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domingo, 27 de junio de 2010

EL TERRORISMO DE ESTADO SIGUE PRESENTE EN LAS CÁRCELES

El Bolsón (ANPP).-Grave, gravísimo, no hay otra forma de calificar los hechos que apagaron otra vida más en la cárcel. La responsabilidad es total y absoluta para el estado sobre la vida y la salud de las personas que por su sistema carcelario decide arbitrariamente mantener en el encierro. Cualquier muerte evitable es por tanto un acto de violencia del estado hacia las PERSONAS que son sometidas a estos régimenes. El sistema carcelario es injusto porque es la manera de reprimir el descontento de las personas con el sistema injusto y desigual. No podemos mirar a las personas sino como un resultado de la sociedad en la que vivimos. Toda la sociedad es responsable de que existan cárceles, de que en ellas mueran personas a las que no se les da la oportunidad de vivir de manera diferente.
El encierro no cura nada, y sobre todo, no soluciona la injusticia que lleva a "delinquir" la mayoría de las veces a las personas que terminan presas. Es por esto que al ser muchas de ellas personas que han sido excluidas del sistema, dejadas afuera de toda posibilidad de vida digna, al salir de cumplir una condena, vuelven a "delinquir". El dicho de " no habrá paz social hasta que no haya justicia social", parece estar marcando cada vez más fuerte las realidades de nuestros pueblos que llevados a situaciones de violencia extrema, de hambre, represión y opresión, deciden revelarse. La acción represiva por parte de las instituciones estatales contra quienes defienden sus derechos, es Terrorismo de Estado.
A continuación reproducimos la nota publicada por Ciudad Interna

...Qué pasó con Valdy...



Según sus compañeros del pabellón N° 12 del Penal de Piñero, dicen que Valdy en la mañana ya se sentía mal, con un dolor en el pecho. Ese día fue llevado al Juzgado de Ejecución Penal y se reunió con la Jueza Luciana Prunotto, quien esta a cargo de las personas condenadas en el penal de Piñero. Luego en horas de la tarde concurrió un rato al espacio de comunicación del penal, y luego se retiro al pabellón a pedir asistencia medica, la cual le fue negada, no se la dieron.

Habrá sido este otro de los casos de abandono por parte del personal que está llevando adelante los servicios médicos en los lugares de encierro de la provincia…? O HAY ALGO MAS…?. Será capaz esta señora jueza de investigar este y tantos otros hechos acontecidos contra personas condenadas que están a su cargo?. Todavía no lo sabemos, pero lo cierto es que esto constituye otro asesinato llevado adelante por el estado santafecino.

El Valdy era de las personas que amaba su vida pero a su vez era capaz de jugarse el todo por sus compañeros. El creía que a través de la denuncia era posible descubrir el manto de la mentira y revertir medianamente las nefastas condiciones de vida en los chupaderos legalizados llamados cáceles que se encuentran el la provincia de Santa Fe. A los demas compañeros no los dejavan salir y el era el único que se encontraba militando en el espacio de comunicación en el interior del penal de Piñero, y denunciando a full las atrocidades cometidas por el personal penitenciario para que la sociedad conozca lo que acontece en los penales.

En la última comunicación mantenida con Valdy horas antes de su muerte nos decía que el Director de establecimiento, Lorenzo Rica y el alcaide Jorge Aguirre estaban aplicando la misma política asesina que aplicaban antes de la masacre del 11 de abril en la Modelo de Coronda. La cual consistía y consiste en retirar a los pibes de los pabellones y meterlos en otros donde tienen problemas de convivencia para que se generen los conflictos que muchas veces terminan con la vida de personas encarceladas.

Esta fue la ultima nota redactada por Valdy.

