La criminalización y judicialización contra los Pueblos Originarios crece en Tucumán y en el país. Ejemplos sobran de la actuación del poder político y la justicia para avanzar contra los territorios de las comunidades que poco a poco también se van organizando y resistiendo. En este contexto general se inscribe el juicio por el asesinato de Javier Chocobar (68 años) hace 3 años, que tuvo como saldo además tres personas heridas, una de ellas de gravedad (Andrés Mamaní).
El poder político-económico de la provincia se juega una parada importante, ya que un fallo que condene a los asesinos marcaría un precedente importante y de alguna manera un freno al avance o al menos al accionar armado de los terratenientes (grandes, medianos, de familias "tradicionales" y no tanto) que va creciendo. Un resultado inverso sólo agravaría la situación de las más de 15 comunidades que integran la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita y el Pueblo Lule en Tucumán.
Señales de la justicia
El 12 de octubre de 2009 el terrateniente Darío Amín, alegando tener una orden de la justicia por un juicio con el que estaban en litigio con la Comunidad Indígena de Chuschagasta. Fue acompañado de dos ex policías, Luis Humberto "el niño" Gómez y José Valdivieso. Tras discutir con la comunidad que defendía su territorio dispararon con armas de fuego contra los comuneros. Chocobar falleció cuando era llevado al hospital por la bala que recibió en la pierna.
La defensa corporativa de las familias tradicionales que tienen vínculos directos en la justicia y el gobierno de la provincia son evidentes en éste y otros casos vinculados a la problemática indígena... ¿o habrá que creer en el "error" del fallo del juez Alfonso Zottoli que dio lugar a que se acepte la apelación ante la cámara de casación y los imputados queden libres?
Se suma a esto la demora judicial que hace que ya vayan tres años sin que llegue a iniciarse el juicio que según la estimación de una de las querellas recién se sustanciaría a principios de 2013. La realización del juicio ya fue confirmada el 2 de marzo rechazándose pasado una apelación de la defensa.
La causa está caratulada como homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, basándose en la información recopilada a lo largo de estos meses por el fiscal interviniente. Así podría caberles cadena perpetua a los 3 imputados.
El caso Chocobar no puede repetirse. Para esto es necesario que la justicia condene a los autores del crimen y puedan en este marco darse a conocer la metodología de apropiación del territorio indígena que se repite y tiene al poder económico detrás.
Editoriales ANP
