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domingo, 19 de abril de 2009

COMUNICADO: PARLAMENTO MAPUCHE-TEHUELCHE CONTRA LA ENTREGA DE TERRITORIO


El pasado fin de semana se realizó un Trawun Mapuche-Tehuelche en la localidad de Gobernador Costa. Durante dos días Comunidades y organizaciones se autoconvocaron para abordar temas referidos al Territorio, espiritualidad, Ley de emergencia 26.160, política del gobierno en la entrega y saqueo de las empresas multinacionales (petroleras, mineras) en el territorio ancestral.
Los días 10 y 11 de abril, nos reunimos en Parlamento en la localidad de Gobernador Costa (Chubut), las siguientes Comunidades: Costa del Lepá, Alto Lepá, El Molle, Vuelta del Río, Ñanculawen (Comodoro), Futa Huau, Epu Peñi (Gualjaina), Katrauletuaiñ (Rawson) y Ayllu Ñuke Mapu (Sarmiento). Además de organizaciones warriache de Trelew y Mapuche-Tehuelche independientes de Trelew, Bariloche, Corcovado, Gobernador Costa, José de San Martín, Esquel y Comodoro Rivadavia.
Consideramos como fundamental como Pueblo Mapuche-Tehuelche la pertenencia al Territorio donde vivimos en equilibrio y armonía con nuestra espiritualidad. El Territorio que reafirma nuestra identidad como Pueblo actualmente se encuentra invadido por terratenientes (como López Rey, Abait, Rechene, M. Hauser, Rodríguez Otaño, Bestene, entre otros) por multinacionales y distintos personajes ligados al poder.
Hoy nuestros hermanos se encuentran en conflictos territoriales donde muchas veces varias familias conviven en pequeños espacios de tierra, producto del despojo avalado por los distintos gobiernos.
Otra realidad es que usurpadores particulares utilizan distintas formas de hostigamiento como: cierre de caminos vecinales, amenazas a hermanos como los casos de Juana Sifuentes (Comunidad Corral de Piedras), Familia Antieco (Costa de Lepá), El Molle, Comunidad Sepúlveda (Buenos Aires Chico), entre tantos otros.

REPUDIAMOS:
- La entrega y el saqueo del Territorio Ancestral Mapuche por parte de la Minera Argenta (contratada por Aqualine Resources) y empresas petroleras como Pan American Energy y Repsol YPF. La entrega y el saqueo por parte del Gobierno del Chubut sin respetar sitio ceremoniales y violando cementerios (Chenque). Esta política ha traído consecuencias mortales en las Comunidades: Cáncer por contaminación del agua, falta de agua potable en la meseta, suicidios, etc. Todo esto afecta al WallMapu (Territorio Ancestral), provocando desequilibrios irremediables en nuestro Itrofilmogen (Diversidad de vida).
- La Ley provincial de desalojos en su totalidad, por criminalizar la resistencia y la lucha social.

RECHAZAMOS la Ley Nacional 26.160 en la provincia de Chubut, por:
1- Ser inconsulta a nuestro Pueblo.
2- Por Crear un organismo CPI (Consejo de Participación Indígena) que NO representa en su totalidad al Pueblo Mapuche-Tehuelche (a sus comunidades y organizaciones).
3- Por ser una parte más de las políticas neoliberales del gobierno de turno. Siendo además una herramienta para el saqueo a corto plazo de los Ngen (NgenCo, Ngen Mahuiza...) del WallMapu.

RECHAZAMOS a la Dirección de Asuntos Indígenas como organismo representativo del Pueblo Mapuche-Tehuelche, ya que responde a intereses ajenos a nosotros.

EXIGIMOS:
- Cumplimiento efectivo del Convenio 169 de la OIT, del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y el art. 34 de la Constitución Provincial.
- Consulta genuina a la totalidad del Pueblo Mapuche-Tehuelche, ante cualquier tema que nos involucre.

Hermanos Mapuche-Tehuelche continuemos fortaleciendo nuestra cultura y defendiendo nuestro territorio ancestral.

Por TERRITORIO, JUSTICIA y LIBERTAD!
MARICI WEV!! MARICI WEV!!