“La miserable situación de la población carcelaria en la cárcel de Piñeiro es una muestra de la violación a los Derechos Humanos. En los últimos días las condiciones de vida en el lugar se ha deteriorado vertiginosamente como lo evidencia los constantes abusos de autoridad que se dan, la falta de asistencia medica, la miseria carcelaria reflejada en la infraestructura sin saneamiento básico, la corrupción administrativa cínicamente manifestada, la comercialización de drogas y alcohol, acompañada con una manifiesta dentro del penal. Todo esto sin considerar el hacinamiento que se da por la sobrepoblación carcelaria compuesta por adolescentes y gente adulta.

El crimen organizado dentro del Pequeño Vietnam es otro factor común que contribuye a la violencia interna y a los motines carcelarios. El cual esta bajo el control de algunos de aquellos que una vez fueron los máximos responsables de la masacre del 11 de abril en Coronda.

Este lugar no cuenta, ni con el presupuesto necesario, ni con el personal especializado para el tratamiento y rehabilitación de los internos. La cárcel es un gran deposito humano donde los privados de libertad (con o sin sentencia) se encuentran en total desamparo y olvidados por el Estado.
Pero la pregunta que surge en relación a todo esto es: Que hacer para mejorar el sistema penal? Una cárcel como lo es la de Piñero debe ser necesariamente un centro de rehabilitación. Y no un campo de concentración donde detenidos como los Derechos Humanos no gubernamentales en barias ocasiones han denunciado públicamente los tratos inhumanos y las torturas sistemáticas y habituales que se vienen realizando en las distintas unidades, pero nada comparado con lo que se vive en la unidad 11 de Piñero.
Solicitamos una inmediata intervención e investigación de estos horrendos actos violentos y corruptos. Al mismo tiempo solicitamos a todas las personas, organizaciones y periodistas que reciban esta denuncia, escriban para que por medio de los organismos y autoridades pertinentes paren con este maltrato denigrante y brutal a los internos con y sin sentencia”.


LA FAMA LES VIENE DE LEJOS

Bariloche(PÁGINA 12).- Por Carlos Rodriguez.

Desde septiembre de 2006, cuando Ana Piccinini asumió el cargo, la Defensoría del Pueblo de Río Negro presentó cuatro informes en la Legislatura provincial denunciando “innumerables casos de apremios ilegales, muertes en los calabozos de las comisarías y otros abusos policiales, pero hasta ahora nunca hemos tenido ni la más mínima respuesta concreta ni hemos podido avanzar en las soluciones”. Piccinini, en diálogo con Página/12, señaló como uno de los principales responsables de la situación al comisario Víctor Cufré, quien hasta hace 20 días fue jefe de la policía local y ahora “lo ascendieron al cargo de secretario de Seguridad y Justicia”.

Después de los sucesos de Bariloche, la bancada peronista en la Legislatura rionegrina y organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos reclaman la renuncia de Cufré por los asesinatos de Diego Bonnefoi, de 15 años, Nicolás Carrasco, de 16, y Sergio Cárdenas, de 29. Hasta hoy, el gobernador radical Miguel Saiz “ni siquiera ha removido del cargo al jefe de la Regional (Bariloche), Argentino Hermosa, que ha mentido respecto de cómo fueron los sucesos y, además, está amedrentando a los testigos” (ver aparte), aseguró Piccinini.

“La mala fama de la Policía de Río Negro en su conjunto y no sólo del grupo (antimotines) BORA, viene de lejos. Por eso, en la primera reunión que tuvimos con la plana mayor, en 2006, les dijimos: ‘No peguen’. Y le advertimos que no íbamos a tolerar abusos de ningún tipo de parte de la fuerza.” Piccinini recordó que, en ese primer encuentro, “todo fue muy amable, muy respetuoso, pero al poco tiempo, la relación se empezó a descomponer”. Poco después de llegar al cargo, la defensora del Pueblo comenzó a recibir “denuncias por apremios ilegales de hechos muy concretos sobre los cuales teníamos denuncias firmadas, probadas por testigos e incluso con fotografías que se tomaban a sí mismos, con celulares, chicos que eran llevados a distintas comisarías. Se abrieron causas judiciales donde fuimos querellantes, pero nunca tuvimos conocimiento de que se haya hecho un sumario administrativo interno en la fuerza”.

