudia el mercado de semillas y las corporaciones agrícolas.
El 21 de agosto pasado, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, presentó la nueva soja (RR2) junto a los directivos de Monsanto. “Hay que respetar la propiedad intelectual”, reclamó ese mismo día el ministro y adelantó que el Gobierno estaba trabajando en una nueva ley de semillas, que contemple el cobro de regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.
Ahora, las organizaciones campesinas y pequeños productores denuncian que no fueron convocados a debatir el proyecto que podría modificar su forma de producir alimentos. Solicitaron el proyecto al Ministerio de Agricultura y a la Comisión de Agricultura del Congreso, pero no lo obtuvieron. Recién un mes después, el proyecto fue filtrado a las organizaciones.
“Manifestamos nuestro rechazo al proyecto de ley de semillas. Manifestamos la necesidad de analizar, discutir y presentar un proyecto que de manera participativa satisfaga las necesidades de los productores”, reclamaron los dirigentes argentinos de Maela y Rapal en una carta abierta dirigida a la Presidenta y al ministro de Agricultura. En las críticas sobresale la definición que se hace de productor (artículo 1). “Es reduccionista. Es grave porque de esa definición luego se deriva quiénes serán sujetos de derecho para conservar sus propias semillas”, explica. También apunta al artículo 4, de creación de una comisión nacional de semillas con “escasa o nula” participación de la agricultura familiar.
Las organizaciones reivindican el derecho a guardar parte de la cosecha como semilla, para la próxima siembra, el llamado “uso propio” de la semilla. Según advierten, la decisión de las empresas de semillas, con Monsanto a la cabeza, es limitar el derecho histórico al “uso propio”, bajo el argumento de respetar la “propiedad intelectual”. Con el proyecto de ley, el uso propio pasa de ser un “derecho” a transformarse en una “excepción”.

CASO DANIEL SOLANO: CONFIRMAN ASESINATO


Por Nadia Fink

Buenos Aires, jueves 25  de octubre 2012 (Marcha).-    
 Con la confirmación de la Cámara Criminal, se sostienen las condenas de los policías implicados en el asesinato de Daniel Solano. Aparecieron presuntos restos que están siendo sometidos a pericias. El estado de la causa.
El 19 de octubre la Cámara Criminal Tercera de General Roca confirmó los procesamientos con prisión preventiva dictados en julio por el juez de Choele Choel, Víctor Soto, para los siete policías señalados como presuntos responsables del secuestro y asesinato de Daniel Solano.
De esta manera, deberán esperar en prisión el juicio oral y público con las siguientes acusaciones: Sandro Berthe, Pablo Bender y Juan Francisco Barrera “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”; Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Alberto Quidel y Diego Vicente, como partícipes primarios de “privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”. Finalmente, el oficial inspector Héctor César Martínez es procesado en carácter de partícipe secundario de los delitos de “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado” aunque se lo procesó como el principal responsable del encubrimiento policial del asesinato, atribuyéndole los delitos de “abuso de autoridad en concurso ideal con falsedad ideológica”.
Ayer por la tarde, mientras la copia de la sentencia de la Cámara era enviada al secretario de Seguridad de la provincia, Miguel Bermejo, un cuerpo mutilado emergió del río, a unos 80 kilómetros de Choele Choel, y quedó en la costa de una chacra ubicada en la ciudad de General Conesa. Hoy comenzaró a realizarse la autopsia y prueba de ADN respectiva para comprobar si se trata del cuerpo de Daniel.
Daniel Solano había partido desde su Tartagal natal para trabajar en el raleo y cosecha de manzanas en el Valle medio y fue desaparecido el sábado 5 de noviembre de 2011. El viernes 4 se había realizado el primer pago de Agrocosecha (empresa que falsamente se hace llamar “cooperativa” y que terceriza el servicio de la multinacional Univeg Expofrut S.A. de Lamarque). Los 800 pesos que les correspondía, contra los casi 2.000 que les habían asegurado cuando partieran desde Salta enfurecieron a Daniel. Era el tercer año que iba a trabajar en la temporada de la fruta y había decidido promover una medida de fuerza para el lunes siguiente.