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miércoles, 13 de junio de 2012

EL GOBIERNO Y EL MODELO TRANSGÉNICO


El juicio por las fumigaciones en el barrio Ituzaingó Anexo, Córdoba, obliga a poner en tela de juicio también el marco institucional que permite que se avasallen derechos humanos esenciales como el derecho a la salud y a un ambiente sano. El periodista Darío Aranda expone ese marco: la relación del gobierno nacional con el modelo agroexportador de caracter extractivista.

Por Darío Aranda 

Argentina, 10 de junio de 2012 (ComAmbiental).- Al conocerse el fallo judicial de diciembre de 2008 que limitó las fumigaciones en Ituzaingó Anexo, y con la disputa con la Mesa de Enlace aún fresca (por la fallida resolución 125), la presidenta Cristina Fernández de Kirchner creó por decreto en enero de 2009 la “Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos”, en el marco del Ministerio de Salud, para investigar los efectos del glifosato.
La Comisión, donde tuvo gran influencia el ministro de Ciencia Lino Barañao (reconocido por su trabajo junto a empresas de biotecnología), nunca llegó a conclusiones claras respecto a los agroquímicos. Elaboró en agosto de 2009 el informe “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente”, firmado por el “Consejo Científico Interdisciplinario” del Conicet y la Comisión Nacional. Seis capítulos y 130 carillas que recopiló estudios y donde fue recurrente una conclusión: la necesidad de investigaciones sobre los efectos del glifosato. No definió si era inocuo o perjudicial.
Y, ante la incertidumbre, el Conicet no cuestionó que se continúe utilizando en el país millones de litros de glifosato al año. Allí radicó la sorpresa, y malestar, de las comunidades afectadas y de científicos: Raúl Horacio Lucero (bioquímico y jefe del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste), Raúl Montenegro (profesor titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba y Premio Nobel Alternativo 2004), Fernando Mañas (investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Río Cuarto, especializado en daño genético producido por glifosato).

“El objetivo del informe implica una visión reduccionista y fragmentaria que pretende simplificar una situación compleja, excluyendo al sujeto y parcializando la construcción del conocimiento. El informe es una simple enumeración de bibliografía, con muy poco análisis crítico, reflexivo y comparativo de sus resultados”, aseguró en 2009 la doctora en ciencias naturales Norma Sánchez, profesora titular de Ecología de Plagas de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora independiente del Conicet.
En 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la soja abarcaba doce millones de hectáreas. En la actualidad, llega a 19 millones, el 56 por ciento de la tierra cultivada de Argentina.
En septiembre de 2011, la Presidenta presentó en Tecnopolis el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), con objetivos cuantitativos a alcanzar en 2020. En cuanto a producción granaria destaca que el objetivo es aumentar un 60 por ciento la producción (de los 100 millones de toneladas, llegar a 160), con el consiguiente avance sobre nuevos territorios. En la presentación estuvo secundada por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y el de Ciencia, Lino Barañao.
Una nueva confirmación de la profundización del modelo agropecuaria sucedió el 28 de febrero pasado. La Presidenta anunció que investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Conicet y la empresa Bioceres habían logrado una semilla de soja resistente a la sequía y que lograba “altos rendimientos”, lo que posibilitaría el avance sobre regiones en la actualidad hostiles al monocultivo.
En Bioceres tiene participación accionaria Gustavo Grobocopatel, titular del pool de siembra Los Grobo. En el anuncio presidencial volvió a sobresalir la figura del ministro de Ciencia, Lino Barañao. Organizaciones ambientales y campesinas aportaron la mirada ausente en el acto oficial: el corrimiento de la frontera agropecuaria, con más desmontes, más poblaciones desalojadas y más uso de agrotóxicos.