“Nunca hemos tenido una sola respuesta concreta del ministro de Gobierno (Diego Larreguy, cuya renuncia también fue pedida por el PJ rionegrino). Siempre nos responde con evasivas, pero el personaje más siniestro que tenemos es el actual secretario Víctor Cufré.” Piccinini y Cufré tienen diferencias públicas que han llegado a instancias judiciales. Mientras el funcionario pidió que se le inicie a la defensora un juicio político, ella ha planteado en los estrados judiciales una denuncia por “calumnias e injurias”. Aunque sus críticas apuntan en forma directa a Cufré y a Larreguy, la defensora del Pueblo no se olvida del gobernador Miguel Saiz. “Entre los años 1985 y 1986, cuando yo era legisladora, hicimos un proyecto de reforma, convertido en ley, que señala que el jefe natural de la Policía de Río Negro, por encima de quien ejerce esa función, es el gobernador. Si bien delega esa responsabilidad en el ministro de Gobierno, de todos modos el gobernador tiene que asumir esa responsabilidad siempre. No sé si esto se ha expresado del mismo modo en otras provincias, pero sí ocurre en la de Río Negro”, sostuvo Piccinini. Luego de los sucesos de Bariloche, que terminaron con tres muertes, Saiz fue criticado incluso por el intendente de esa ciudad, Marcelo Cascón, quien se quejó: “Ni siquiera me contesta los llamados”. Por esa razón, Cascón se tuvo que trasladar hasta la sede del gobierno provincial para reunirse con el mandatario.

En el último informe de la Defensoría del Pueblo ante la Legislatura, presentado en abril –al que tuvo acceso Página/12–, se hicieron planteos, en algunos casos, por designaciones de funcionarios policiales cuestionados y en otros, por haber dado de baja a oficiales que venían desarrollando tareas con eficacia. En Cipolletti, “nombraron como titular de la Unidad Regional V (de esa ciudad) al comisario Yves Vallejos”, muy cuestionado por la comunidad por su desempeño en la investigación del primer triple crimen ocurrido allí, el de las hermanas María Emilia y Paula González, y de su amiga Verónica Villar, en 1997, y en el homicidio de la joven Otoño Uriarte, en el año 2006.

Por razones opuestas, la Defensoría rechazó que se haya dejado cesante al subinspector Gabriel Ormeño, a quien Piccinini consideró “una víctima más del abuso del poder y la impunidad”. Ormeño venía desempeñándose como asistente de la jueza de Choele Choel Marisa Bosco, en una causa por trata de personas. “El caso –dijo la defensora– tiene una gravedad inusitada, no sólo por la implicancia de jefes policiales a los que se estaba investigando en la trata de personas con fines de explotación sexual, sino por la obstrucción que ha importado la persecución del principal colaborador de la magistrada.” A Ormeño, de buenas a primera, le comunicaron que debía trasladarse a Bariloche como su nuevo destino. Por estas razones, Piccinini ha denunciado que la policía rionegrina “tiene connivencia con la trata de personas”.

En el informe se denunciaron varios casos de presuntos suicidios de presos, en calabozos policiales, “generalmente los días feriado”.

- En febrero de 2007 dos jóvenes, minutos después de ser llevados a la comisaría del pequeño pueblo de Mainqué, murieron quemados. “Cuando se hizo la reconstrucción del hecho, quedó claro que era imposible que, dada la gravedad de las quemaduras, los guardias no oyeran los gritos de los detenidos, cuando la celda estaba a dos metros del lugar donde se encontraban los policías”.

- En junio del mismo año, un joven apareció muerto en el Establecimiento de Ejecución Penal número uno de Viedma.

- En julio de 2007, un trabajador rural apareció muerto en la comisaría de Cervantes.