Fuente: Puerta E.

HIJOS ALTO VALLE REPUDIA EL TRASLADO DE CASOS A JUSTICIA DE BAHÍA BLANCA

El Bolsón (ANPP).- Los integrantes de Hijos Alto Valle manifestaron públicamente su repudio a la decisión de llevar 23 de los casi 100 casos de delitos de lesa humanidad cometidos en el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén, a Bahía Blanca.
El primer intento ocurrió hace 5 meses, desde el Juzgado Nº2, en ese momento a cargo del juez Labate.
Con la denuncia y la manifestación pública en el tribunal, junto al repudio de víctimas y familiares en los medios de comunicación, se había logrado frenar esa decisión.
"Hoy, la nueva jueza a cargo del juzgado, intenta omitir y desestimar las razones que obligaron al juez a dictarse competente para seguir investigando esas causas acá. Al declararse incompetente, la jueza Margarita de Argüelles, lo que hace es mandar al olvido y a la impunidad más absoluta las causas de estos compañeros", explicaron desde la organizaciónd e derechos humanos.
Gran malestar causó también que la APDH Neuquén haya avalado esta decisión.
"Es mentira que los delitos deben ser investigados en el último lugar de detención -aclararon desde Hijos-. Lo que determina el código penal es que deben ser investigados en el lugar donde se produjo el delito más grave, y eso se produjo en Neuquén y Río Negro, ya que fueron secuestrados en esta zona, llevados a campos de concentración, torturados y, posteriormente, llevados al centro clandestino de detención 'la escuelita' de Bahía Blanca."
Hijos cuestionó a quienes impulsan el traslado de los casos, señalando "que funcionan con la lógica de las anuladas leyes de obediencia debida y punto final intentando investigar y juzgar sólo a los máximos responsables del genocidio".
"Posiciones y acuerdos como éstos dieron por resultado la selección arbitraria de víctimas, la negación del genocidio, el ocultamiento de la militancia de las víctimas, la no investigación de otras fuerzas y una condena de 7 años a uno de los máximos responsables del genocidio en el Alto Valle."
Por otro lado, Hijos relató que el fiscal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, había desestimado la posibilidad de que estas causas fueran remitidas a esa ciudad y dio cuenta "de la clase de personajes, amigos de los genocidas, que están al frente de dicho juzgado", incluyendo al juez Alcindo Álvarez Canale.
"Los genocidas que los secuestraron y torturaron, fueron grupos que operaron en esta zona, y varios de ellos viven impunemente libres en nuestras ciudades -declararon los militantes de Hijos-. Si hay que trasladar a alguien que sea a los genocidas responsables de Bahía Blanca y no a nuestros compañeros."

