El Bolsón (ANPP).- La Confederación Indígena Neuquina denunció ante las Naciones Unidas la violación de los derechos sobre la tierra de los pueblos originarios por parte del estado neuquino, así como el hostigamiento que sufren por parte de las fuerzas represivas.
La carta, que está dirigida a James Anaya, relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas (ONU), explica sobre “el desconocimiento sistemático por parte de los jueces, de las normas de derechos humanos protectoras de los pueblos indígenas”, que concluye en “desalojos compulsivos de las tierras y territorios y criminalización del ejercicio de los derechos”.
En Neuquén, denunciaron los mapuches, los jueces continúan expidiendo órdenes de desalojo, incluso sin previo anoticiamiento, contra comunidades asentadas en territorios poseídos tradicionalmente.
Las comunidades que se resisten a ser despojados de su tierra reciben como respuesta “la persecución criminal y el procesamiento”.
“Con mínimas excepciones, en Neuquén la gran mayoría de los tribunales no reconoce el derecho a la propiedad y posesión de las tierras y territorios tradicionalmente ocupados.”
La Confederación Indígena Neuquina declaró que la situación “se ha agravado de modo notable en el último mes”, y tomando un caso concreto mencionó la represión sufrida por la Comunidad Mapuche Currumil, asentada en la zona cordillerana de Quillén, Departamento Aluminé, al oeste de la provincia Neuquén.
Una fuerza policial de más de 100 efectivos, “de modo violento, ha intentado quitar a sus animales de un campo que utiliza tradicionalmente durante los inviernos y que ha sido apropiado por un hacendado con la complicidad del Estado”.
El desalojo se realizó en virtud de una orden judicial expedida, “sin que la comunidad fuera parte en el proceso de decisión, por la jueza en lo civil de la ciudad de Zapala, Ivonne San Martín”.
“La misma jueza ha utilizado el procedimiento de ordenar desalojos sin previa audiencia a las comunidades en otros tres casos –agregaron-, y similar procedimiento ha sido llevado a cabo por las juezas de la ciudad de Cutral Co Nancy Vielma y Graciela Blanco quienes, sin ningún proceso de consulta o previa notificación ordenaron a la policía provincial que custodie a una empresa petrolera para que ésta pueda realizar tareas de exploración en el territorio de la Comunidad Huenctru Trewel Leufu.”
Tanto las normas de derecho internacional sobre derechos de los Pueblos Indígenas como las del derecho (por ejemplo, la ley nacional 26.160, que suspende todos los desalojos), aseveraron los mapuhes, fueron omitidas por la Justicia neuquina..
Aportando un dato más al cuadro de discriminación puesto a la luz, informaron que, a diferencia de la celeridad con que son resueltas las peticiones de las empresas petroleras, los hacendados o el Estado, los juicios iniciados por la Confederación Mapuche o por las comunidades “llevan varios años de tramitación habiéndose vencido todos los plazos legales para que sean resueltos”.
La carta cierra con un pedido de intervención sobre el estado argentino para que cumpla con sus leyes y los acuerdos internacionales suscriptos y que tienen carecer constitucional.
Fuente: Indymedia.
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