- En junio de 2008, un joven murió en la comisaría 21 de General Roca. Se dijo que se suicidó con el cinturón.

- En octubre de 2008, un interno murió asesinado a golpes por policías y penitenciarios en el Establecimiento de Ejecución Penal 2 de Roca.

- En octubre de 2008, un joven de 17 años murió en la comisaría tercera de Roca, en otro “aparente suicidio”.

- Entre junio de 2009 y enero de 2010 se produjeron otros “aparentes suicidios” de una joven de 23 años en la comisaría tercera de Roca; un joven de 26 murió ahorcado en Lamarque; un hombre de 28 murió al recibir un “facazo” en la ex alcaidía de Roca, y finalmente un joven de 21 años murió ahorcado en la comisaría primera de Viedma.

“En los cuatro años que llevo en la Defensoría hubo advertencias por muertes en calabozos, por lesiones irreparables sufridas por chicos que sufrieron apremios ilegales y hasta tuvimos el caso de la violación de una joven de 14 años en la comisaría de Guerrico, a manos de dos uniformados”, explicó Piccinini. “En la página de la Defensoría tenemos fotografías que certifican la existencia de los apremios. Uno de los chicos golpeados fue el hijo de Italo Vallarini, uno de los tres vocales que tiene el Tribunal Superior de Justicia de la provincia”.

En el caso de la denuncia por violación, Cufré informó que los supuestos responsables “están apartados del servicio en Guerrico, pero están trabajando en Roca porque no hay ninguna medida de la Justicia” contra ellos. La Defensoría replicó en su informe a la Legislatura que por un caso menor, el robo de una cartera en un pool de Viedma, “dos policías fueron desafectados de la fuerza a través de sendas resoluciones” del anterior secretario de Seguridad provincial.

Uno de los casos de apremios más notorio fue el de Daiana Allapán, de 20 años, quien en junio de 2009 terminó internada en el Hospital Zatti de Viedma a causa de la brutal paliza que le dieron efectivos policiales a la salida de un boliche. “La joven perdió varias piezas dentales, y sufrió fractura de maxilar por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente, y le colocaron una prótesis”. En otro caso, también en Viedma, en enero de este año, un joven de 18 años fue “literalmente acribillado a balazos por dos efectivos policiales, cuando el chico estaba en una esquina, con amigos. Su madre embarazada trató de salvarlo y recibió un culatazo en la cabeza. El chico sobrevivió de milagro”. Piccinini concluyó que “en este marco, era previsible lo que sucedió en Bariloche”.

BARILOCHE, GRAVES AMENAZAS A RADIO COMUNITARIA

El Bolsón (ANPP).-Las amenazas a los militantes y a las personas que están trabajando por pedido de justicia por la masacre de Bariloche siguen llegando.

Yo te juro que si ustedes siguen hablando mal de la policia me voy ahora mismo y te voy a quemar la radio, a vos y junto con la casa de la familia Bonefoi". Estas fueron las amenazas de "una oyente" de nombre "Silvia" que salió al aire el pasado 24 de junio en el programa informativo de Fm Gente de Radio (90.3 mhz) porque segun interpreta "hablan mal de la policia". Estas declaraciones tienen que ver con una campaña con métodos persecutorios y amedrentamientos en contra de todos aquellos que tratan de evidenciar la existencia de una politica sistematica para asesinar impunemente en democracia a los sectores pobres y jovenes de los barrios. No se tratan de hechos aislados. Esta es la "paz social" que proponen los sectores que defienden a la policía.

Por Grito Suburbano / Fuente: Indymedia Argentina

La intimidación concreta a la emisora fué por el tratamiento del tema sobre los acontecimientos ocurridos el pasado jueves 17 de junio en los Barrios Boris Furman y 169 viviendas, donde un efectivo de la policia de Rio Negro asesinó de un tiro en la cabeza a un menor de 15 años y posteriormente en la represión desatada por este caso de "gatillo facil" fueron asesinadas dos personas más, en manos de la misma fuerza (a menos de 24 hs del primer muerto).