EL GLIFOSATO LLEGÓ A LA CORTE SUPREMA

Por Darío Aranda

Un recurso de amparo solicita la veda del veneno más usado en la industria sojera hasta que se determine su efecto sanitario.
Buenos Aires (Página 12).- “Se solicita se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación de glifosato y endosulfan –agrotóxicos básicos de la industria sojera– en todo el territorio nacional.” El reclamo forma parte del recurso de amparo presentado ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, por la Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa). En un hecho sin precedentes y que apunta al emblema del modelo de agronegocios actual, la ONG también solicita que el Gobierno determine en 180 días el efecto sanitario de los químicos agrarios, carga responsabilidades sobre los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también apunta a Monsanto, la compañía líder del sector, la mayor productora y comercializadora de glifosato. La presentación judicial cita media docena de estudios científicos que describen los males de los agrotóxicos y destaca la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad económica.
Con 36 carillas, la presentación describe el accionar del modelo agrario basado en el monocultivo de soja, precisa los efectos negativos de los agrotóxicos, informa cuadros médicos agudos de campesinos y solicita la urgente necesidad de frenar el uso de los dos agroquímicos hasta tanto no se precise su grado de toxicidad. También requiere que la Comisión Investigadora del Ministerio de Salud –creada en enero último para investigar los efectos de agroquímicos– “se expida definitivamente” sobre los efectos de los herbicidas. “Hasta el momento, preocupantemente, no ha tenido avances concretos”, afirma la ONG, fundada en el año 2004 por un grupo de abogados vinculados con el cuidado del ambiente.
“Los demandados son el Poder Ejecutivo nacional y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (las tres provincias donde la Justicia de primera instancia ya se expidió contra las fumigaciones sojeras). A la empresa Monsanto, principal comercializadora del herbicida, se la cita como tercera interesada (por ser la mayor productora del herbicida)”, aclara el escrito.
La presentación ante la Corte se origina luego de que este diario difundiera un estudio del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina), en el que se comprobó que dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura provocan trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. El amparo de la Asociación de Abogados Ambientalistas es el primero en llegar al máximo tribunal y constituye un viejo anhelo de comunidades campesinas e indígenas.
“Lo presentamos a las 7.45. Sabemos que Monsanto ya lo sabía a las 9 y que el secretario de Ambiente (Homero Bibiloni) se enteró antes de las 10. Está claro que existen enormes intereses en juego”, reconoció el director ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar.
La Corte no tiene tiempos estipulados para expedirse. El máximo tribunal puede fallar en pocos días (como con el freno a los desmontes en Salta) o dejar dormir la presentación. “La Corte ha demostrado su conocimiento de derecho ambiental en el caso del Riachuelo y con los bosques de Salta, confiamos que siga en el mismo camino”, arriesgó el abogado, aunque también reconoció que esta causa tiene implicancias muy por encima de las dos anteriores: apunta a un modelo agrario presente en medio país.
El amparo se fundamenta en la figura del “daño ambiental colectivo” (perjuicio que se ocasiona a grupos de personas y que ocasiona la presentación judicial de un ciudadano o entidad del tercer sector) y en el artículo 41 de la Constitución nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según establezca la ley”. Y recuerda que el derecho ambiental, en el que se basa el amparo, “tiene carácter preventivo y precautorio, que lleva fundamentalmente como columna vertebral de su existencia evitar, ante la duda, que se produzcan mayores daños en la vida o en la salud de las personas, ello a pesar de las múltiples comprobaciones que se acreditan (de la toxicidad de los herbicidas)”.
En reiterados apartados, la presentación judicial apunta contra los organismos oficiales. “A los efectos de entender la verosimilitud del derecho cabe destacar la inexistencia de contralor por parte del Estado sobre los efectos que causan las sustancias invocadas sobre los seres humanos y sobre el ambiente todo.” La causa, que lleva el número 262/09, reclama la realización de un relevamiento de las zonas afectadas por los agrotóxicos, que se identifiquen los damnificados y se brinde contención y tratamiento médicos adecuados. También solicita declaración testimonial del profesor de embriología y director del Laboratorio de Embriología, Andrés Carrasco, y del secretario de Ambiente.

DOCENTES DE EL BOLSÓN ESPERAN EL DIÁLOGO

El Bolsón (ANPP).- Más de 60 educadores se reunieron ayer, en la escuela 271 de El Bolsón, para analizar en asamblea el pedido de sanción disciplinaria, por parte de la conducción local, al profesor Juan Pablo Ruiz por "amenaza de muerte".
La evaluación del conflicto gremial, que en la localidad duró más de dos meses, quedó relegada para otro encuentro de la Unter.
Durante el debate, que se extendió por más de cuatro horas, la denunciante, la dirigente local Patricia Mon Avalle, insistió en la versión de que Ruiz la había amenazado de muerte durante una discusión política, a fines de enero en la sede gremial.
Por su parte, el acusado ratificó que "no hubo ningún tipo de agresión y mucho menos amenazas", y su alegato contó con el apoyo de los testimonios de dos testigos que estuvieron en el momento de la discusión.
Comentó Ruiz al respecto: "Esto no puede explicarse de otra manera que como una persecución ideológica, porque es público mi posicionamiento crítico hacia las dos agrupaciones mayoritarias dentro del sindicato (Azul y Celeste), y dentro de la conducción local, aunque no quieran asumirlo, hay simpatías y filiaciones hacia esos dos sectores ya a esta altura imposibles de ocultar".
Más allá de la diversidad de puntos de vista, la mayoría de los asistentes destacaron la necesidad de que el conflicto interno se resuelva por la vía del diálogo, y a tal fin surgió casi de consenso la propuesta de que se abran instancias de encuentro para resolver esta situación.
En varias intervenciones, por otra parte, se advirtió sobre el peligroso precedente que puede implicar que los debates políticos terminen con el escarmiento del aparato punitorio del sindicato sobre una de las partes.
Sin embargo, y a pesar de las razones expuestas, los integrantes de la conducción presentes en la asamblea ratificaron su determinación de no retirar el polémico pedido de sanción disciplinaria.

MAR DEL PLATA: VIOLENTO DESALOJO A 54 FAMILIAS

Mar del Plata.- El 15 de enero del presente y luego de varios meses de espera por una respuesta que debía dar el gobierno municipal al reclamo de vivienda digna, familias del barrio Pueyrredón decidieron tomar las viviendas del Plan Dignidad que se encontraban abandonadas por parte de la empresa constructora, responsable de la terminación de las mismas. El municipio, con Pulti a la cabeza, siguió haciendo oídos sordos a esta necesidad, que es planteada no sólo por los “Sin Techo” del Pueyrredón, sino por vecinos de todos los barrios de la ciudad. A las reiteradas negativas a las demandas de las familias se sumó una orden de desalojo de las viviendas, que debía hacerse efectiva el día viernes 17 de abril a las 10hs.
Fue así como desde la noche del jueves, comenzaron a acercarse al lugar organizaciones sociales y compañeros para solidarizarse con las familias. El viernes, desde muy temprano siguieron llegando distintos grupos que permanecieron a la espera de la resolución del conflicto. Finalmente, la Fiscal Trill dio la orden de desalojo cerca de las 16hs, luego de que la funcionaria del gobierno municipal, Alejandra Patuto, cerrara completamente toda posibilidad de solucionar la situación.
Los efectivos de infantería y caballería rodearon las casas y al cordón de resistencia formado por personas presentes en el lugar, que repetíamos la consigna: “No a cincuenta familias en la calle, No a ciento treinta menores en la calle”
La violenta represión desatada, a cargo del Jefe de la departamental, Gustavo Salvá, terminó con 24 detenidos, numerosos heridos por balas de goma y palazos, las 54 familias desalojadas y nuevamente en la calle. Entre los detenidos se encontraba Juan Pablo Gelemur, abogado del frente Antirrepresivo Marplatense, quien representó legalmente a las familias en todo el proceso de negociación desde la toma de las viviendas. También se detuvo y agredió a periodistas que se encontraban cubriendo el hecho.
El operativo se realizó violando la sentencia de desalojo en la que el juez de Garantías ordenaba:
-La presencia de la Secretaría de DDHH de la provincia.
-Un censo para la reubicación de las familias.
-La cantidad de policías era 3 veces mayor que la cantidad de personas, y ninguno estaba debidamente identificado.
-Las mujeres detenidas fueron aprehendidas por personal masculino
-No había puestos sanitarios
-Se reprimió habiendo menores, incluso se irrumpió en una casa que no pertenecía al predio donde se resguardaban los niños
-Compañeros denunciaron que vieron varios uniformados que los apuntaban con armas de fuego 9mm.
-Se violaron todas las garantías internacionales de derechos humanos
Luego, organizaciones estudiantiles, universitarias, sociales y políticas se concentraron exigiendo la libertad de los detenidos que se encontraban en la comisaría 4ta. Varias horas después, todos los compañeros fueron liberados.

Reivindicamos ésta y todas las luchas en la que los vecinos y compañeros no se resignan a la falta de cumplimiento de sus derechos, y se organizan para resistir y defender su dignidad, EL PROBLEMA HABITACIONAL, EL HAMBRE Y LA DESOCUPACIÓN NO SE RESUELVE CON REPRESIÓN, por lo tanto, EL ÚNICO CAMINO SIGUE SIENDO LA LUCHA Y LA ORGANIZACIÓN.

Movimiento Teresa Rodríguez, Liberación Mar del Plata, Frente Antirrepresivo MDP, Fogoneros - Argentina

más info y fotos: http://www.antirrepresivomdp.blogspot.com/