No se trataba de una oyente más que salía al aire para dar su punto de vista y trasladar una reflexión sobre las causas y consecuencias de tanta violencia. La mujer llamó para hacer un reclamo "contra la radio de ustedes" se expresó con tono desafiante, para dar cuenta que "los vengo escuchando desde que paso todo este problema y yo tengo una impotencia y bronca contra ustedes, porque ustedes hablan mal de la policia" sentenció.

Silvia tenia un objetivo claro hacia esta radio comunitaria que lleva 22 años en el aire de Bariloche priorizando la voz de la gente de los barrios y no la voz del poder que se "ausentó" para dejar en el centro de la escena a una politica de represión y sometimiento en el Alto de Bariloche: "Que te quede bien clarito, no quiero escuchar ninguna palabra más, porque yo soy capaz de ir a tu radio" volvió a amenazar.

A medida que avanzaba la conversación ella evidenciaba con mas detalle su posición: "yo ayer y todos estos dias he ido a la marcha de los policías". Con más confianza después confesó que era una más de la fuerza y no una "trabajadora de restaurante" como se había presentado al principio: "Yo soy policia tambien, yo no llamo para discutir, es para decirtelo". Y volvió a repetir: "yo soy policia asi que te quede bien clarito" enfatizó para reforzar su metodo intimidatorio.

Sobre el menor asesinado en la madrugada del jueves 17 donde el cabo Sergio Colombil habría disparado a una distancia de entre 2 y 3 metros, según la autopsia. La mujer arremetió de nuevo y justificó el crimen alegando que "defienden a ese malandra de mierda de Bonefoi, Diego Bonefoi". En referencia a este caso, el Juez Martín Lozada que entiende en la causa procesó por "homicidio doblemente calificado" al efectivo policial. Para el magistrado, el policía le disparó al joven quien "corría delante suyo", y "muy probablemente" estaba desarmado. "Se trata de un homicidio alevoso", consideró, y dictó la prisión preventiva del efectivo involucrado. Descartó que el disparo se haya producido "sin intención" y en el marco de una pelea como argumentó el Jefe de la Regional.

Para ella los tres jovenes muertos no eran tan importantes como para cambiar de lugar al destacamento policial: "Sacaron a la policia (por el traslado de la comisaria 28) por tres gatos locos de éstos malandras. Pero no le vamos a dar el gusto" advirtió. La integrante de la fuerza sin que se lo pregunten quizo referirse a las denuncias por los abusos policiales "mira asi como dicen que le pegan a los menores y todo. Los menores algo hacen para que la policia les pegue. O vos te pensas que la policia va a ir a pegarle porque sí" defendió.

La semana pasada la Multisectorial contra la represión policial en Bariloche presentó un Habeas Corpus colectivo ante la persecusion policial y para dar protección a todos aquellos que sufrieron vejaciones, humillaciones y violaciones de sus derechos. Durante los dias de represión fueron mas de 20 personas las heridas por las balas y gases de las fuerzas del orden, todos los detenidos en su mayoria jovenes fueron golpeados, amenazados de muerte, robados y hasta torturados por la policia. La actuación de los cuerpos policiales fué avalada por el ministro de Gobierno Larreguy y el Secretario de Seguridad y Justicia Víctor Cufré, hombres con poder de desición que responden a las ordenes del gobierno de Miguel Saiz, el radical "K" en Rio Negro.

Días atras la abogada y militante social Marina Schifrin, realizó una denuncia penal por "agresiones y amenazas" a través del sitio Facebook "que te entierren envuelta en tu sucio trapo rojo", le escribieron, entre otras gravísimas amenazas. Además tanto por esta "red social" como por otros medios, se han extendido amenazas, agresiones verbales y físicas a periodistas y trabajadores de otros medios de comunicación en Bariloche.
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